La historia de la deuda que complica a Rodrigo Rojas: banco pidió su embargo

Una deuda por $ 27 millones por un crédito de consumo del Banco Scotiabank informada en su declaración de patrimonio e intereses es lo que tiene en la mira de la justicia al convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade.

Luego de que el integrante de la ex Lista del Pueblo reconociera en La Tercera que no padece de cáncer, pese a que en su campaña electoral promovió la lucha contra esta enfermedad, surgieron cuestionamientos desde distintos sectores políticos, porque Rojas Vade consignó en su declaración de patrimonio e intereses que este pasivo correspondía a “financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”.

El tema motivó a una denuncia de la mesa de la Convención Constitucional a la Fiscalía Centro Norte por vulneraciones a la Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública. Así, Rojas -que hasta hace una semanas era considerado un símbolo del estallido social en la Convención- deberá declarar como imputado por el delito de perjurio.

A la denuncia realizada por la mesa de la Convención que encabezan Elisa Loncón y Jaime Bassa se suma otra querella presentada ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por diputado Tomás Fuentes (RN) y la candidata a diputada Susana Hiplan, en la que también acusan un perjurio por la información declarada por Rojas. A esa denuncia ya respondió el cuestionado convencional.

Y si bien en la querella se habla de una “deuda falsa”, lo cierto es que ésta sí existió y se remonta a una historia del 2018, cuando el Banco Scotiabank demandó a Rojas, pidió su embargo, la retención de su devolución de impuestos y solicitó auxilio de la fuerza pública para recuperar el dinero prestado.

Fue el 12 de junio de 2018 cuando el Banco Scotiabank presentó una demanda ejecutiva contra Rojas. En la causa, que se encuentra sin archivar en el 19º Juzgado Civil de Santiago, la entidad financiera acompañó el pagaré que el constituyente firmó el 17 de octubre del 2016 por $ 26.112.943, con un interés del 1,10% mensual, que serían pagados en 69 cuotas mensuales y sucesivas, las primeras 68 por un valor de $ 560.501 y la última por $ 571.803, siendo el primer vencimiento el 1 de febrero de 2017.

En esa época Rojas tenía experiencia como tripulante de cabina, y cerca del 2013 había informado a sus cercanos de una supuesta leucemia que padecía.

Años más tarde, en la demanda de Scotiabank -a cargo del abogado Octavio Ávila-, el banco consignaba que el pagaré no había sido pagado “al vencimiento de la cuota Nº 13, correspondiente al 1 de febrero de 2018, quedando reducido a esa fecha a la suma de $ 21.571.567”, por lo que se solicitaba “el embargo en su contra más los intereses y costas de la causa”.

La entidad consignaba que esos $ 21 millones eran el último valor adeudado, pese a que Rojas Vade en su declaración de patrimonio e intereses consignaba que la deuda se trataba de $ 27 millones. Incluso, el 14 de enero de 2020 había dicho en una entrevista en The Clinic que sus deudas por tratamientos médicos eran de $ 370 millones.

Después de su polémica revelación, el mismo Rojas afirmó en un comunicado que sufre otra enfermedad, sin detallar cuál. Así justificó el destino de los fondos que recibió a través de las campañas y rifas que se hicieron en su beneficio.

“El dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos”, aseguró. Una de estas rifas fue organizada por su hermana. Y el viernes de la semana pasada, su abogado, Tomás Ramírez, aseguró que la enfermedad de Rojas “no está cubierta por el Auge” y que “el dinero recolectado fue para pagar los gastos y deudas que se provocan por esta enfermedad grave”.

Pese a todas las versiones, lo cierto es que el 2018 el banco realizó varias diligencias para hacerse con la deuda. Ya en julio de ese año comenzó el proceso en que se acudió hasta el domicilio de Rojas, en Melipilla, para notificarlo presencialmente de la demanda, lo que generó diversos problemas.

¿La razón? Rojas casi nunca estaba en su domicilio, por lo que no se le podía notificar. El 13 y el 18 de julio el funcionario Felipe Frías, del Juzgado de Letras de Melipilla, acudió hasta su casa y notificó que “una persona adulta, sexo femenino”, le dijo que el ahora constituyente solo regresaba a su casa por las noches, ya que trabajaba en el aeropuerto. Por esos años, de hecho, Rojas se desempeñaba como tripulante de cabina en Jetsmart, habiendo llegado a esa aerolínea el 2017.

