La incómoda “herencia” de Lavín: TC rechaza recurso y Las Condes deberá pagar $10 mil millones a inmobiliaria por paralizar obras en 2016

Un nuevo capítulo sumó, este viernes, la disputa judicial entre la Municipalidad de Las Condes y la Inmobiliaria Nueva El Golf, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara un requerimiento presentado por la administración de la alcaldesa Catalina San Martín con el que buscaba detener el pago de una indemnización de casi $10 mil millones en favor de la empresa, que construiría dos edificios en el exclusivo barrio El Golf.

La decisión del tribunal, encabezado por Daniela Marzi, era lo último pendiente en el largo camino que inició en 2016 la firma, que decidió demandar a la administración del entonces alcalde Joaquín Lavín, la que ordenó –en esa época– detener las obras de un proyecto que contemplaba la construcción de dos lujosos edificios de departamentos.

Pese a que la iniciativa contaba con los permisos de edificación, dos años después Lavín impidió que el proyecto Vespucio 345 viera la luz, argumentando discrepancias por la medición de la superficie en que se emplazaba el proyecto, lo que conllevaría a una menor constructibilidad.

A raíz de esa decisión, y de sucesivas detenciones de las obras, la inmobiliaria de propiedad de Pablo Letelier y Juan José Gana recurrió a la justicia y demandó al municipio, acusando un actuar “ilegal y arbitrario”; proceso judicial que fue llevado ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, el que el 11 de junio del año pasado ordenó al municipio –ahora encabezado por San Martín– pagar $9.400 millones en indemnización, determinado que la repartición municipal incurrió en una “falta de servicio”.

Ante la decisión del tribunal de primera instancia, la Municipalidad de Las Condes presentó dos recursos, uno de “casación en la forma” y una apelación en subsidio. Pese a que el juez que revisó aquellos requerimientos visó la presentación, los abogados de la inmobiliaria –encabezados por Sebastián Yanine– recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago acusando que ambas acciones eran improcedentes por la forma en la que fueron interpuestas.

Las acciones presentadas por la municipalidad fueron objetadas por el tribunal de alzada. En su resolución, la corte determinó que no se ajustaba al procedimiento determinado en el Código de Procedimiento Civil.

“En consecuencia, el tribunal a quo (primera instancia) incurrió en un error al conceder el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, pues este no cumple con los requisitos legales para su admisibilidad. La correcta aplicación de la norma procesal exige que, en casos como el presente, donde se interponen recursos de casación en la forma y de apelación contra una misma sentencia de primera instancia, ambos sean presentados de manera conjunta y no subsidiaria, para así cumplir con la exigencia legal y permitir su adecuado conocimiento por parte del tribunal de alzada”, estableció el tribunal.

Tras la resolución del tribunal de alzada, el municipio de San Martín recurrió al TC a través de un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, del Código de Procedimiento Civil. En su escrito, apuntan a que la determinación, “produce efectos que constituyen una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, como consecuencia de la imposibilidad de mi representada de exigir que se rinda fianza de resultas antes de que se lleve a efecto la sentencia definitiva dictada por el tribunal de primera instancia”.

“Obligar a la municipalidad a pagar dicha suma de dinero, privada de la posibilidad de solicitar fianza de resultas, constituye una situación que claramente vulnera la esencia del derecho de propiedad”, agrega el escrito de la administración San Martín ante el Tribunal Constitucional.

Este miércoles 12 de marzo, el TC resolvió el requerimiento de Las Condes y dio un nuevo portazo judicial a la Municipalidad de Las Condes, al determinar inadmisible el requerimiento al determinar que no existe “un conflicto constitucional plausiblemente fundado”.

En su resolución, la primera sala del tribunal declaró inadmisible el requerimiento al determinar que “se controvierte en sede constitucional lo que fuera decidido por un tribunal en su respectivo ámbito de competencia al determinar el sentido y alcance de los preceptos que, posteriormente, son impugnados buscando su inaplicabilidad”.

En esa línea, agrega el fallo que “se cuestiona el marco procedimental en que se desenvuelve la gestión invocada y sus respectivos hitos procesales, cuya enmienda, de proceder, es ajena a esta acción constitucional. Una eventual sentencia estimativa de inaplicabilidad no permitiría retrotraer fases procesales ya verificadas en la gestión invocada”.