La tarde del 24 de noviembre de 2014, Mauricio Pino Marambio (40), ingeniero ambiental, se convirtió en testigo privilegiado del primer ataque de quienes hoy son conocidos como los "overoles blancos" que amedrentan a la comunidad escolar de colegios emblemáticos de la región metropolitana.

Esa jornada, en las cercanías de la intersección de las calles Condell con Obispo Salas, en Providencia, Mauricio, tras escuchar una fuerte explosión que venía desde el exterior, interrumpió las labores que realizaba y se asomó por la ventana junto a sus compañeros de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Eran minutos pasadas las 13.00 horas y vio a personas vestidas de blanco lanzando bombas molotov a un auto y otros artefactos incendiarios al interior del cuartel de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que se encontraba, en ese entonces, a solo metros de su trabajo.

"Vi fuego, empecé a grabar y en ese momento vino una segunda explosión, no recuerdo si hubo una tercera", relató.

Se trataba de siete u ocho sujetos ataviados con mamelucos o trajes similares a los que "se usan para protegerse de la pintura". El grupo se acercaba al cuartel y retrocedía. Luego, en masa, los violentistas arrancaron hacia el sur.

Mauricio grabó todo con su teléfono celular: la sede de la policía civil, aledaña a un campus de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, había sido asediada por los "overoles blancos". Era el debut de una forma de intervención violenta que, con el paso de los años, se convertiría en un verdadero modus operandi.

En las últimas semanas, una serie de disturbios en las afueras de establecimientos como el Liceo de Aplicación o el Instituto Nacional, han copado la agenda pública por lo brutal de las agresiones- incluso docentes dicen haber sido rociado con bencina- y por la repetición de sus protagonistas: jóvenes a rostro cubierto vestidos con buzos tyvek.

Pero el origen del mal, según la sentencia entregada el 24 de febrero de 2017 por el tercer tribunal, data desde hace casi cuatro años, cuando se produjo el primer incidente del que existe registro: desde la Academia de Humanismo Cristiano salió un grupo de hombres y mujeres, cubiertos por overoles blancos y premunidos de artefactos explosivos, hacia el cuartel de Condell. Amarraron con cadenas el portón de acceso al estacionamiento y a la puerta peatonal. Atacaron con los elementos incendiarios a la vez que impedían la salida de los funcionarios de la PDI que allí se encontraban y el ingreso de personas a prestar auxilio a quienes estaban al interior. El resultado: tres personas terminaron con lesiones y tres vehículos resultaron quemados.

Según declaraciones de quienes presenciaron el incidente, contenidas en la sentencia de 433 páginas a la que tuvo acceso La Tercera PM, los encapuchados, habían preparado todos los elementos en el baño de la universidad. Ningún detalle había quedado al azar.

Con ese antecedente como punto de partida, comenzó la investigación que llevó bajo completa discreción la Fiscalía Oriente y la PDI por extensas semanas, para así determinar quiénes estaban involucrados.

[caption id="attachment_328986" align="aligncenter" width="473"]

Aton[/caption]

"Me avisaron por radio que salía gente del Edificio Nuevo encapuchada. Salí de la oficina, me dirigí hasta ahí y me encontré de frente con 7 u 8 personas que venían de blanco, en el pasillo. Estaban vestidos con buzos blancos, con lentes de protección y tapados. La primera o segunda persona venía con una bandeja plástica con bombas molotov, botella con bencina o líquido inflamable y la mecha. No crucé palabras con ellos. Los vi salir por la salida de María Luisa Santander, instante en que apliqué el protocolo de evacuación, por seguridad de todos, porque han habido varias protestas", dijo en su declaración un funcionario administrativo de la universidad.

Tras cumplir con su ataque, de acuerdo a otros relatos de testigos, ese día los violentistas reingresaron a la universidad y ahí se despojaron de sus vestimentas y de los utensilios, para luego darse a la fuga. Estos elementos fueron usados por los peritos para establecer las identidades de los involucrados. En lo específico, quedaron rastros de ADN y de huellas dactilares. Una de ellas, encontrada en una bolsa de buzo tyvek que estaba al interior de un basurero ubicado en el tercer piso del Edificio Nuevo del establecimiento, fue ingresada al sistema APFIS (Sistema Automatizado de Identificación Dactilar y Palmar), el cual arrojó una serie de candidatos, con diferentes puntajes, a partir de los cuales comenzaron a trazarse las líneas investigativas.

Luego de casi ocho meses de diligencias, la mañana del jueves 2 de julio de 2015, cinco personas, tres hombres y dos mujeres, fueron detenidas. Según los antecedentes contenidos en la carpeta del caso, se había logrado establecer que existía un vínculo claro entre los involucrados, que se habrían coordinado para perpetrar el ataque y que la intención habría sido quemar el cuartel de la PDI.

Para aquello, los sospechosos, como dan cuenta las pericias realizadas, fueron seguidos y se levantaron diferentes elementos, como colillas de cigarros, cajitas de leche e incluso escupitajos. Estos fueron cotejados con los restos encontrados en el sitio del suceso. Con esa prueba científica el Ministerio Público comenzó a tener certeza respecto de la identidad de quienes estaban detrás de esos overoles.

Además, se revisaron sus registros telefónicos, las llamadas que había entre ellos y las interacciones que tenían en redes sociales, principalmente en Facebook.

