La división y dudas que genera en la oposición la acusación constitucional contra la jueza Donoso

Distintas reuniones sostendrán, por separado, este lunes las bancadas de la oposición. ¿Uno de los principales objetivos? Analizar la postura que adoptarán ante la acusación constitucional que impulsa RN y Evópoli -la que se presentaría este jueves- en contra de la jueza Silvana Donoso, quien lideró la comisión que otorgó en 2016 la libertad condicional a Hugo Bustamente. El hombre de 55 años fue formalizado esta mañana como autor de los delitos de femicidio, violación e inhumación ilegal contra la hija de su pareja, Ámbar Cornejo (16), luego de quedar libre antes de cumplir su condena pese a haber cometido, diez años antes, un doble homicidio.

La ofensiva liderada por la derecha tomó por sorpresa al sector, desde donde si bien se han manifestado “abiertos” a analizar en su mérito los antecedentes del libelo, también han manifestado dudas respecto de que una acción de esa naturaleza esté bien dirigida y permita dar solución a los problemas asociados al otorgamiento de ese beneficio.

Y la principal inquietud que se ha instalado en el sector es política. Tanto en las bancadas del PPD como en el PS y el Frente Amplio advierten que la derecha ha intentado “aprovechar” la oportunidad ante un caso que ha remecido al país, pese a que fueron parlamentarios de Chile Vamos quienes se opusieron a establecer requisitos más gravosos en 2018, cuando se reactivó en el Congreso la ley de libertades condicionales, normativa que terminó estableciendo que era un beneficio y no un derecho.

De hecho, recuerdan las mismas fuentes, fueron diputados -entre ellos Andrés Longton (RN), principal impulsor de la acusación- quienes llevaron al Tribunal Constitucional el artículo 3 bis de la iniciativa, donde se aumentaban los requisitos para acceder al beneficio de libertad condicional a condenados por delitos graves como los de lesa humanidad u homicidio. Ese requerimiento fue impulsado en ese momento por los entonces senadores y ahora ministros Víctor Pérez (Interior) y Andrés Allamand (Cancillería), mientras que el titular de Defensa, Mario Desbordes, también se sumó a la ofensiva.

Finalmente, el organismo acogió solo parte del requerimiento de los oficialistas, en esa oportunidad, eliminando el arrepentimiento del reo como uno de los requisitos a considerar para optar a la libertad condicional.

Es por todo eso, que en la oposición se toman con cautela la posibilidad de apoyar la acción. Otros elementos sobre la mesa, en tanto, son que será difícil sostener que el libelo se dirija solo contra Donoso y no contra el resto de los integrantes de la comisión que permitió la libertad de Bustamente. Asimismo, en el sector apuntan a que la acusación constitucional es una facultad de última ratio y, en este caso, no se agotaron las instancias previas como una interpelación a la autoridad política o la conformación de una comisión investigadora.

“Me parece una absoluta contradicción que la misma derecha, que se opuso a regular de manera más estricta las libertades condicionales aumentando los requisitos, ahora busquen de manera oportunista generar un punto político en torno al dolor nacional que ha generado el terrible caso de Ámbar. Más parece un volador de luces que una búsqueda sincera de justicia”, sostiene el jefe de los diputados PPD, Raúl Soto.

En la misma línea, su compañero de bancada, Ricardo Celis, asegura que “no tengo claro el sustento jurídico. Algunos dicen que se atuvieron a la ley, pero a mí me parece que, además del sentido común, debe estar claro el fondo de la condena. Yo creo que se necesita a lo menos una sesión especial o similar para aclarar bien dónde está la responsabilidad”.

En la bancada socialista, en tanto, el tema ha dividido a los diputados. Mientras algunos como el jefe del comité, Luis Rocafful o su par Marcelo Schilling, dicen estar abiertos a analizar el mérito del libelo, Leonardo Soto es sumamente crítico de la ofensiva oficialista.

“Le informé al diputado Longton que iba a mirar con apertura su idea de la acusación constitucional, pero necesito conocer qué es exactamente lo que se quiere hacer. Acá se ha centrado el asunto en la señora Donoso, pero esta fue una decisión de una comisión de cinco jueces, entonces no es llegar y decir estoy a favor o en contra”, sostiene Schilling.

