La hora de Romy Rutherford: ministra que indagó el fraude en el Ejército postula a cupo en la Corte Suprema

Cuando la ministra Romy Rutherford (53) avanzaba en las pesquisas del caso del fraude en el Ejército, más de un interviniente lo comentó. “El proceso natural es que algún día llegue a la Suprema”, advertía uno de los abogados partes en la causa. El comentario no tenía mucho de aventurado, dado que todo funcionario judicial que comienza su carrera como juez, tiene, en algún minuto, la esperanza de llegar al máximo tribunal. Solo deben coincidir plazos y oportunidades.

Y esa constelación se dio para Rutherford, ministra cuyo nombre salió del palacio de los tribunales para hacerse común entre la opinión pública a partir de la investigación en el caso del fraude en el Ejército, donde procesó a 68 uniformados, entre ellos, en un hecho inédito, a los últimos cuatro comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022). El procesamiento de este último, sin embargo, fue revocado después por la Corte Marcial.

Con la salida del ministro Haroldo Brito de la Corte Suprema, tras cumplir 75 años -es decir, la mayoría de edad para obrar como juez de la República-, se abrió el proceso de postulación para los magistrados que quieran optar a ese puesto. Es a esta vacante a la que la ministra Rutherford cerró su postulación la semana pasada, donde adjuntó todo lo requerido para la selección a la espera de la citación de las ponencias ante el pleno.

La magistrada, tras salir de la investigación del fraude en el Ejército, el 4 de septiembre de este año, recayó en la sala tributaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, junto con integrar también el pleno del tribunal de alzada capitalino.

El proceso de selección para cubrir la vacante de Brito, sin embargo, no será breve. Ya con las postulaciones cerradas desde la semana pasada -donde también inscribieron sus candidaturas los ministros Omar Astudillo y Mireya López-, ahora la Corte debe analizar los antecedentes y citar a una audiencia de exposición. Después de eso se tiene que nombrar una quina y es ahí donde entra el gobierno.

El Ejecutivo, a través de la asesoría técnica -y también política- del Ministerio de Justicia, deberá escoger un nombre y luego el Presidente Gabriel Boric proponerlo al Senado. En la Cámara Alta, finalmente, se acogerá o no la elección de La Moneda.

¿En qué pie está Rutherford? Su rol como ministra investigadora del fraude en el Ejército tuvo una buena recepción en parte del mundo político; sin ir más lejos, fue desde el Congreso que se prolongó su visita en la causa en dos ocasiones.

Primero, a través de la Cámara de Diputados, con la redacción de la denominada “Ley Rutherford”, moción que le permitió aumentar el plazo original de su liderazgo en la indagatoria por dos años más. Esa iniciativa fue patrocinada por el diputado PS Leonardo Soto y el hoy senador del Partido Demócrata Matías Walker.

El segundo guiño a su gestión llegó a través de una indicación en el proyecto de ley del Ejecutivo para “enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública”. En uno de los pasajes de esta norma se incluyó la visita de Rutherford, permitiendo que siguiera en la causa por dos años más.

En el oficialismo, de quedar en la quina y ser escogida por el gobierno, podría obtener los votos. En el caso de la oposición, quizás, la pista es más compleja, dado que fue durante el gobierno de Sebastián Piñera cuando procesó a gran parte de los generales investigados, generando un gran revuelo político que obligó al entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, a solicitar el retiro a 21 generales. La tensión entre la ministra investigadora y el entonces secretario de gobierno era más que comentada entre los intervinientes de la causa.

El camino hacia el máximo tribunal de los postulantes a este cargo será largo, más cuando el gobierno aún no zanja otros dos nombres sin reemplazo: el del ministro Guillermo Silva -donde retiró incluso el nombre de Jessica González- y el de la fiscal judicial, Lya Cabello. Justicia tiene dos tareas pendientes con la Suprema y ahora se suma una tercera, la cual podría involucrar el ascenso de la ministra Romy Rutherford.