La desconocida denuncia de Carolina Arredondo contra Carabineros y el lío judicial que mantiene con Providencia

Ni en su cuenta de Twitter, ni de Instagram, la ahora ministra de las Culturas, Carolina Arredondo (Ind.-PPD), mantiene alguna referencia al estallido social. No hay fotos ni textos que recuerden su participación en las movilizaciones o protestas que sucedieron en el país, entre el 18 de octubre del 2021 y entrado el 2020. Sin embargo, en los cuadernos judiciales sí hay una mención a esa época en que la actriz empujó una investigación en contra de Carabineros.

Fue cuando se cumplió un año del estallido social, en octubre del 2020, que la actriz denunció dos hechos que significaron que la Fiscalía Oriente indagara por seis meses a efectivos de la policía uniformada.

El primer antecedente tuvo que ver con la presencia de un auto en las afueras del edificio en el que vive, en Providencia. Según acusó en el Ministerio Público, en el vehículo había un hombre que estuvo cuatro horas en actitud “sospechosa” el que, según pudo verificar con sus vecinos, se trataba de un carabinero.

De acuerdo a la información que recabó la Fiscalía con la denunciante, Arredondo hizo mención de que era un funcionario policial quien se había estacionado fuera de su edificio, a partir de lo que le señalaron otras personas. Esto, además, coincidió con que el 24 de ese mes, “desconocidos” ingresaron a su departamento sin robar nada.

Por esos días la PDI recibió el siguiente reporte: “Respecto a procedimiento de actriz Carolina Arredondo Marzán, la cual acudió personalmente a Bicrim Providencia a cursar denuncia por violación de morada en su departamento (...) donde desconocidos ingresaron al interior sin utilizar fuerza, no logrando sustraer especies. En este momento carro de la misma unidad, toma procedimiento y primeras diligencias en el lugar, solicitando peritos desde el sitio del suceso”, se advierte en el mensaje reenviado a distintas unidades y mandos.

De esta manera y para conocer la eventual responsabilidad de Carabineros en el caso es que el ente persecutor comenzó la indagatoria, donde rápidamente se fueron esclareciendo los hechos.

Sobre la presencia de un carabinero por cuatro horas fuera de su edificio, se logró establecer que se trataba de un efectivo del OS-7 de la policía uniformada. La indagatoria -que significó interrogatorios y diligencias en la policía uniformada- arrojó que el efectivo se encontraba realizando un “trabajo de campo” en medio de marchas convocadas por el aniversario del estallido social.

Sobre la “violación de morada” en su departamento, la Fiscalía no pudo determinar quién ingresó al inmueble, ni menos las motivaciones para eso. Tampoco se pudo levantar evidencia que lograra identificar a los responsables.

Finalmente, el Ministerio Público terminó archivando la causa en abril del 2021.

Consultada la ministra, a través del equipo de comunicaciones del Ministerio de las Culturas, sobre el caso, hasta el cierre de esta edición aún no remitían una respuesta.

Desde que asumió en Culturas, Arredondo ha sido objeto de críticas, especialmente desde la oposición por su supuesta “inexperiencia” para asumir el cargo. En redes sociales, cuentas anónimas, la han atacado por su rol como actriz, lo que motivó una respuesta en su defensa de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

La actriz, sin embargo, no sólo se ha dedicado a la actuación, sino que también a la dirección de obras de teatro y la gestión cultural, a través de su empresa. “Mi teléfono está disponible para que me consulten en torno a mi trayectoria”, dijo el miércoles 16 de agosto, ante las críticas.

En agosto del 2018, ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) se conformó la empresa “Arredondo y Guzmán Limitada”, la cual está dirigida por la nueva ministra de las Culturas. En ese entonces, el giro de la compañía, aparte de “consultorías de gestión”, también registra actividades tributarias de “recuperación y reciclamiento de otros desperdicios y desechos”.

Tras su formación, el primer contrato público que alcanzó la empresa de la ahora autoridad de gobierno fue con la Municipalidad de Romeral, para el tratamiento de residuos electrónicos. Desde entonces, “Arredondo y Guzmán Limitada” se adjudicó otros siete contratos con el Estado con la Municipalidad de Providencia, Valdivia, Temuco y el Gobierno Regional de Antofagasta.

Fue con la administración municipal de la alcaldesa Evelyn Matthei que la empresa de la ministra tuvo un conflicto judicial. Y es que la compañía se adjudicó en diciembre del 2019 el contrato de “Capacitación para edificios residenciales participantes del servicio Mi Barrio Recicla” por el cual se le pagó $ 30 millones.

La iniciativa de Providencia, adjudicada a la empresa, buscaba la prestación del servicio de capacitación de más de 2.145 edificios en reciclaje. Sin embargo, la empresa en julio de 2020 demandó a la municipalidad, acusando que esta “modificó unilateralmente las condiciones contractuales bajo las cuales mi parte debía prestar el servicio”, solicitando que en vez de que fuera por edificio se hicieran eventos más grandes. A lo que se sumó que posteriormente la repartición habría intentado terminar el contrato de “mutuo acuerdo”, algo que la empresa reclama que nunca existió.

“Arredondo y Guzmán Limitada” solicitó en la demanda que la Municipalidad de Providencia los indemnice por los gastos en los que incurrió la empresa en la adquisición de los insumos y materiales para la ejecución del contrato pese a las modificaciones que realizó el municipio.

En la misma causa, Providencia respondió y aseguró que los cambios en el contrato se hicieron por la “necesidad de capacitar a la mayor cantidad de residentes de edificios de la comuna, en el entendido que durante los meses de enero y febrero la cantidad de vecinos que aprovecha la época estival”.

A lo anterior, también sumaron que las capacitaciones, en aquel entonces, coincidieron con el inicio de la pandemia por lo que se hacía imposible ejecutar el contrato. Providencia denuncia que la empresa presentó costos asociados a una productora de eventos, pasajes de avión y sueldos de los representantes legales de la firma, además de la compra de una moto. “Sin duda que es una situación bastante irregular y que será probada por esta parte en la etapa procesal correspondiente”, señala el texto.

Este jueves, la alcaldesa Matthei se refirió al tema y aseguró que “ella nos pidió que se le reembolsaran ciertos gastos que había hecho, supuestamente con cargo al convenio que nosotros habíamos hecho con ella, al contrato, pero entre ellos había la compra de una moto y uno se pregunta ¿Qué tiene que ver la compra de una moto con la educación en materia de reciclaje? Y, por lo tanto, nosotros le rechazamos ese gasto”.

A lo que agregó: “Eso es lo que se está peleando en los tribunales. Nosotros no hemos pagado y no queremos pagar. No nos parece que haya que pagar”

Desde el entorno de la ministra advierten que hace un año y medio ella ya no forma parte de la firma, pero que dicho contrato fue cerrado unilateral y anticipadamente por Providencia por fuerza mayor, algo habitual en el contexto de pandemia por Covid-19, y la demanda se realiza por el “desacuerdo” por los montos adeudados a la fecha al término del contrato.

La causa aún permanece en los tribunales civiles, y la municipalidad señaló que está dispuesta sólo a pagarle poco más de $ 2.294.000 a la empresa por los gastos asociados.

A casi 24 horas de asumir, la ministra Arredondo también trabaja en su declaración de Intereses y Patrimonio, conforme a la Ley 20.880, para lo cual tiene un plazo final de 30 días. Independiente de este plazo -comentan desde su círculo de trabajo- se está trabajando para realizar esta declaración con la mayor celeridad posible, pero también se está poniendo fin a todas sus actividades privadas.