La formalización de Raúl Torrealba en cuatro tiempos: las pruebas de la Fiscalía para pedir a la justicia que quede preso por supuesto desvío de más de $ 760 millones a su bolsillo

“Metan preso al ladrón ese. ¡Ladrón!”.

Eso fue parte de los gritos que acompañaron y tensionaron el ingreso del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba al Centro de Justicia de Santiago. A pesar de que la audiencia donde fue formalizado por fraude al Fisco, delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita estaba programada para las 9 horas, arribó al recinto ubicado en avenida Pedro Montt 10 minutos pasadas las ocho de la mañana, lo que dio tiempo para que quienes transitaban por el sector lo identificaran claramente y se detuvieran a increparlo.

Flanqueado por su equipo de abogados, en todo caso, el exmilitante de RN los miró en silencio y siguió su camino por la explanada del edificio, insistiendo ante los medios que le consultaban sobre los hechos por los que se le investiga que él venía a enterarse formalmente de los cargos que se le imputan, que es inocente y que confía “en que la institución funcione”.

“No hay asociación ilícita. Quiero que la institución funcione y los abogados tendrán tiempo para demostrarlo. Lo que ocurre es que hoy voy a saber qué se me imputa, porque hasta el momento lo único que he visto son notas de prensa. Con todo el respeto que tengo por la prensa, no es forma de tramitar un caso como este. Después de todo el tiempo que estuvimos en la municipalidad y la Contraloría nunca dijo nada, es extraño que ahora ocurra esto (...) Por el momento vamos a demostrar nuestra inocencia”, comentó. Al mismo tiempo, descartó haber participado en alguno de los delitos por los que se le formalizó.

Asimismo, aprovechó de cuestionar la labor desplegada por el Ministerio Público apuntando a que, a su juicio, “están muy equivocados y lamento los errores que han cometido”.

De esta forma, insistiendo en su inocencia, Torrealba se abrió paso hasta el quinto piso de la Torre C, y esperó paciente junto a sus abogados el inicio de la audiencia. Se sentó, caminó por el pasillo, pero en ningún momento cruzó mirada con dos de los imputados que llegaron al lugar minutos después de él y que en el pasado fueron sus estrechos camaradas y hoy aparecen como colaboradores sustanciales en la indagatoria en su contra: Antonia Larraín y el fundador de RN Renato Sepúlveda.

Por separado, ambos exfuncionarios de Vitacura también arribaron en compañía de sus defensores y sin hacer comentarios. En el caso de Larraín, de hecho, ni siquiera tuvo palabras para responder al guardia que le consultó su nombre y el motivo de su concurrencia.

“Es Antonia Larraín, es imputada”, debió intervenir su abogado, Carlos Balbontín, al cruzan la mampara del edificio. Luego de ello, siempre manteniendo una mascarilla negra que le tapaba parte del rostro, se posicionó frente a una pared y esperó.

De esta forma, a diferencia de la cercanía que los tres imputados tenían en el pasado -cuando incluso realizaban viajes a la propiedad que el exalcalde tiene en el sur del país-, no hubo saludos entre ellos. Se mantuvieron en distintos puntos del pasillo, fuera de la sala 503, y sólo tuvieron intercambio de breves palabras con los penalistas que ficharon.

Raúl Torrealba ingresó con la frente en alto a sala en que el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, le leyó cada uno de los hechos por los que se convirtió en foco de interés para el Ministerio Público. A poco de comenzada la audiencia su defensa anotó un punto, logrando que el tribunal desestimara la calidad de querellante de la municipalidad y los excluyera del caso. Pese a eso, el triunfo duró poco, pues luego vino una seguidilla de imputaciones.

Fue así, entonces, que poco a poco la mirada del exjefe comunal se fue clavando en el piso del lugar y se terminaron los comentarios con sus abogados. Su rostro se tensó. No sólo se le acusó de 29 delitos de fraude al Fisco, sino que también de haber liderado una organización criminal que tenía como único fin sustraer dineros desde las arcas municipales de Vitacura, comuna que administró por 25 años, para luego realizar una serie de maniobras para incorporarlos en su patrimonio como si fueran fondos lícitos. Incluso, sostuvieron los persecutores, utilizó la figura de su esposa, María Soledad Simonetti, como testaferro, y sus empleados lo denominaban “el big boss”, cual cabecilla de banda criminal.

