Desde que comenzó su carrera hacia La Moneda, el Presidente Gabriel Boric ha tomado la bandera de la condonación del CAE como una de sus máximas. Así lo confirmó durante su cuenta pública, donde anunció que para 2023 su gobierno presentará, una vez aprobada la reforma tributaria, un Plan de Condonación de la Deuda Educativa “de manera gradual y justa”.

En este mismo proyecto de ley, aseguró, crearán un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, “para terminar con el CAE, el Fondo Solidario y los Créditos Corfo. No más deudas por estudiar”. De inmediato las dudas en torno a los detalles se instalaron y, con ello, la apertura de un flanco al Ministerio de Educación.

¿Por qué? Para resolver las interrogantes (o al menos intentarlo) que se han planteado al respecto, Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, dio una entrevista a Radio Universo el 2 de junio, donde, dentro de otras declaraciones, encendió la mecha. “El ministerio anterior estableció en una investigación pequeñita que no hemos podido encontrar, pero que se hizo y que lo único que hay de evidencia de eso es una nota de El Mercurio de como hace un año atrás, que sobre el 75% de los beneficiarios del CAE gana de 800 mil pesos hacia abajo, o sea estamos hablando de ingresos que efectivamente en las tasas de interés se hace muy complejo”, dijo.

Las reacciones no se hicieron esperar y ese mismo día uno de los responsables del estudio le respondió por redes sociales: “Hola ministro, soy el autor del estudio del CAE al que hizo referencia en su entrevista hoy, y que no han podido encontrar. Este fue incluido en mis carpetas de traspaso y remitido a funcionarios de la Subsecretaría el día 9 de marzo por correo institucional”, espetó Aníbal Guerrero, economista y exasesor del Mineduc del gobierno anterior.

Luego agregó: “Sería bueno revisarlo, ya que a diferencia de los datos que usted maneja (que 75% de los deudores gana menos de $850 mil), nosotros observamos que el 50% de deudores con ingresos formales gana más de $900 mil. Las reparticiones a las que mandé el estudio y todas las tablas generadas también fueron indicadas el 22 de marzo a la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación Superior, cuando fui consultado por una solicitud de transparencia. Espero puedan ubicarlo, ¡saludos!”.

“Falta tomarse más en serio la discusión sobre la condonación del CAE. Que el ministro haya citado un estudio que según el no vio, pero que entrega conclusiones erróneas del mismo, habla de que esto no se está tomando con la altura que merece. Como conocedora sé que muestra resultados bastantes ricos que necesitamos poner sobre la mesa para no hablar a ciegas de la condonación”, asegura Bárbara Manríquez, quien trabajó en el Mineduc desde 2018 hasta marzo de 2022, desempeñándose como asesora, jefa de asesores y finalmente como jefa de gabinete del ministro Raúl Figueroa.

Desde la Subsecretaría de Educación Superior del actual ministerio toman el guante: “A propósito de nuestra propuesta de condonar el CAE, hemos citado una nota periodística de El Mercurio, publicada en enero, con datos entregados oficialmente por la administración anterior del Mineduc, que señala claramente que solo el 27% de los deudores tienen ingresos superiores a $800 mil, lo que implica necesariamente que el 73% percibe ingresos iguales o menores a ese monto”, dicen.

¿A qué estudio hacen referencia la autoridad actual y el excolaborador del ministerio que comandaba Raúl Figueroa? A inicios de 2021 y, habiendo analizado que nunca se había hecho un cruce de datos de deudores del CAE y sus ingresos, el Mineduc del gobierno anterior realizó un convenio con Comisión Ingresa y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

“Lo que queríamos era caracterizar los ingresos de los deudores, es un estudio descriptivo y de la movilidad social que se ha generado entre los estudiantes de la educación superior. Es un panorama general de los deudores, se pueden determinar promedios, agrupar deudores, la composición de cómo varían los quintiles desde que se entra a estudiar hasta que se trabaja”, detalla Bárbara Manríquez.

De este estudio, sin embargo, no se logró hacer un documento acabado con sus conclusiones. Dicen otros de los excolaboradores de Figueroa, de hecho, que les “pilló la máquina”.

“La información que quedó es bastante rica y relevante. Efectivamente nos hubiese gustado dejar un informe más amplio redactado, pero se dejaron insumos para seguir con el análisis y el convenio con la AFC al día, que permite seguir indagando y recabando información”, agrega Manríquez, antes de asegurar que para ella sería “ideal que el Mineduc, en vez de quedarse en que el informe que mandamos es corto, revise bien la información y vean la oportunidad de seguir enriqueciendo el debate en torno al CAE y poner esa información a disposición de quienes están metidos en la discusión”.