Natalia Alvarado Gattas, María Paz Vera Urra, Manuel Espinosa Espinoza, Felipe Román Toledo y Víctor Zúñiga Quijada, eran los sospechosos. Todos ellos se negaron a declarar hasta iniciado el juicio oral y a través de sus abogados cuestionaron el procedimiento realizado, asegurando que se había montado un "show" por parte de los encargados de la investigación para vincularlos con lo sucedido. Acusaron un plan maquiavélico con pruebas manipuladas. Sólo reconocieron haber estado ese día en la universidad, pero negaron rotundamente tener participación en lo investigado.

Los cinco insistieron en su inocencia, pero a pesar de aquello, los tres hombres imputados fueron condenados y hoy cumplen con la sentencia que dictó el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, tras determinar que "actuaron dolosamente con el propósito de destruir el inmueble por la acción del fuego, pero que por causas independientes de su voluntad no sucedió".

[caption id="attachment_328989" align="aligncenter" width="498"]

Aton[/caption]

Se concluyó, además, que existió una preparación previa, "que se desprende de la organización que tuvieron, manifestada en la forma como se condujeron hasta el lugar, la vestimenta utilizada para proteger su integridad y por qué no decirlo, para no dejar rastros de su participación, pues no solo usaron buzos tyvek, sino que un sin número de guantes de látex, poleras para cubrirse el rostro, pasamontañas y otros".

De esta forma, se condenó a Manuel Espinosa Espinoza, Felipe Román Toledo y a Víctor Zúñiga Quijada a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y a la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autores de un delito frustrado de incendio en lugar habitado. Eso sí, el tribunal accedió a sustituir la pena efectiva de cárcel para los acusados por el régimen de libertad vigilada intensiva.

Por otra parte, se absolvió de todos los hechos imputados a Natalia Alvarado Gattas y a María Paz Vera Urra, puesto que  las pruebas presentadas en su contra no fueron suficientes.

Felipe Sepúlveda, actual fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente y quien encabezó el juicio oral de los primeros overoles blancos, asegura que la causa tuvo complicaciones porque, por ejemplo, nadie se atribuía los atentados. "No existen grupos organizados a estos fines. Son personas que se pueden coordinar en el living de su casa o en la vía pública para hacer esto, sin que haya una coordinación previa. No hay células como había antes de los grupos terroristas o cosas por el estilo. No es como buscar un catálogo de personas que eventualmente podrían estar implicadas e investigarlos a ellos", recalca.

Por lo mismo, más que los registros gráficos que existían, fue clave la existencia de pruebas científicas: "Si no hubiese habido huellas ni ADN jamás se hubiese ubicado a las personas que cometieron el hecho, porque, efectivamente hay videos de los hechos, pero no se logra distinguir el rostro de nadie".

Aunque este caso ya se encuentra cerrado, ha vuelto a estar en la palestra por la investigación del Ministerio Público acerca de quiénes están hoy detrás de los continuos ataques de los overoles blancos.

Lo que se sabe, hasta ahora, es que actúan preferentemente en las mañanas, realizan cortes en las calles, lanzan elementos contundentes al mobiliario, portan bombas molotov, se enfrentan a carabineros. Y no manifiestan qué buscan ni por qué actúan. No existe un "ideario" de los overoles.

De acuerdo a datos entregados por Carabineros, solo este año se han realizado más de 160 procedimientos a propósito de manifestaciones violentas fuera de establecimientos de educación secundaria, en las cuales contabilizan al menos 92 estudiantes detenidos.

[caption id="attachment_329097" align="aligncenter" width="501"]

AgenciaUno[/caption]

Entre dichos escolares se encuentran dos alumnos del Liceo de Aplicación que participaron de los incidentes fuera del establecimiento el pasado 13 de septiembre, en medio de los cuales cinco funcionarios de Carabineros resultaron con lesiones.

Uno de los jóvenes, estudiante de segundo medio, fue formalizado por desórdenes públicos y por porte de elemento incendiario, quedando con firma quincenal y prohibición de acercarse al Liceo; mientras que al alumno de cuarto medio se le imputaron cargos por los delitos de desórdenes públicos y maltrato de obra a Carabineros, quedando con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Las medidas aplican durante los 60 días que se extienda la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte. No obstante, de acuerdo al total de diligencias que se deben realizar, es probable que se prolongue el tiempo para completar la carpeta. Además, es materia de investigación determinar si hay otras personas o estudiantes involucrados en los hechos.

Los episodios de las últimas semanas, también evidenciados en el Instituto Nacional y en el Liceo Barros Borgoño, donde docentes incluso denunciaron haber sido rociados con bencina por encapuchados, algunos con overoles blancos, han reforzaron el llamado que ha hecho el Ministerio de Educación para que se apoye el proyecto impulsado por el gobierno en post de fortalecer las atribuciones de los rectores de los colegios, para así expulsar de manera inmediata a quienes incurran en hechos de violencia grave.

El fiscal Sepúlveda asegura que no existen antecedentes que vinculen directamente los ataques de 2014 con los actuales, pero advierte: "si es que estuvieran alguno o algunas de las personas que fueron condenados por el tribunal en el juicio por el ataque al cuartel de la PDI, sería un hecho gravísimo. Si se llegara a determinar su participación, le podrían revocar la libertar vigilada que tienen y podrían ser condenados como reincidentes".