La “estrella fugaz de la izquierda chilena” en tribunales: las cinco claves que marcaron la formalización de Karina Oliva y exmilitantes de Comunes

A las 8.30 de la mañana de este miércoles Karina Oliva -junto a su abogado, Juan Carlos Manríquez- ingresó al Centro de Justicia de Santiago. ¿La razón? Que tras más de dos años de investigación la Fiscalía Metropolitana Sur le formalizó cargos -al igual que a otros 11 exmilitantes de Comunes- por el delito de fraude de subvenciones, luego de constatar graves inconsistencias en la rendición de gastos de la campaña a gobernadora regional de la denominada “estrella fugaz de la izquierda”.

Pero, pese a la serie de antecedentes que reunieron los fiscales Héctor Barros, Álex Cortés y Milibor Bugueño luego de concretar distintas pesquisas, ella se mantuvo firme en que no incurrió en hechos constitutivos de ilícitos. De hecho, aseguró que por primera vez en 24 meses podrá defenderse.

“No, por supuesto que no he cometido fraude”, comentó la otrora candidata a gobernadora y al Senado. Y luego agregó: “Esperamos poder demostrar nuestra inocencia. Ahora podemos ejercer nuestro derecho a defensa, que es lo más relevante. Por primera vez después de dos años voy a poder ejercer mi derecho a defensa”.

Como se desprende de su postura, además, estaría siendo víctima de una “persecución política”. “No lo puedo afirmar, pero tampoco lo puedo descartar”, sostuvo Oliva entre risas.

Aunque la audiencia culminó con Karina Oliva saliendo sonriente del edificio ubicado en calle Pedro Montt, la jornada no estuvo exenta de contratiempos para los puntos que su defensa quería plantear. Esto, porque recién 20 minutos después de la hora en que estaba fijada la audiencia el juez Mario Cayul dio inicio a la misma.

Por lo mismo, sentada en la última fila de la sala, a la otrora candidata le tocó aguardar.

“¿Hay incidentes previos?”, consultó el magistrado antes de darle la palabra al fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, dando pase para que el defensor penal público, quien representaba a José Robledo, tomara la palabra y pidiera suspender. Como explicó, recién había sido notificado respecto de la representación del expulsado militante de Comunes, por lo que no había tenido total acceso a los antecedentes.

En esa línea, el profesional solicitó suspender la audiencia de formalización, reprogramarla para otro día y así tener tiempo para poder leer todos los documentos que apuntan contra su representado. “Son 38 tomos, magistrado”, señaló.

La respuesta, en todo caso, fue tajante: “No ha lugar”.

Durante esta etapa de la audiencia, además, el juez Cayul también detalló que no se presentó a la audiencia el imputado Jean Flores Quintana, exencargado del diseño y planificación del despliegue territorial de la campaña de Oliva en el Distrito 8, y quien actualmente se suma como blanco investigado por la Fiscalía.

Previo a esta formalización y a mediados de año -según fuentes de La Tercera- el Ministerio Público ya tenía determinada la manera en la que presuntamente Oliva y compañía habrían llevado adelante el delito de fraude de subvenciones en el marco de las rendiciones de gastos electorales de su campaña. Y así se detalló durante la audiencia.

Así, se explicó que a través de las pesquisas realizadas por el OS-7 de Carabineros se logró determinar que los imputados utilizaron la Fundación Chile Movilizado -ligada al Partido Comunes- como una “fachada” o “fundación de papel” para triangular dineros que supuestamente habrían utilizado en la campaña de 2021.

En ese sentido, se destacó que se emitieron tres facturas por un total de $120 millones, que equivalen al pago de un análisis y estudio encargado a la ONG oficialista, pero que en realidad correspondían a la copia de un informe de la encuestadora Criteria.

Si bien en esa arista los investigados son Miranda, Ramírez, Ríos y Oliva, el resto de los formalizados están vinculados a la emisión de boletas para la campaña de la candidata, por servicios que en realidad nunca se habrían prestado, pero sí declarados ante el Servel como supuestos gastos.

Además de aquello, días antes de que la Fiscalía presentara la solicitud de formalización de Oliva y los otros 11 implicados, el Servicio Electoral ingresó una nueva denuncia por gastos no acreditados por $142.686.823 entre 2020 y 2021 por el Partido Comunes. Y este lunes, junto con ello, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también determinó querellarse.

De acuerdo con lo expuesto por este último organismo, durante la primera y segunda vuelta este grupo realizó una serie de rendiciones de gastos de campaña que dan cuenta de “maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales” con el fin de que el Servel realizara devoluciones que no correspondían.

En ese sentido, el CDE fijó en $293.093.681 el monto en que se defraudó al Estado por las operaciones declaradas. A eso la institución suma otros $110.000.000 que habrían intentado defraudar en la operación electoral.

El primero en dejar la sala 101 del edificio C del Centro de Justicia fue Jorge Ramírez, quien aseguró que se le acusa “de una cuestión que es imposible, se dice que yo con dos o tres personas más definíamos las candidatas”.

Luego fue el turno Karina Oliva, quien insistió en que durante estos 100 días de investigación “vamos a poder demostrar que cada una de las cosas que se nos han querido imputar no son ciertas, que son algunas imprecisas, que otras hay de manera clara confusiones en roles incluso, pero eso va a ser materia de todo este proceso, dando a conocer no solo al fiscal sino que también a la opinión pública”.