Tampoco se le pudo notificar el 29 y el 30 de octubre. Los liquidadores de la deuda recién dieron con Rojas Vade el 13 de diciembre y se le citó a la oficina del abogado del banco en Melipilla. Al día siguiente, el constituyente no compareció a la citación. Fue declarado en rebeldía.

El 3 de julio del 2019 era el día del embargo. Pero el funcionario encargado constató que hubo “oposición” a la diligencia, porque la puerta del domicilio de Rojas estaba cerrada y nadie abrió.

Aún sin pagar, el 26 de febrero de 2021 el banco pidió que “se proceda al embargo de bienes muebles con el auxilio de la fuerza pública con facultades de allanar y descerrajar al haberse opuesto a la diligencia, según consta en el proceso”. Para esa fecha Rojas Vade ya estaba inscrito como candidato a la Convención Constitucional.

Según su propia declaración de patrimonio e intereses, Rojas solamente aparece con una moto Honda del 2020 por un avalúo fiscal de $ 4.050.000, pero ningún bien inmueble o activo de algún tipo.

Una vez fracasados los intentos de embargo, el 25 de marzo de este año el banco apeló a rescatar la devolución de impuestos de 2020 de Rojas Vade (…). Lo mismo se hizo para la devolución del impuesto a la renta del periodo 2021.

Uno de los últimos documentos de la causa data del 2 de julio de este año, cuando él ya había sido electo constituyente por el distrito 13 (El Bosque, La Cisterna, San Miguel y otras comunas) con el 8,4% de los votos (19.312). Ahí, el abogado de Scotiabank solicitó oficiar a la Tesorería General de la República para informar sobre el embargo de la devolución de impuestos.

Si bien actualmente se encuentra con licencia médica y se debaten las formas legales de que pueda dejar el puesto como piden varios, por el desempeño de esas funciones él recibe una dieta de $ 2,5 millones mensuales.

Dentro de otras fuentes de ingresos, también obtuvo una indemnización que Jetsmart pagó a 13 trabajadores despedidos que interpusieron una demanda ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Rojas fue despedido el 27 de abril del 2020, y tras la acción judicial interpuesta, el 8 de marzo de este año se llegó a una conciliación y la aerolínea acordó pagar $ 3.406.380 para todos los actores, por lo que a él le correspondieron cerca de $ 262 mil adicionales a su finiquito.

En esa causa se consigna que Rojas recibió un finiquito de $ 3.973.396 por su despido y que su sueldo era de $ 1.265.061. De todas formas, en su primera declaración como candidato a la Convención consignó que “actualmente vivo de un ingreso mensual calculado de mi último finiquito laboral”, precisando en la glosa “renta bruta mensual” el total de $ 300 mil.

Fuentes conocedoras de la causa aseguran que a Rojas no se le pudo embargar nada aún, y que la causa se encuentra abierta. El viernes de la semana pasada su abogado aseguró en Chilevisión que Rojas no estaría cometiendo perjurio, ya que en su declaración de patrimonio e intereses “la información que se le exige entregar es la existencia y el monto de deuda. El origen de la deuda es una declaración ajena al interés de esa declaración, y si él hubiera dicho cualquier origen distinto es irrelevante. Insisto, es irrelevante el origen de la deuda en la medida en que no esté vinculada con un delito”.

Pero hoy, en El Mercurio, el abogado afirmó que Rojas envió una rectificación a su declaración de patrimonio e intereses el 9 de septiembre pasado, momento en que ya se conocía del escándalo. Actualmente no es posible ver ese nuevo documento en el portal institucional que publica las declaraciones -prestado por la Contraloría y el Consejo para la Transparencia-, ya que solamente están visibles las declaraciones del 9 de enero de este año por asunción al cargo, y la del 2 de agosto por rectificación a requerimiento. En ambas declaró una deuda de $ 27 millones con Scotiabank.

Pese a esto, el jurista afirmó que en esta nueva declaración el monto bajaba a cerca de $ 26 millones, el cual provenía además de Scotiabank, de otros dos bancos: Itaú y el Banco de Chile. El abogado aseguró en el citado medio que al momento de su declaración Rojas no recordaba en detalle los montos.