Rocafull, en tanto, subraya que “este es un caso que no puede quedar en el limbo, tiene que aclararse” y agrega que “como bancada no nos cerramos a ninguna gestión y si amerita una acusación por supuesto que nos vamos a sumar. Tiene que haber una gestión que apunte a aclarar los hechos para ver las responsabilidades en este caso. El primer objetivo es determinar una responsabilidad y poder resolver a futuro para que no vuelvan a ocurrir”.

“En el asesinato de Ámbar Cornejo fracasó todo el sistema penitenciario y político. Falló en la errada decisión de los jueces de conceder la libertad a Hugo Bustamante; falló también el Presidente Piñera al dictar leyes que permitían salidas masivas de condenados para disminuir el hacinamiento; y falló el Ministro de Justicia al no implementar el nuevo sistema de control de condenados peligrosos en libertad que debió estar vigente en mayo del año pasado. Todos ellos tienen responsabilidad política en un sistema que demostró haber fracasado en proteger a Ámbar Cornejo, que quizás estaría viva si hubieran hecho algo distinto”, dice Soto. Y agrega: “La acusación constitucional contra la jueza parece entonces una salida fácil, propia del populismo penal y oportunismo político, que no se hace cargo de los problemas de fondo del sistema”.

El tema también ha sido mirado con distancia desde el Frente Amplio. En Revolución Democrática ya se ha conversado sobre el eventual libelo y, si bien no son partidarios de apoyar la acción en principio, desde la bancada de diputados sostienen que estarán a la espera de una mayor cantidad de antecedentes para evaluar su posición. Lo que tienen claro, no obstante, es que no firmarán el texto de la acusación.

“Es un error creer que el problema es de una jueza en particular. El problema que tenemos es el de un sistema judicial y un aparato estatal en general que no se acerca a esta problemática desde una perspectiva de género. Espero que el oficialismo busque dar mayor celeridad a proyectos como la ley vida libre de violencia, sin consentimiento es violación, ley justicia para Antonia y de educación sexual integral”, explicó la diputada Maite Orsini (RD).

En esa línea, la diputada Camila Rojas (Comunes) señaló que “la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso no soluciona ninguno de los problemas estructurales de violencia que sufren las niñas y las mujeres en nuestra sociedad, y lo que es peor, es una acción que desvía la atención de lo relevante y urgente”.

El tema aún no ha sido abordado por Convergencia Social y el Partido Comunista, quienes optaron por no adelantar una postura al ser consultados por La Tercera PM.

En la DC, en tanto, ya se han sumado algunos apoyos, pese a que aún no se discute al interior del comité. Uno de ellos es el jefe de bancada, Daniel Verdessi, quien aseguró que respaldará la iniciativa impulsada por Chile Vamos. “Como diputado del distrito 6, donde está Villa Alemana, he decidido apoyar la acusación contra la jueza Silvana Donoso, ya que en más de 500 oportunidades ha estado a favor de la libertad de reclusos con claros antecedentes peligrosos para la sociedad, incluso siendo en algunas ocasiones el voto minoritario (...). La jueza ha incumplido sus deberes y debe ser acusada constitucionalmente”, sostuvo, aludiendo al lugar donde se cometió el crimen en contra de la joven de 16 años.

Para presentar la acusación constitucional los parlamentarios oficialistas requieren de solo 10 firmas, mientras que para aprobar el libelo requerirán de los apoyos de la mayoría de los diputados presentes en la sala, es decir, 78 en caso de que participen los 155. Lograr esos respaldos no debería ser complejo ya que Chile Vamos cuenta con 72 votos en la Cámara Baja, sin embargo, en la centroizquierda aseguran que tanto la UDI como algunos parlamentarios de RN han manifestado, en privado, sus aprensiones.

En caso de que la acción prospere, será el Senado el que declare si la magistrada se apartó de sus deberes. De ser declarada culpable, Donoso sería destituida y no podría ejercer cargos públicos por el plazo de cinco años.