La evaluación de Jorge Correa Sutil al primer borrador de la Convención: “Este texto pone en riesgo la democracia”

El abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil -adherente de Amarillos por Chile- no esconde su mirada crítica al proceso constituyente y al primer borrador que entregó la Convención. Para el plebiscito de octubre de 2020 votó Apruebo y no se arrepiente. Incluso compitió para ser convencional por el distrito 6 (V Región): casi fue electo, pero la corrección por paridad lo dejó definitivamente fuera de la nómina.

Sin embargo, hasta el momento, está convencido de que las normas permanentes que aprobó el pleno por 2/3 y que ahora pasarán por la comisión de Armonización, Preámbulo y de Transitorias tienen deficiencias que provocarán problemas políticos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

En conversación con La Tercera PM aborda lo que, a su juicio, implicaría un riesgo para la democracia, ya que, dice él, los convencionales terminaron transformando gran parte del texto constitucional en una simple ley de quórum ordinario.

¿Cuál es su evaluación del primer borrador que entregó la Convención el sábado?

Después de la votación del viernes en la noche me parece que este texto pone en riesgo la democracia, traba el crecimiento, hace improbable el buen gobierno y debilita la capacidad del Estado para enfrentar la violencia.

¿Por qué dice que se pone en riesgo la democracia?

Ese viernes se cayó la norma que establecía la manera de reformar la Constitución y, por lo tanto, esto termina en un parto de los montes. Tres cuartas partes de esta extensa Constitución, más o menos 350 de los casi 500 artículos, son una ley simple porque pueden ser reformados como una ley simple. En la medida en que una ley contradiga a la Constitución la va a estar reformando, porque la Constitución se puede modificar en los mismos términos que una ley, salvo aquellas que alteren sustancialmente el régimen político, el periodo presidencial, el diseño del Congreso y su duración, la forma de Estado regional, los principios y derechos fundamentales y el capítulo sobre reforma constitucional. Solo esos temas quedan blindados como propiamente debe ser en una Constitución porque se aprueban como una ley, pero deben ir a un referéndum a menos que sea aprobada por 2/3. Todo el resto del texto constitucional es, en lo sustantivo, una ley y se puede modificar igual que una ley. O sea todo el costo que hemos hecho de este largo proceso nos lleva a a terminar con muy pocas normas constitucionales y el resto van a ser normas legales.

Pero ¿por qué se pondría en riesgo la democracia con este punto sobre reforma constitucional?

Porque aspectos como la regulación jurídica de la Contraloría o del Poder Judicial, o sea de los órganos que controlan al poder político, quedan entregados a una simple ley, es decir, a una mayoría simple en ejercicio de ambas cámaras del Congreso. La independencia del Poder Judicial, la independencia de la Contraloría pueden ser reformadas por una mayoría simple en ambas cámaras del Parlamento. Eso es muy riesgoso para la democracia porque típicamente estos órganos de control se enfrentan al poder político. A mí al menos me parece que esto es una amenaza no menor al sistema democrático porque siempre va a haber algún conflicto entre el poder político y los órganos llamados a controlar ese poder político como son la Contraloría y el Poder Judicial. Lo mismo podría ocurrir con el Banco Central.

Entonces sería una Constitución que se podría ir haciendo todo los días en el Congreso.

Así es, es decir, con la misma facilidad o con la misma dificultad, si usted quiere, que una ley. Eso técnicamente deja de ser una Constitución. La Constitución es un texto jurídico que tiene supremacía, que está sobre la ley. Al estar sobre la ley es indispensable que tenga un proceso de formación y de reforma más alta, más difícil que el de una ley. Una Constitución que sea idéntica a una ley simplemente no es Constitución y eso pasa con buena parte de los capítulos de este texto.

Pasamos entonces de una Constitución vigente muy rígida y difícil de reformarse al caso contrario, de una muy flexible.

Claro, salvo por las disposiciones que son una excepción. Esas van a ser bastante más flexibles porque requieren solo de mayoría simple más plebiscito o dos tercios, pero yo diría que van a ser bastante más flexibles de lo que fue la Constitución del 80, pero las otras van a ser una ley.

¿Existe posibilidad de corregir ese vacío, el de la norma de 4/7 que se cayó en el pleno del viernes, ya sea en Armonización o con el Congreso actual en caso de que gane la opción Apruebo?

Con el Congreso actual, sí. Con la Convención hay dos respuestas posibles. Una es lo que debe pasar y no debiera haber un cambio sustantivo porque solo debieran haber correcciones de forma y propuestas de correcciones ahí donde haya contradicciones. Pero puede pasar. Si la comisión de Armonización hace una propuesta en esta materia y se lo aceptan los 2/3 de la Convención, eso es suficiente para que quede validado. Políticamente podría ser corregido, pero jurídicamente no debiese.

También comentó que debilita la capacidad del Estado para enfrentar la violencia. ¿Por qué cree eso?

Porque el texto propuesto no contempla el Estado de Emergencia ni tampoco el Estado de Sitio en caso de conmoción interior. Solo queda el Estado de Asamblea en caso de guerra interna y el Estado de Sitio en caso de lucha armada interna y el Estado de Catástrofe, que tiene que ver con los fenómenos naturales. Entonces se acaba la posibilidad del Estado y del jefe de Estado de controlar el orden público a través de Estados de Excepción. A mí me parece que hay una discusión legítima sobre la oportunidad de los estados de excepción, sobre la manera de controlarlos y fiscalizarlos, pero privar al Estado de este instrumento de los regímenes excepcionales es irresponsable, torpe y muy inconveniente. Creo que el Estado debe contar con estas atribuciones y por supuesto que podemos discutir sobre cómo se decretan, cómo controla el Congreso y cómo se fiscaliza, pero decirle al Estado que nunca podrá decretar este estado de excepción es completamente irresponsable.