Y aunque no hubo un informe amplio, sí existió un primer “output”, como le describen los mismos funcionarios de la saliente cartera educativa, en enero de 2022. Ante ello, de hecho, se preparó una minuta -único documento que se alcanzó a redactar- a la que tuvo acceso La Tercera, misma que aseguran excolaboradores fue enviada por correo el 9 de marzo a un profesional de la División de Información y Acceso del ministerio, dos días antes de que asumieran las nuevas autoridades. Este es el supuesto correo institucional al que hizo referencia Guerrero en su Twitter.

Pero, además, según señalan cercanos de la administración anterior, se dejaron los datos brutos y al menos 30 documentos en One Note (plataforma online de almacenamiento de datos del Mineduc) para que el estudio pudiera seguir desarrollándose. Así también añaden que se dejaron tablas descriptivas que, por ejemplo, permitirían caracterizar a los actuales deudores.

“Dejamos todo ordenadito en carpetas”, aseguran los salientes. Esto también tenía un sentido de fondo, que era que cuando ya no fueran gobierno poder pedir los datos vía Transparencia para seguir analizando las cifras, entendiendo que no podían llevárselas al acceder a ellas siendo gobierno.

Sobre este punto, desde la Subsecretaría de Educación Superior señalan que con el objetivo de dar respuesta a una solicitud efectuada por Ley de Transparencia, realizaron “una investigación para acceder al mencionado estudio, pero se determinó que este no fue parte de ninguna de las carpetas de traspaso formal. Solo se dejó un escueto documento titulado ‘Minuta CAE 28.01′, un archivo Word de una plana y media, con un punteo de elementos comunicacionales sobre el supuesto informe. La mencionada minuta no da cuenta de un “estudio” ni hace referencia al mismo”. En este punto, de hecho, hay especial discordia, puesto que hay versiones encontradas sobre qué documento dejó el ministerio anterior y el que estos últimos aseguran haber dejado, siendo el primero más incompleto que el segundo.

“El problema es que no les conviene para su causa transparentar esta información”, dicen exautoridades de gobierno.

Los resultados preliminares del estudio, publicados por La Tercera en marzo de este año, señalaban, entre otras cosas, que el valor promedio de la cuota de un deudor del CAE es de 1,4 UF (en ese entonces aproximadamente $ 44.200) y casi la mitad de ellos (47%) paga una cuota inferior a 1 UF (cerca de $31.590 hace casi tres meses).

Esos mismos resultados señalaban además que más de un 50% de quienes han accedido al CAE lo hacen perteneciendo al primer o segundo quintil de ingresos (40% más vulnerable de la población) al momento de ingresar a estudiar, pero que luego de su paso por la educación superior, acorde a ese cruce de datos, sube al quinto quintil. Así, en mayo de 2021 (cuando se hizo el estudio) los ingresos promedio de los deudores CAE con registro en la AFC eran de $ 1.089.424 y enfrentaron una cuota mensual promedio de $ 43.653, casi un 4% de sus ingresos mensuales.

“Este mismo análisis muestra que tampoco es fácil caracterizar personas que están al día de los morosos, porque hay morosos con ingresos o personas al día sin ingresos”, dice Manríquez.

En la minuta de una plana y media que desde el Mineduc saliente dicen haber enviado al actual ministerio, titulada ‘Resultados preliminares de estudio sobre rentabilidad de la educación superior en Chile’, se señala que la muestra fue a 312.483 personas (48% de deudores en etapa de pago), de los cuales 299.736 (56% al día, 17% con algún nivel de mora, 27% con crédito acelerado o garantía ejecutada) se mantienen como deudores y tienen ingresos a mayo de 2021.

El número de la muestra, de hecho, es lo que genera el enfrentamiento entre Ávila y Guerrero: el primero aludió a un porcentaje (27%) del total de personas que actualmente están pagando el CAE en Chile (648 mil) y que menciona El Mercurio, mientras que el segundo toma el porcentaje (el 50%) del total de la muestra (312.483). Y de ahí la diferencia.

“Estamos recopilando la información actualizada de ingresos de quienes han estudiado con el CAE, para realizar un estudio acabado que nos permita elaborar la mejor política de condonación de las deudas estudiantiles”, cierran desde la subsecretaría de Educación Superior.