La desesperada carrera de dos niñas chilenas para que no las separen de su madre expulsada del país

Astrid habla pausado y casi sin el acento peruano con el que llegó a Chile hace 12 años. Dice que está cansada y asustada, pero que tiene esperanza en las últimas fichas que se jugó para que no la separen de sus hijas chilenas de 13 y 7 años.

Desde 2016, Astrid figura en la nómina de extranjeros con orden de expulsión de Chile debido a una condena de tres años y 1 día que  ya pagó con firma mensual por una violación a la ley 20.000 (drogas). Un episodio en el que la involucró su padre en una fatídica visita que hizo a Chile en lo que parecía ser un esfuerzo de reconciliación tardía, pero que resultó ser parte de un negocio de internación de drogas.

Después de enfrentar su condena, Astrid y sus hijas J.E y J.I apostaron por Valdivia. Habían estado antes en el sur, pero tras la separación del padre de la menor de las niñas, la ciudad pareció la mejor opción para emprender un negocio de terapias naturales con su hermana mayor.

Pero en la misma semana en que se instalaron en la ciudad, Astrid fue notificada de su orden de expulsión. Ahí comenzó una desesperada carrera para evitar que la separen de las niñas.

Una carrera que por ahora está perdiendo y que tiene su última posibilidad en un recurso de amparo que la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado interpuso en representación de las niñas y que apunta a la arbitrariedad de la medida,  al daño sicológico al que se expone a las menores al ser separadas por la fuerza de su principal soporte familiar y la vulneración de tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

El amparo presentado por las abogadas Macarena Rodríguez, Marcel Didier y Francisco Jara en representación de la Clínica Jurídica de la UAH y a nombre de las niñas, fue visto ayer por la Corte de Apelaciones de Santiago y no tuvo éxito. La última posibilidad es la Corte Suprema, que antes rechazó también un amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública de Valdivia a través del abogado Luis Soto.

Con la asesoría de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría y de la Clínica de la UAH la familia ha hecho todo por convencer a la autoridades del descalabro que implica la separación. Astrid apela a su  intachable conducta anterior, que hoy tiene un trabajo estable y reconocido en la ciudad, y que hijas hoy son alumnas destacadas e insertadas en la comunidad valdiviana.

"Al decretar la expulsión de doña Astrid se contraviene la obligación que tienen el Estado de mantener a los niños junto a sus padres, pues, alejaría de su figura materna a las amparadas, las menores J.E.P.V. y J.I.A.V., afectando su desarrollo personal en tan delicadas edades, privándolos de tener una relación regular y directa con su madre, que es con quien siempre han vivido y quien además, tiene el cuidado personal de las amparadas, sin ni siquiera considerar el interés superior del niño", dice el amparo que ayer la Corte de Apelaciones desestimó.

La familia de Astrid proviene de la selva peruana. Luego se estableció en Lima hasta que sus padres se separaron. Entonces ella y su hermana mayor siguieron a su madre cuando partió a buscar trabajo a Argentina, intentando terminar todo vínculo con el padre de ambas.

En Buenos Aires las hermanas iniciaron sus estudios en enfermería, reiki y terapias naturales que fueron la base del trabajo que emprendieron años más tarde en Valdivia.

La crisis económica argentina las movió hacia Chile. Astrid, ya con una hija, llegó a la Comuna de San Ramón y través de la iglesia mormona consiguió trabajo en la Municipalidad de Providencia como encuestadora. Luego como vendedora en el Club de Campo Las Vizcachas y más tarde en Vodafone, que al cerrar operaciones la indemnizó y con eso se abrió la posibilidad de emprender con su hermana.

El terremoto familiar llegó cuando su padre retomó contacto y anunció visita a Chile. En medio de una crisis personal y ante su inminente separación, las conversaciones con su padre por teléfono se hicieron habituales. Fue un apoyo emocional y un permanente impulsor de que se independizara económicamente. Y fue en ese contexto que le propuso instalar en Santiago un negocio de venta de semillas y aceites naturales.

Para levantar el negocio, el padre de Astrid hizo al menos tres visitas a Chile. En esa ocasiones se quedaba en el departamento que ella entonces ocupaba con su pareja y sus hijas en Santiago.

Fue en una de esas visitas cuando el padre de Astrid le confiesa que por única vez se involucrará en un operativo de internación de drogas con la ayuda del hermano de un amigo en Perú de nacionalidad colombiana, a quien le presentó con el nombre falso de Carlos. "Yo lo escuché y acepté,  ese fue mi error y por eso pagué", dice ella en el teléfono.

Entonces Astrid no sabía que las autoridades seguían los pasos de su padre desde que llegó de Perú. Y lo tomaron detenido cuando intentó hacer un traspaso de dinero en el terminal de buses por un decomiso que entonces fue cifrado en 59 kilos de clorhidrato de cocaína.

"Como mi papá se quedaba conmigo, la policía me tenía fotografiada. Y tenían una conversación grabada de cuando fui a la iglesia y ese hombre me llamó preguntando por él", recuerda Astrid.

El asunto derivó en siete meses de prisión preventiva, y una condena de tres años y un día, además del pago de 20 UTM. Su padre optó por la expulsión y regresó a Lima donde, según Astrid, tiene un buen pasar. Ella quedó con los papeles manchados.

Astrid dice que su hija menor no tiene conciencia de que estos podrían ser sus últimos meses juntas. El padre de la niña, quien tiene otra pareja, le ha dicho que ella no saldrá del país, y que en caso de que se concrete la expulsión él se quedará con ella.

Con su hija mayor sí habla de la expulsión. "A ella le he podido explicar todo lo que pasó, en qué me equivoqué. Es consciente de lo que sucedió y por eso le he pedido perdón", dice Astrid, asegurando que todavía confía en un vuelco inesperado que le permita seguir en Valdivia, con sus hijas y con su vida.

Tomás Pascual, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, considera que los fallos adversos en la Corte de Apelaciones apuntan a que el tribunal está haciendo un control de legalidad de la medida de expulsión, pero sin entrar al análisis de fondo del caso.

"Si uno analiza los hechos en el caso de Astrid, se da cuenta que la participación que tuvo en este hecho delictivo fue muy menor. Y eso se condice con la pena remitida que recibió ella", argumenta.

Pascual sostiene que si bien la autoridad tiene las facultades legales para decretar la expulsión del país de los extranjeros, la autoridad debe  hacer un análisis caso a caso. "Hoy la autoridad administrativa -que ha hecho operativos con publicidad para expulsar- dice que hace ese análisis por caso, pero la verdad es que creemos que no. Se ejerce una facultad, pero debe haber un ejercicio de ponderación particular. Más aun cuando hay niñas chilenas que van a ser despojarlas de su madre", afirma.

Pascual cree que si la Corte Suprema niega a Astrid la posibilidad de seguir en Chile con sus hijas, solo resta tocar la puerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.