Por lo mismo, durante las agitadas horas en que se extendió la audiencia, el Ministerio Público hizo una diferencia entre el supuesto líder de la asociación, Torrealba, y el resto de los imputados. Sólo a este último se le pidió prisión preventiva. Al resto se le solicitaron medidas cautelares menos gravosas que aceptaron, pues no significaban estar privados de libertad. El motivo, según reconoció el fiscal, es la colaboración de los otros investigados, sin cuyos testimonios no se habría podido esclarecer lo que ocurrió durante más de una década en Vitacura.

En concreto, de acuerdo con lo expresado por Armendáriz, entre 2011 y 2021 la organización liderada por el ex RN empleó siete mecanismos con el fin de sustraer dineros desde las corporaciones Vita. Y en suma, como se relató, les permitieron echar mano a $ 766.790.886.

Conforme al detalle, 528 millones de pesos se habrían obtenido mediante giros desde las cuentas de VitaDeportes, VitaEmprende o del Consejo Local de Deportes; además, fijaron un “fondo de imprevistos” con dineros que venían desde la misma entidad y que significó un perjuicio fiscal de a lo menos $ 22.950.000; tercero, fijaron entrega de sobres con dinero para supuestos gastos derivados de fiestas de fin de año y de La Semana de la Chilenidad por un total de 80 millones de pesos; cuarto, sobres con dinero por un total de $ 9 millones que se pidieron entre julio y diciembre de 2020; falsas boletas de honorarios que se solicitaron a Arnaldo Cañas por más de $ 24 millones; reembolsos por asistir a un evento de Chile Vamos por $ 2.396.439, y por último, 100 millones de pesos por concepto de giros desde fondos obtenidos por arriendo de espacios publicitarios.

Se explicó, en el mismo sentido, que a sabiendas de que ese dinero llegaba a sus manos irregularmente, el exjefe comunal realizó una serie de operaciones para ingresarlos a su patrimonio simulando un origen lícito. Habría realizado, por lo mismo, ingresos a sus cuentas bancarias, compra de distintos insumos y otras maniobras.

Junto con ello, detalló el persecutor regional, Torrealba utilizó “choferes municipales, para ingresar parte del dinero defraudado al sistema económico formal a través de depósitos bancarios e instrumentos financieros en su cuenta personal, en la de su cónyuge y en la cuenta bipersonal que mantiene con su cónyuge. Lo anterior, con el objeto de no levantar las alertas del sistema preventivo en materia de lavado de dinero, logrando desvincular progresivamente el dinero desde su fuente ilícita”.

De esta forma, explicó él fiscal, “durante el periodo investigado, este imputado obtuvo ganancias ilícitas de lo menos $ 761.840.886. Dichos dineros provienen de la comisión de distintas modalidades defraudatorias realizadas desde a lo menos el año 2011 por parte de una organización criminal a la que pertenecía, y en perjuicio de la Municipalidad de Vitacura y de las entidades vinculadas a ella”.

Igualmente, considerando que el exjefe comunal de Vitacura también realizó declaraciones de impuestos que escapaban a la norma, se le formalizó por delitos tributarios y se detalló que causó un perjuicio fiscal, por ahora, ascendente a $ 72.943.166.

En razón de lo imputado por los persecutores, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exalcalde. En el caso del resto de los imputados, la fiscalía pidió arresto domiciliario nocturno y firma mensual mientras dure la investigación.

Pese a que la jueza que encabezó la audiencia instó a las partes a acotar sus intervenciones, el fiscal Francisco Jacir no logró culminar su exposición, por lo que la discusión respecto de la necesidad de cautela del exjefe comunal se pospuso para este viernes, cuando a contar de las 9 horas se retome la audiencia.

Uno de los delitos que se les imputaron este jueves a los seis exfuncionarios de Vitacura fue la asociación ilícita. Para demostrar la existencia de aquello, el fiscal Xavier Armendáriz expuso una serie de antecedentes que a juicio del Ministerio Público demostrarían que los funcionarios se concertaban para realizar el fraude.

El persecutor sostuvo que los imputados “se asociaron y organizaron con la finalidad de cometer de manera permanente, sistemática e indefinida en el tiempo” para realizar los diferentes delitos que se le imputaron. La organización, según detalló Armendáriz, tenía una “jerárquica en la que se distinguen jefes y miembros operativos que ejecutan labores necesarias y funcionales”.

