La desconocida querella del CDE contra funcionarios del SLEP Colchagua que aún reciben millonarios sueldos

El miércoles 21 de febrero de 2024 las oficinas del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Colchagua, que desde 2020 administra la educación de las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Nancagua y Placilla en la Región de O’Higgins, fueron allanadas por funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una pesquisa del Ministerio Público por presuntos desvíos y mala utilización de dineros de la educación pública.

En ese momento el caso sirvió de ejemplo para quienes buscan ponerle freno a la desmunicipalización escolar, argumentando que se deben corregir este tipo de situaciones antes de continuar con el proceso.

Ese 21 de febrero, además, se allanaron domicilios particulares de los funcionarios del SLEP que eran motivo de la investigación que lleva la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O’Higgins luego de que Contraloría revelara irregularidades, como pagos de indemnizaciones a profesores y asistentes de la educación por más de 2 mil 200 millones de pesos con dineros de otras fuentes de financiamiento.

Con la investigación ya avanzada y sumarios administrativos en curso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal el 25 de julio del año pasado por delitos de fraude al fisco de la que hasta aquí poco se había sabido y que apunta concretamente a Leonardo Fuentes, director ejecutivo (suspendido) del SLEP; Vanessa Valenzuela, jefa de gabinete; Carlos Poblete, subdirector de Finanzas; María Lucy Gutiérrez, encargada de Finanzas; y Paola Jiménez, encargada de Gestión de Personas.

“Más allá de las distintas formas comisivas que puede adoptar este ilícito, respecto del director del Servicio Local de Educación Leonardo Fuentes Román, esta parte querellante estima que se verifica fraude al fisco por medio de una “Administración Desleal” de los fondos públicos”, se lee en la querella del CDE, la que suma que “en este el caso existe claramente una infracción dolosa de los deberes funcionarios de parte de los querellados, quienes conscientemente infringieron su deber para cautelar la legalidad del gasto, utilizando fondos públicos que debían retornarse a las arcas fiscales, provocando con ello un perjuicio fiscal avaluado en $ 2.253.760.642″.

El tema es que a pesar de la querella en cuestión y de que hay abiertos sumarios administrativos, tres de los cuatro funcionarios siguen percibiendo sueldo de parte del SLEP, y un cuarto se trasladó al SLEP Llanquihue.

En diciembre, y según se puede apreciar en el portal de Transparencia Activa de dichos servicios, Fuentes percibió un sueldo bruto de $ 4.533.129, mientras que Gutiérrez hizo lo propio por un monto de $ 5.600.132. Jiménez, en tanto, percibió $ 5.341.798. Mientras, Valenzuela figura como parte del personal a contrata del SLEP Llanquihue, con el cargo de profesional en el área de Planificación y Control de Gestión, recibiendo en diciembre $ 3.682.225.

Consultados por los funcionarios que perciben sus salarios a pesar de las acciones administrativas y judiciales, desde la Dirección de Educación Pública (DEP), que tiene a su cargo los SLEP, dicen que “los funcionarios del SLEP Colchagua que se encuentran sometidos a procesos disciplinarios o bajo investigaciones penales, pueden seguir percibiendo su remuneración en la medida que no estén inhabilitados para aquello. Mientras se desarrollan estos procedimientos y no exista una resolución respecto a lo anterior, prima el principio de presunción de inocencia”.

Respecto al procedimiento de remoción del director ejecutivo, añaden, “es del caso señalar que, desde la Dirección de Educación Pública se remitió el expediente de dicha investigación al Ministerio de Educación, entidad que se encuentra revisando los antecedentes, de acuerdo al trámite ordinario de estos procesos”.