La historia tras la disputa territorial que habría motivado el homicidio por encargo en Concón

El 6 de septiembre de 2019 el empresario Alejandro Correa (60) no aguantó más e ingresó una demanda de comodato precario en el 1º Juzgado de Letras de Quilpué. Fue una acción que, de acuerdo al Ministerio Público, contribuyó a que posteriormente se planificara un homicidio por encargo en su contra. La demanda de Correa respondía a que hacía un buen tiempo que arrastraba una serie de problemas con uno de sus terrenos que eran de su propiedad en esa misma comuna. Se trata de la manzana D. En esa zona los lotes 7, 8, 9 y 10 estaban inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Quilpué a nombre de Correa, quien figuraba como el único dueño desde 1996. En tanto, sus hijas eran las únicas dueñas desde 2019 del lote 6 de la porción D del Fundo San Luis también ubicado en ese mismo lugar.

En la acción civil que ingresó, representado por su abogado Jaime Vladimir Arenas, se reprochó que ambos terrenos, tanto el de Correa como el de sus hijas, fueran hace bastante tiempo ocupados de manera ilegal por una empresa: “Por mera tolerancia de mi parte y representados, sin que haya habido previo contrato de ninguna especie entre ellos, las propiedades señaladas en los números 1 y 2 anteriores, las está ocupando desde hace un tiempo Rellenos Controlados R y A SpA, sociedad que es representada por don Renato Antonio López Fuentes, empresario”.

Luego, el texto de la demanda agregó que “los predios de mis representados los ocupa la demandada, quien los ha cerrado, como un centro de acopio y entrada para su terreno contiguo y si bien en reiteradas oportunidades mis partes han pedido al demandado el que desocupe los inmuebles de su propiedad, todos los resultados han sido negativos”.

Por eso Correa solicitó, hace casi un año, que el Juzgado de Letras de Quilpué le restituyera los “bienes que ocupa la demandada sin tener título alguno para ello”.

Fue el 24 de octubre de 2016 cuando Renato López, junto con un hermano, constituyeron la sociedad Rellenos Controlados R y A SpA en la comuna de Viña del Mar. La firma se constituyó con un capital de $ 1.000.000 y tenía por objetivo realizar obras de relleno, extraer y transportar áridos, realizar movimientos de tierra y explotar botaderos de escombros. Ambos hermanos a su vez compartían otras dos sociedades más. Por un lado estaba Transportes López e Hijos Limitada y por otro Comercializadora Hermanos López Limitada.

Rellenos R y A fue la sociedad de la discordia. Sin embargo, los descargos de López, relacionados al pleito civil por la ocupación ilegal que estaba haciendo de los terrenos de Correa, quedaron plasmados en el expediente de esa causa. En ellos, López negó todo lo que le estaba reprochando el empresario de Concón. En su respuesta, asegura que él era dueño de los terrenos contiguos a Correa. Para llegar a ellos, primero partió arrendándolos. Luego se dio cuenta de que en sus predios había personas que estaban habitándolo de forma ilegal y para deshacerse de ellos, les compró sus instalaciones. “Existían precaristas que se habían tomado el terreno e incluso habían levantado en él construcciones ligeras”, indicó.

Para utilizar el terreno para los fines que a López le interesaba, en febrero de 2017 procedió a comprar a dos de esas personas, por $ 4 millones en efectivo, “las instalaciones que estos habían levantado en el terreno considerando dichas instalaciones muebles por destinación, consiguiendo de esta forma que desocuparan la propiedad y procediendo a cerrar la totalidad del terreno de los arrendadores con el objeto de evitar nuevas tomas del terreno”.

Luego, en marzo de 2019 López procedió a comprar la propiedad en cuestión. Para ello desembolsó $ 200 millones en efectivo por 179.469 metros cuadrados. Por eso mismo es que en su contestación, la abogada de la empresa que representaba López señaló que “resulta claro que mi representada no ha ocupado los terrenos por la mera tolerancia del demandante, como se señala en el libelo. Sino que, en primer lugar, entre el 14 de diciembre de 2016 y el 29 de marzo de 2018 ocupó la propiedad por haberla arrendado a sus dueños; y en segundo lugar, desde el 29 de marzo hasta la fecha por haberla comprado y ser de su propiedad”.

En la audiencia de formalización de esta jornada, el fiscal Stefan Kramar confirmó que la disputa por el terreno en Quilpué fue el elemento que motivó el sicariato que terminó con la vida de Alejandro Correa. El persecutor expuso escuchas telefónicas y declaraciones de testigos. En una de ellas se señaló que el abogado de López habría señalado que “a este tipo (Correa) hay que sacarlo de encima”. A su vez, el Ministerio Público comentó que los negocios de rellenos sanitarios que realizaba el imputado solían tener irregularidades y que cuando existían problemas con “legítimos contradictores”, López y sus socios se encargaban de “sacarlos del camino”.

Uno de esos procedimientos era a través de la ocupación ilegal. Para eso, López utilizaba a terceras personas. Uno de ellos es Luis Alarcón, conocido también como “el Charlatán”. Alarcón era el representante de la toma ilegal de los terrenos de Alejandro Correa.

Incluso, el fiscal Kramar señaló en la audiencia que “López buscó confundir al abogado de Correa y mandó a Alarcón a ocupar los terrenos como distractivo”. Entre medio, el imputado habría aprovechado ese tiempo para planear el homicidio por encargo. El interés por ese paño de tierra era alto. Correa, legítimamente, tenía la idea de hacer un proyecto inmobiliario en esa zona. Lo que nunca supo fue que esos terrenos que compró en 1996 provocarían que 24 años después, un 18 de mayo, saldría de su casa ubicada en el condominio Bosques de Montemar en Concón y un sicario terminaría con su vida.

El primer contacto de López con el sicario colombiano Victor Gutiérrez habría ocurrido entre el 14 y 17 de mayo. En esas conversaciones se acordó que, por el crimen, López le pagaría $ 5 millones. Sin embargo, según los antecedentes de la causa, solo se desembolsó la mitad. De hecho el día del crimen, la pareja del sicario, Melissa Palma, se sacó una foto con el fajo de billetes armando una especie de abanico. A su vez tiene fotos con el arma que asesinó a Correa la cual fue utilizada por Gutiérrez. La pareja del sicario, de acuerdo a lo que declaró en el caso, afirmó que Gutiérrez se refería a Renato López como “el señor R”.

Luego de la audiencia la magistrada Aída Torres, del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, decretó la prisión preventiva para López al considerarlo un peligro para la sociedad, debido a que estimó que existían antecedentes suficientes como para acreditar que el imputado sería presuntamente el autor intelectual del homicidio calificado por encargo en contra del empresario Alejandro Correa.