La hora de Miguel Ángel Aguilera: fiscalía pide 10 años de cárcel para exalcalde de San Ramón y el pago de una multa de más de $ 300 millones

El 26 de julio del 2021, esposado, vistiendo un chaleco amarillo con la palabra “imputado”, el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, bajó desde un vehículo de Gendarmería e ingresó hasta la Cárcel Santiago Uno. Ese día, el 15º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la autoridad, exmilitante del Partido Socialista (PS). Luego de un año tras las rejas, finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago cambió la medida cautelar por arresto domiciliario total, en el cual se mantiene a la espera del juicio.

A un año de haber dejado la cárcel, la Fiscalía Metropolitana Sur ingresó ante el tribunal la acusación en contra de la otrora autoridad comunal. En el documento, al cual tuvo acceso La Tercera PM, el Ministerio Público acusa a Aguilera de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos, por los cuales pide que se le condene a 10 años de cárcel y una millonaria multa.

Para acusar al exalcalde de San Ramón, quien fue sucedido por Gustavo Toro, los persecutores Víctor Núñez Escalona y Leonardo Zamora Hernández, de la Fiscalía Sur, presentarán una serie de antecedentes para acreditar que el hombre ícono del PS en la zona sur -partido al que renunció en 2017- se enriqueció mientras fue alcalde al recibir dinero a cambio de entregar millonarias licitaciones a las empresas que lo sobornaron.

En esa línea, según la acusación que ya está en el tribunal, los fiscales presentarán 410 pruebas documentales, entre las que se encuentran los estados de cuenta del exalcalde, así como también comprobantes de transferencias entre otros. A eso se suma la declaración de 59 testigos, dos peritos y otros 53 documentos fundamentales en la indagatoria impulsada desde el 2017.

En la acusación del Ministerio Público, al exalcalde se le sindica como autor del delito de enriquecimiento ilícito, por hechos que habrían ocurrido desde enero de 2013 a septiembre de 2017. En dicho periodo, la exautoridad habría incrementado su patrimonio en $ 268.818.500, según lo que analizó la fiscalía en dos cuentas corrientes a nombre del exjefe comunal. La fiscalía también decidió acusar y llevar a juicio oral a Daniel García Vega, quien se desempeñaba como funcionario municipal durante la administración de Aguilera y quien habría realizado dichos depósitos.

Por este delito, la fiscalía solicita que se le decrete el pago de una multa por el equivalente al incremento de su patrimonio, es decir, de más de $ 260 millones. Junto con eso, pide que se le inhabilite por siete años para ejercer cualquier cargo público, además del decomiso de una propiedad que adquirió en La Reina en 2016.

El incremento de su patrimonio, según la acusación de la fiscalía, se originó luego de que se configurara el segundo delito: cohecho pasivo. Los persecutores acusan de dichos actos contra la ley a la exautoridad luego de que este aceptara un beneficio económico para omitir un acto propio de su cargo. En concreto, se señala que Aguilera recibió $ 13.900.000 por adjudicar un proyecto a la empresa Asesorías en Investigación Social Ltda.

Otro de los hechos habría ocurrido cerca de dos años después, cuando el entonces alcalde de San Ramón recibió $ 3 millones de parte del propietario de la misma empresa que se adjudicó la elaboración de un plan comunal de prevención de seguridad. Lo anterior, pese a que no era la oferta más barata dentro de la licitación.

Por este delito, la fiscalía solicita 5 años y un día de cárcel para Aguilera, además de otros 10 años de inhabilitación de cargos públicos y el pago de una multa de $ 33.800.000.

El tercer y último delito es otro por los cuales la fiscalía solicita 5 años y un día de cárcel en contra de la exautoridad comunal a quien se le acusa de cometer hechos penalizados como lavado de activos. Por aquello, además, el Ministerio Público pide el pago de una multa de 300 UTM (unos $ 18.997.800) y nuevamente el decomiso de su casa.

Según la acusación, el exalcalde de San Ramón, a sabiendas del origen ilícito de los dineros, habría intentado ocultar o disimularlos, para lo cual realizó una serie de acciones que configuran el delito de lavado de activos. Uno de ellos, según los persecutores se habría dado luego de que realizara el “ocultamiento fraccionado” de los recursos, al ingresarlos a sus cuentan de manera parcial y por parte. A lo que se suman movimientos a través de sus productos bancarios, lo que habría servido para disimular la procedencia de los millonarios montos.

A lo anterior, se suma que también se le acusa de haber adquirido la casa del barrio Álvaro Casanova en La Reina con los recursos ilícitos. Según se señala en el documento, por dicho inmueble la exautoridad pagó más de $ 118 millones en efectivo, los cuales complementó con un crédito hipotecario.

Con todo, por los tres delitos la Fiscalía Sur está solicitando una pena de 10 años de cárcel para Aguilera, además del pago de una multa que suma $ 329.281.000, a lo que se suma la inhabilitación por 17 años de quien fuera uno de los alcaldes más reconocidos de la zona sur de la capital y del PS.

Para las próximas semanas, se espera que se fije la audiencia de preparación del juicio oral, la que posteriormente dará paso al juicio oral donde se decidirá si el exalcalde de San Ramón debe cumplir su pena tras las rejas o no.