En el caso de Torrealba, el Ministerio Público lo sindicó como “el líder de la organización” y quien coordinaba la entrega de subvenciones a las “Vita” en su rol de alcalde. Junto con eso, posteriormente era quien solicitaba que otros funcionarios le entregaran dinero proveniente de las mismas organizaciones.

Para aquello, según detalló el persecutor, ordenaba a Antonia Larraín, directora (S) de Desarrollo Comunitario (Decom) de Vitacura, así como también a Domingo Prieto y José Renato Sepúlveda para que estos entregaran sobres cerrados con dinero provenientes desde el Consejo Local de Deportes y de las organizaciones “Vita”.

Todo iniciaba, según se detalló, cuando Prieto -al ser director de las organizaciones comunitarias- era el encargado de solicitar las subvenciones a la municipalidad para las “Vita”. Dicho requerimiento era realizado específicamente hacia la Decom, la cual estaba a cargo inicialmente de Sepúlveda y, posteriormente, de Larraín. Estos funcionarios informaban al alcalde de esa petición, quien proponía al concejo municipal la entrega de los dineros.

Ya con el dinero en las organizaciones, Antonia Larraín y Domingo Prieto solicitaban a los contadores Augusto Silva y Arnaldo Cañas la entrega periódica de dineros, los que eran recibidos por los dos funcionarios municipales y entregados posteriormente al entonces alcalde en “sobres con un papel interior que cubría los billetes y no permitiera ver su contenido”.

En el caso de Silva y Cañas, ellos eran los encargados de realizar operaciones al interior de las “Vita” para demostrar que dichos recursos habían sido utilizados de manera legal. Para lograrlo se utilizaban boletas y facturas falsas. Más adelante en la formalización, el fiscal detalló que fueron en total 461 boletas de honorarios y 22 facturas, las cuales sumarían los $ 711 millones en total.

En detalle de lo anterior, $ 375 millones correspondieron a boletas falsas emitidas hacia la Municipalidad de Vitacura para supuestamente justificar la utilización de recursos por parte de las organizaciones municipales. A eso se suman otros $ 335.705.424 de los mismos 11 emisores, pero esta vez hacia las organizaciones. Se utilizaron, como se señaló, para intentar validar el retiro de dineros que supuestamente eran para costear gastos de las mismas.

En medio de los boleteros, eso sí, llamó la atención la aparición de un fotógrafo que les hizo un retrato a Torrealba y al concejal Maximiliano del Real, pues ambos -como se ventiló en la audiencia- fueron pagados por el municipio y dan cuenta de que el otrora alcalde hizo aportes a campañas políticas con dineros municipales.

Fue precisamente la declaración de este último individuo, identificado como Cristián Aninat, que los investigadores constataron que había desvíos de platas a campañas. “Debo señalar que nunca he prestado servicios para ninguna organización funcional de Vitacura, sin embargo, en el año 2020, recuerdo que fui contactado por teléfono por María Luisa Ortúzar, quien me señaló que trabajaba en la Municipalidad de Vitacura y necesitaba que le efectuaran un retrato al exalcalde (Raúl Torrealba) y a un concejal de nombre Max Del Real, que por lo que tengo entendido iba a postularse como alcalde”, sostuvo el sujeto al declarar ante la PDI.

Al término de la audiencia, al menos durante la jornada de este jueves, el fiscal Xavier Armendáriz indicó que, por ahora, se “han expuesto los cargos respectivos y en este momento estamos fundando las solicitudes de prisión preventiva para el imputado. Esta audiencia no ha terminado y continuamos mañana con esa labor”.

Por su parte, y pese a las duras imputaciones que le realizó la Fiscalía, Torrealba recalcó que sus abogados podrán demostrar que él es inocente. “Quedamos a mitad de camino hasta mañana. Todavía no termina de exponer la Fiscalía, tenemos que esperar hasta mañana. Afortunadamente todo está documentado y la magistrada tendrá los documentos. Confío en que quedaré en libertad”, comentó al ser consultado por La Tercera.

Su abogado Francisco Velozo, en tanto, sostuvo que la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público es “exagerada”, pues a juicio de ellos “no se hace necesario”.

“Están viendo que el exalcalde viene por sus propios medios, mañana va a volver a concurrir al tribunal, por lo que no vemos la necesidad de una medida cautela de esa intensidad”, acotó.