La explicación agrava la falta

Los límites entre lo público y lo privado han configurado una tensión permanente a lo largo de la historia. En la Antigua Grecia la esfera privada decía relación con la casa y la familia; mientras lo público se relacionaba con la polis. Hanna Arendt entendía esta distinción relacionando la primera con la esfera de la necesidad y la segunda con la esfera de la libertad, situando en el mundo privado aquellas actividades destinadas a asegurar la supervivencia (labor y trabajo) y en el mundo público aquellas que podían ser vistas y oídas por los demás (acción y discurso).

Este punto de partida vincula lo público a lo visible relacionándolo con los sentidos. Sin embargo, nuevas formas de comunicación y posteriormente la evolución de la tecnología han ampliado el concepto más allá de los límites de lo físico.

Con el advenimiento del Estado liberal moderno surge el derecho a la privacidad que, basado en la distinción entre lo público y lo privado, garantiza la protección de este último al tiempo que limita el poder estatal. Este derecho consagrado, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sostiene que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.” En definitiva, se sanciona un lugar de administración individual con exclusión de terceros.

Esta semana Franco Parisi ha sido cuestionado por una deuda millonaria de pensiones alimenticias y por los pueriles argumentos esgrimidos para mantenerse fuera del país. Su partido cerró filas tras él arguyendo que “la vida privada no tiene nada que ver con las capacidades que uno posea para ejercer un cargo público”. La argumentación, que naturalmente oscila entre el error y el horror, descansa en la incorrecta interpretación de que, dada la distinción entre lo público y lo privado, aquello que queda en la esfera de la intimidad no afecta ni debe afectar jamás a aquello que se despliega fuera de ella. Sobre esto han corrido ríos de tinta −recuérdense las discusiones en torno al caso Lewinsky o las bacanales de Silvio Berlusconi− y por eso las explicaciones parecen tan livianas.

Es evidente que las conductas de quienes pretenden aspirar a un cargo público pueden ser de interés público, en la medida en que translucen “algo que es importante o relevante para la formación de la opinión pública o que afecta al conjunto de los ciudadanos o a la vida económica o política del país”.

En un país donde existe un problema endémico con el pago de la pensión de los hijos −al punto que fue necesario establecer una vergonzosa retención al momento de los retiros de las AFP−, una deuda millonaria en este ámbito configura aquellas acciones que si bien operan dentro de la “casa”, en el sentido más literal, dicen mucho hacia el mundo público y permean la esfera de la privacidad. Se trata de conductas que describen y definen los contornos de un personaje público que aspira a regir el destino del país, por lo que anclarse en una supuesta esfera de intimidad o recurrir a lamentables teorías conspirativas para explicarlas no hace más que agravar la falta.