La estrategia Cooper: fiscal cita a declarar como imputadas a ministra Fernández y senadora Allende por fallida compra de la casa de expresidente
Mandatado por el fiscal regional Patricio Cooper, arribó a la capital esta semana el jefe de Focos de Coquimbo, Eduardo Yáñez. ¿El motivo? La realización de una serie de diligencias en el marco de la causa penal que se abrió por presunto fraude al Fisco en la fallida adquisición del gobierno de la casa de Salvador Allende. A la solicitud de antecedentes desarrollada la semana pasada en el Ministerio de Bienes Nacionales, se suma el interrogatorio de las militantes PS que se han visto complicadas por este caso. Este jueves y viernes se concretará la toma de ambas declaraciones, además de la exministra Marcela Sandoval la, hasta ahora, única caída por este conflicto político-judicial.
Una semana más que ajetreada tendrá la senadora socialista Isabel Allende. Y es que el Tribunal Constitucional (TC) revisará este jueves si acoge a trámite la petición de cese de su cargo como parlamentaria que pidió el Partido Republicano y Chile Vamos, tras su intervención en la fallida venta al gobierno de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. La transacción fue blanco de críticas, principalmente porque mientras sea congresista no puede celebrar contratos con el Estado y pese a que la compra ya no se realizará, debido a los cuestionamientos políticos que se alzaron, su situación en el Parlamento es compleja.
A la sesión en el TC, se sumará también su comparecencia ante el Ministerio Público en calidad de imputada. Y es que tanto Allende como su sobrina, la ministra de Defensa, Maya Fernández -tal y como pudo confirmar La Tercera-, fueron citadas en calidad de imputadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a quien la semana pasada lo designaron a cargo de esta investigación penal que surgió tras la querella presentada por el abogado Raimundo Palamara.
Las autoridades ya están notificadas de estas pesquisas que se desarrollarán en la Fiscalía Nacional. Este jueves 23 -durante la tarde-, será el turno de la titular de Defensa y al día siguiente, a primera hora, el de la senadora. Ambas cuentan con prerrogativas para ser interrogadas como establecer un domicilio, así como también en su calidad de imputadas podrían invocar su derecho a guardar silencio.
Para enfrentar los embates de esta causa criminal, ambas ficharon a la penalista Paula Vial.
Los pasos que sigue el MP
Ya desde la semana pasada se viene delineando la “estrategia Cooper” -según destacan en las policías-, y que comenzó con la decisión del persecutor de allanar el Ministerio de Bienes Nacionales.
Si bien no fue necesario una orden de entrada y registro por parte de un tribunal, ya que el nuevo ministro, Francisco Figueroa, dio la orden de colaboración total, la PDI y el fiscal jefe de Focos de Coquimbo, Eduardo Yáñez, estaban mandatados a recurrir a un juez de garantía si es que hubiera existido la negativa de las autoridades a dar acceso a toda la documentación y correos electrónicos vinculados a la fallida transacción.
La declaración de “la mujer fuerte de Segpres”
Fue el propio Yáñez quien esta semana se instaló en Santiago con el propósito de ir desarrollando todas las diligencias necesarias para esclarecer estos hechos. Fue así como este lunes a primera hora tomó declaración, aunque como testigo, a la jefa de División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, la abogada Francisca Moya.
Esta última es considerada una “mujer fuerte” al interior de esta repartición, y tiene especial conocimiento y responsabilidad de todos los decretos que firma el Presidente Gabriel Boric quien -en este proceso-, fue quien visó uno de los primeros trámites para la compra de la casa de Allende que tenía, como destino, la creación de un museo.
Sobre el conocimiento que tuvo el Jefe de Estado de esta compra habría declarado la profesional, quien se ha mantenido en este cargo por exclusiva confianza del Jefe de Estado y pese a los cambios de ministros que ha tenido esta cartera de Gobierno (Giorgio Jackson- Ana Lya Uriarte y Álvaro Elizalde).
Una de las principales interrogantes que despejarán estas pesquisas es si el Presidente supo que parte de las beneficiarias con esta adquisición de este inmueble por parte del Estado, era su ministra de Defensa y la senadora Allende y -por lo mismo-, si alguien advirtió sobre la prohibición que existía de la entrega de recursos públicos a ambas mientras ostentaran sus cargos públicos.
Otra de las autoridades que “tendrá que dar cara” ante la Fiscalía es la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval. Esta última, hasta el momento, es considerada la única “caída” de este caso, ya que Boric le solicitó a ella la renuncia tras estallar el caso.
Al igual que Allende y Fernández, declarará como imputada, aunque la fecha en su caso aún no está tan clara.
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