Además de eso, la otrora figura del Frente Amplio agregó -respecto a las imputaciones- que “todos los que tenían un cargo tienen responsabilidad en sus actos, no se los pueden imputar a otros. Yo no tengo responsabilidad ni en la nómina de candidatos ni en otros elementos. Todo lo que dijo el juez nosotros nos allanamos para de aquí en adelante mostrar toda nuestra inocencia”.

En esa línea, respecto a una supuesta persecución política, la excandidata aseguró que “muchas veces me lo he preguntado porque no entiendo por qué , y espero que al final de los 100 días de investigación también se sepa cuál fue la intención de allanar la sede del partido en que yo era militante, que fue 48 horas antes de la elección a senadora, que nunca había ocurrido en democracia”.

A raíz de la serie de antecedentes expuestos y considerando las penas asignadas a los delitos, el fiscal solicitó medidas cautelares diferenciadas para los imputados.

En primer término, se solicitó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Oliva, Ramírez y Ríos, lo que fue aceptado por el tribunal. De esta forma, estos tres imputados quedaron imposibilitados de salir de sus respectivos domicilios entre las 20.00 y 8.00 horas y sujetos a control estricto de Carabineros.

Para Juan Pablo Sanhueza, José Robredo, Marcelo Riffo, David Castillo, Luis Romero y Ailine Ramírez, en tanto, se estableció que deberán cumplir con firma mensual en la 1° Comisaría de Carabineros de Santiago. Y para Diego Ignacio Corvalán Pérez, no se impusieron cautelares, considerando su colaboración con la investigación.

La discusión más sustancial, en todo caso, se dio respecto de la medida que debía pesar sobre Martín Miranda, puesto que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva a su respecto, considerándolo un peligro para la seguridad de la sociedad.

Pese a ello, el juez descartó aquello y determinó someterlo a arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual. “A lo menos, ha tenido un comportamiento que no es desleal con la persecución penal (...) Por tanto, se rechaza imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Su libertad no es peligrosa y otras cautelares son suficientes para mantenerlo vinculado a los actos del procedimiento y evitar su fuga”, sostuvo el magistrado.

Dio pie, de esta forma, a que Miranda pudiese respirar aliviado y “celebrar” con Jorge Ramírez y José Robredo, que lo esperaban a la salida del edificio. Entre lágrimas y abrazos festejaron haber quedado en libertad.

“Creemos que la prisión preventiva era desproporcionada. Con los antecedentes que tiene la Fiscalía respecto a estos delitos no la podían justificar. Estamos muy conformes con la medida que se ha decretado”, comentó al respecto su abogado, Ramón Sepúlveda.

No solo Karina Oliva, Jorge Ramírez y Martín Miranda ingresaron hasta la sala C 101 del Centro de Justicia. Y es que también hicieron lo propio Camila Ríos Puebla, José Robredo Hormazábal, Diego Corvalán Pérez, Juan Pablo Sanhueza Tortella, David Castillo Palma, Marcelo Riffo Sáez y Luis Romero Golzio. ¿Quiénes son estas personas y qué rol tienen en la causa?

En el caso de Ramírez, durante la época que investiga el Ministerio Público se desempeñaba como presidente de Comunes y, según testimonios recopilados, también estaba al tanto de las transacciones. Según esas mismas declaraciones, quien también es la expareja de la otrora candidata a gobernadora, llamó la atención del resto de los militantes por lo “oscuro” de sus gestiones durante la campaña. “Fue muy preocupante observar su liderazgo, porque, a mi juicio, es peligroso y sesgado”, dijo al ser consultado por su trabajo Francisca Keller Ávila, experta en innovación y comunicación política.

También figura en el listado de los formalizados Martín Miranda, quien se desempeñaba como administrador electoral de la campaña. En ese sentido, era el encargado de realizar la rendición de los gastos, por lo mismo junto con fraude de subvenciones, también se le formalizará por infracción al artículo 31 de la Ley de Gasto Electoral, por haber presentado antecedentes falsos en su rol de administrador electoral. Antecedentes que complican su escenario judicial.

A ellos también se suma la hija de Ramírez, Ailine Ramírez, quien emitió boletas por supuestamente haber realizado labores como monitora de despliegue territorial y brigadista para la campaña de Oliva. Camila Ríos Puebla, por su parte, era la secretaria ejecutiva de Comunes y, según declaraciones recopiladas por el fiscal Bugueño, habría solicitado la emisión de boletas a terceros.

Uno de estos casos es el de Diego Corvalán Pérez, quien aparece identificado en este caso como jefe del equipo electoral del Partido Comunes. De acuerdo con las pesquisas, por ese trabajo recibió $10 millones. Mismo caso que el de Juan Pablo Sanhueza Tortella, vicepresidente de Chile Movilizado e identificado como otro de los boleteros al emitir una boleta a la candidata por $5.000.000, por su trabajo como “encargado territorial Distrito N° 9 Campaña Karina Oliva por Pagar”. A quien se suma por las mismas circunstancias David Castillo Palma, presidente de Chile Movilizado, que también emitió una boleta para la candidatura.

En la misma condición también está Marcelo Riffo Sáez, quien rindió más de 12 servicios, entre boletas y facturas. Por $20 millones también figura entre los boleteros José Robredo Hormazábal, que operó como jefe, coordinador y asesor comunicacional de Karina Oliva. Finalmente, también está Luis Romero Golzio, quien como supuesto encargado territorial emitió boletas por $10 millones.

Aunque no llegó a la audiencia -por no haber sido notificado-, Jean Flores Quintana se suma como imputado tras haberse desempeñado como encargado del diseño y planificación del despliegue territorial de la campaña de Oliva en el Distrito 8, por lo cual cobró $8 millones.