El primer borrador quedó en 499 artículos. Solo tomando en cuenta esta métrica de la cantidad de normas, ¿le parece que es un texto muy detallista?

El problema central no es la extensión. Yo a esto lo llamé la Constitución obesa, porque trata materias que típicamente no corresponden a un texto constitucional. Yo creo que aquí hay un programa político. Está marcada la forma como deben conducirse las relaciones internacionales con preferencia de unos estados por sobre otros, se ha establecido que el Estado debe favorecer a las cooperativas. En fin, está lleno de orientaciones y propuestas que pueden coincidir con mis propias preferencias políticas, pero que a mí me parece que está mal. Un texto constitucional no debe evitar el pluralismo político que es consustancial a la democracia. Cayeron en el mismo error de la Constitución del 80, es decir, intentaron plasmar algo de una vez y para siempre, un proyecto político, y hacer imposible que este fuera modificado cualquiera fueran las mayorías cambiantes que nos gobiernen mañana. Yo creo que esa pretensión terminó por caerse en buena parte el viernes con la mayoría simple para reformar la Constitución.

¿Cómo ve los derechos sociales que llegaron a la propuesta de nueva Constitución? ¿De qué forma se hace que la simple declaración constitucional pase a ser un derecho efectivo?

Me parece muy bien que se haya destrabado al Estado para alcanzar y realizar los derechos sociales. El detalle con el que se regularon no me parece bien, el derecho a la educación y los otros tienen demasiado de programa político y yo creo que las circunstancias cambiantes van a hacer que eso quede inconveniente, que sea un traje demasiado chico para nuevas realidades. Pero sobre todo me parece que la eficacia de los derechos sociales depende de un buen gobierno y eso depende mucho más del régimen político que de la consagración constitucional de estos derechos. Hay que juzgar la capacidad futura de Chile de realizar estos derechos sociales mucho más por el régimen político instaurado que por la forma o las declaraciones que queden en el texto constitucional.

Eso nos lleva al sistema político. ¿Quedó conforme con la propuesta de un sistema presidencial con un Poder Legislativo con un Congreso y una Cámara asimétricas y con el poder en los diputados por sobre los representantes regionales?

Mi problema fundamental con el régimen político es que no hay una buena regulación de los partidos políticos. Si bien los independientes no quedaron con la misma jerarquía, lo que me parece muy bien, no hay una regulación de los partidos políticos que nos permita pensar que van a mejorar respecto de lo que tenemos hoy. El sistema electoral se deja enteramente a la ley, salvo algunas cuestiones muy generales como la paridad, las cuotas indígenas y la orientación de los criterios de proporcionalidad. Esto implica que las mayorías políticas van a poder establecer el sistema electoral. Como esa tarea va a quedar en manos de los incumbentes, típicamente ese sistema electoral va a favorecer a la mayoría que haya en la Cámara de Diputados. De esa manera vamos a tener un sistema electoral hecho a la medida, lo que no es bueno, y un sistema electoral que va a dificultar mucho la alternancia en el poder. Tampoco hay un porcentaje mínimo que deben sacar los candidatos para ser elegidos parlamentarios ni tampoco un porcentaje para que los partidos políticos puedan subsistir. Eso va a significar dispersión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de las Regiones. Una dispersión igual o mayor de la que conocemos hoy día. Con ello se hace muy difícil el buen gobierno, el cual necesita menos partidos políticos y esta Constitución nada ayuda a disminuirlos.

¿Y el sistema presidencial?

Creo que hay incentivos para el conflicto entre el Presidente de la República y el Congreso porque se le permite al Congreso iniciar proyectos de ley que no pueden prosperar sin la concurrencia del Presidente de la República. Eso va a significar que lo van a iniciar, alguna legislación clientelar o de otro tipo, y el Presidente se va a ver presionado a aceptar o a enfrentarse a la Cámara de Diputados. Eso me parece que es un error porque alienta el conflicto. También incentiva el conflicto el tema de los vetos. Hay un incentivo fuerte para que el Presidente haga veto total, o sea que se oponga completamente al proyecto porque en ese caso tienen que insistirle por 4/7. Entonces el Presidente siempre va a preferir el veto total antes que el parcial y ese es otro aliciente para que haya confrontación.

Usted ha sido muy crítico con el proceso y en esta entrevista con el primer borrador. ¿Hay algo positivo que rescate, que crea que es un avance?

Hubo orientaciones en el proceso que yo comparto, pero que no quedaron bien en el detalle. La regionalización y el reconocimiento de los pueblos originarios, que me parece que era una necesidad y una deuda histórica. Ninguna de las dos cosas creo que quedaron bien. Si yo reviso los derechos civiles clásicos, salvo el debate que hay sobre el aborto, todo lo demás este texto recoge la tradición chilena, la mantiene y no tengo en ese sentido críticas mayores. Hablo de la libertad religiosa o la libertad de movimiento, ese tipo de garantías clásicas.

¿En septiembre va a aprobar o rechazar?

Si yo tuviera que juzgar hoy el texto constitucional me parece que es un texto muy deficiente. No llega al 4. Es un texto muy malo. Pero la pregunta sobre la decisión de septiembre creo que es distinta. La pregunta es cómo creo que va a estar mejor Chile, votando Apruebo o votando Rechazo. Para eso yo voy a estar muy atento a lo que haga la derecha. Si veo en la derecha una voluntad sincera y un compromiso de abrirse a un cambio constitucional significativo llamando al Rechazo, yo creo que voy a rechazar. Si eso no pasa, lo tendría que pensar.