La élite de una época, el Arzobispado y las juventudes del MIR. Son solo parte de quienes han habitado el Palacio Pereira en sus casi 150 años de historia. Cuando comience a sesionar el órgano constituyente sus futuros ocupantes serán los 155 miembros de la Convención Constitucional, tal como anunció ayer el Presidente Sebastián Piñera en una ceremonia.

Luego de años de ser un edificio carcomido y abandonado, el inmueble que data de 1872 comenzó su restauración en 2016 bajo el marco del programa Legado Bicentenario y fue reinaugurado en 2018. En la actualidad es administrado por el Consejo de Monumentos Nacionales, dependiente del Ministerio de las Culturas.

Hasta ayer, el primer piso funcionaba como un espacio público, con auditorio, cafetería, sala de exposiciones, y espacios de trabajo, además de albergar las oficinas de la subsecretaría del Patrimonio y del Servicio Nacional del Patrimonio (exDIBAM).

Antes de esto, varios proyectaban que la Convención funcionaría sólo en las dependencias del exCongreso en Santiago, incluso algunos proponían que se sesionara en alguna región como Concepción o Valparaíso, sin embargo, el gobierno se inclinó por el Palacio Pereira que en 2011, en el primer mandato de Sebastián Piñera, fue adquirido por el Estado y comenzó un proceso de restauración.

Los arquitectos Cecilia Puga, Paula Velasco y Alberto Moletto (en la foto) fueron los encargados -tras un concurso público- de recuperar el palacio que fue mandado a construir por el abogado y político, Luis Pereira Cotapos, al arquitecto francés Lucient Ambroise Hénault en 1872.

Puga, consultada por La Tercera por la elección del recinto para ser sede la Convención, señaló que “nos da muchísimas claves para construir una identidad nuestra, que es una identidad mestiza, abierta, plural, en la cual muchas corrientes distintas y muchas líneas de pensamiento se han encontrado y por lo tanto eso representa también la discusión contemporánea sobre lo que somos y sobre lo que queremos ser”.

La Convención será solo el último de los hitos del centenario recinto. Como detalla el arquitecto Alberto Sato, experto en Historia de la Arquitectura, docente de la Universidad Diego Portales, el Palacio Pereira fue usado para los más variados fines.

“El Palacio Pereira guarda en sus recuerdos la historia de una familia acaudalada hasta que un hijo, Julio Pereira lo vendió al Arzobispado en 1932 y en 1942 pasó a manos de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas; en 1960 fue arrendado por el Ministerio de Educación para instalar el Liceo Número 3 de Niñas. Diez años después, es abandonado, luego tomado por el Frente de Estudiantes Revolucionarios del MIR. En 1981, el gobierno dicta el decreto de Monumento Histórico pero su estado de abandono y deterioro agravado por el terremoto de 2010 lleva al gobierno a adquirir el inmueble y proponerse su restauración”, señaló Sato.

Gallardo añade que “la importancia del edificio radica en que viene acompañando más de 100 años a la ciudad de Santiago. Es una permanencia en todo es tumulto, este tráfago de ordenes, de movimientos sociales, de cambios de gobierno (…) me parece fantástico que tenga simbólicamente un uso público, sea apropiado por la comunidad, por los constituyentes”.

Como agrega Puga: “Durante el siglo XIX, después de la Independencia, la nueva república buscó tomar distancia del mundo colonial (…)sus grandes edificios que representan esta nueva condición política a través de una serie de arquitectos que trae desde Europa, principalmente franceses y también italianos”.

Hénault no era ningún advenedizo. Reabrió el curso de arquitectura en el Instituto Nacional y, entre otras cosas, recibió el encargo de los edificios públicos como el Congreso Nacional y la casa central de la Universidad de Chile y se cree, apunta Gallardo, que el Palacio Pereira fue su último trabajo en tierra chilena antes de retornar a Francia.

Entre 2016 y 2020 se realizaron trabajos para restaurar y recuperar el Palacio Pereira con unos costos aproximados de $15 mil millones.

Puga señala que “la recuperación es muy importante por una razón bastante particular: es la primera vez que el Estado se involucra directamente en comprar un bien que era privado, que era Monumento Nacional, para protegerlo de su destrucción y al mismo tiempo para reincorporarla a la vida útil, a la vida ciudadana, convirtiéndola en un espacio abierto, público, para cualquier persona”.

La arquitecta destaca esto en especial porque fue un edificio que nació, “como la expresión de una elite muy pequeña del siglo XIX”.

Una idea inicial era recuperar todo el edificio, pero los efectos del terremoto de 2010 fueron graves. Al llegar, los arquitectos se encontraron con un interior derruido, sin piso ni techo, con gran parte de las cornisas y ornamentos caídos y vegetación.

La recuperación fue un trabajo interdisciplinario de largo aliento (la proyección era una faena de casi una década). Más de 40 restauradores intervinieron con bisturí la fachada y el interior de las paredes, descubriendo las capas de suciedad y pintura hasta llegar a la original.

En 2019, Puga explicó a La Tercera: “Aquí hubo una operación clave que fue la consolidación estructural del edificio, que lo hace seguro para los usuarios (…) Por vez inédita se ajustó a la norma italiana de la albañilería simple y no a la norma del hormigón armado típica de Chile. Eso posibilitó que se insertaran fierros dentro de los muros que amarran las paredes de una forma sutil casi invisible”.

Además se transformó la parte trasera: donde antes había jardines y caballerizas instaló un patio a cielo descubierto y levantó un edificio de cuatro pisos con vigas de hormigón de líneas simples y un auditorio subterráneo con capacidad para 300 personas.

Sato cuenta que el recinto “está 750 metros de la sede del exCongreso, cercanía que permite desplazarse a pie sin dificultad. La coincidencia notable es que ambos edificios configuran un conjunto armónico desde el punto de vista histórico-arquitectónico y simbólico (…)Un área comprendida entre el cerro Santa Lucía hacia el poniente hasta la avenida República, sobre el eje de Alameda de Las Delicias y en una banda de cinco cuadras aproximadas hacia el sur y el norte, todavía se yerguen edificaciones residenciales construidas en el último cuarto de siglo de 1800, algunas en estado de ruina, pero que no ocultan una antigua grandeza”.

El uso de un recinto restaurado marca una importante diferencia a las sedes en las que se redactaron otros proyectos constituciones. Por ejemplo, la Comisión Ortúzar, que presentó las bases de la Constitución de 1980 trabajó en el exCongreso, misma sede donde se llegó al Acuerdo por la Paz y por una nueva Constitución de noviembre.

En tanto que la gran reforma de 2005 se realizó en su mayor parte en el Congreso en Valparaíso, con conversaciones y reuniones entre el Ejecutivo y el oficialismo y la oposición.

En las reuniones que llevaron a la redacción de la Constitución de 1833 el trabajo fue realizado en las salas de sesiones del Senado, en ese entonces con sede en Santiago, mientras que la otra gran Constitución, de 1925 fue trabajada por comisiones en La Moneda, con unos 120 integrantes, dado que en esa época un Golpe de Estado había disuelto el Congreso.