La incomodidad de La Moneda y las críticas oficialistas que desató el “silencio” de Maya Fernández

El miércoles, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), fue consultada sobre la disposición del Ejecutivo de colaborar en la investigación del Ministerio Público por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, que derivó en la imputación de la senadora Isabel Allende (PS) y la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS).

“No hay ningún misterio sobre estos temas. Cada vez que la Fiscalía ha necesitado antecedentes sobre cualquier investigación, que estén en manos del gobierno, así se ha hecho (…). Como gobierno, en esto tenemos ya una trayectoria y vamos a ser coherentes con ella en este caso”, dijo la jefa del gabinete.

Este jueves, sin embargo, la titular de Defensa entregó una señal contraria al acoger su derecho a guardar silencio ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien fue asignado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, para indagar la compra del Fisco a la casa del exmandatario. La misma vía tomó la senadora Allende.

La situación dejó en una incómoda posición al gobierno, donde siempre han buscado instalar un mensaje de colaboración y transparencia con la justicia. El propio Presidente Gabriel Boric ha encabezado esta idea al declarar como testigo voluntario ante el fiscal Xavier Armendáriz, en el marco de la investigación por el caso de Manuel Monsalve. Incluso, el jefe de asesores del Mandatario, Miguel Crispi, ha rechazado su derecho a guardar silencio y declaró hace un tiempo en la indagatoria por el lío de platas.

De hecho, desde Palacio en un inicio algunos transmitían que “no fue lo mejor”, mientras que otros prefirieron no opinar debido a que no compartían la decisión tomada. Sin embargo, con el paso de las horas, en el Ejecutivo intentaron desdramatizar el escenario y señalar que el silencio se debe a una estrategia judicial.

En medio de la polémica, la ministra Tohá volvió a abordar el tema este viernes, en una pauta en Peñaflor. Allí le preguntaron si es que no habría sido mejor que Fernández declarara, considerando que el propio gobierno señaló que se iba a colaborar con la investigación. “El ejercicio de los derechos nunca puede ser visto como un obstáculo a las investigaciones. Son parte de las alternativas que la ley considera”, fue la respuesta de la titular del Interior.

En Palacio han optado por afirmar que, más allá de los precedentes que se han sentado, en esta ocasión lo que primó fue la estrategia jurídica de la ministra de Defensa, a cargo de la abogada Paula Vial. “Como equipo jurídico aconsejamos a la señora Fernández hacer uso de su derecho a guardar silencio por el momento, con la disposición de continuar entregando los antecedentes que requiera el Ministerio Público, en las oportunidades que correspondan. Está tranquila y, como siempre, dispuesta a colaborar”, afirmó.

En el entorno de la ministra Fernández, en todo caso, transmiten que la estrategia jurídica que plantearía ante el fiscal Cooper estaba en conocimiento de La Moneda y remarcan que no ha tenido acceso a la carpeta investigativa.

En esa línea, también se recalca que, a diferencia de otros personeros del Ejecutivo que han declarado en el caso -como Francisca Moya, de la Segpres, o el subsecretario Sebastián Vergara, de Bienes Nacionales-, Fernández está en calidad de imputada, lo que convierte su declaración en un tema más sensible. Al mismo tiempo, en el PS recuerdan que, por ejemplo, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, también optó por guardar silencio en ocasiones pasadas, cuando enfrentó juicios vinculados al estallido social.

El PPD fue uno de los partido donde más se incubó la incomodidad con la postura jurídica de Fernández. El senador y presidente de la colectividad, Jaime Quintana, indicó a La Tercera que “si bien el silencio es un derecho del imputado, esta actitud, lejos de colaborar a explicar la plausibilidad de la iniciativa, solo la sigue contaminando”.

En la misma línea, la diputada y jefa de bancada del PPD e independientes, Camila Musante, dio cuenta a este medio de que el silencio de la ministra ante el fiscal Cooper “puede generar un poco de contradicción con lo que ha manifestado el propio Presidente de la República. Lo ha dicho claramente, este es un gobierno que no tiene nada que esconder. Que una ministra guarde silencio en este caso choca, al menos, o llama la atención, entra un poco en contradicción con el mandato que nos da nuestro Presidente Boric”.

Desde el Partido Radical, su presidente, Leonardo Cubillos, dijo que “está claro que es una estrategia jurídica ante el ente persecutor, quizás hasta necesaria, ya que es un derecho de los imputados, lo que a mi juicio no coloca en entredicho la colaboración en el proceso investigativo”.

Pese a ello, también afirmó que “es extraña la estrategia judicial, legítima y a la cual tiene derecho, pero me ha llamado la atención la razón del silencio, ya que provoca mas ruido que el efecto esperado, porque esta causa también es muy mediática. Debe tenerse en cuenta que debe protegerse la imagen de ambas autoridades también, y la estrategia adoptada no ayuda mucho”.

La defensa de la ministra Fernández vino especialmente desde su mundo socialista de origen. El senador Juan Luis Castro sostuvo que “es un derecho legítimo y legal de la defensa, cuando no se tiene acceso a la carpeta investigativa. Habrá que esperar el desarrollo del proceso y la apertura de la causa penal”.

Siguiendo el mismo camino, el diputado Juan Santana planteó que “hay distintas formas de cooperar y que son compatibles con no pecar de ingenuo. La investigación tiene origen en la querella de un excandidato a constituyente del Partido Republicano, con una evidente intención política detrás, y cualquier declaración va a ser utilizada de forma oportunista. Es importante evitar esto. La ministra Fernández debe seguir desarrollando sus labores tal como lo ha hecho hasta ahora”.

Fuera del PS, el diputado Jaime Araya (PPD-ind.) señaló que “esta investigación es producto de una querella interpuesta por un abogado vinculado al Partido Republicano, por lo tanto las actuaciones de la investigación están dentro de la lógica procesal ordinaria y, en tal sentido, que la ministra haga uso de un derecho constitucional no tiene ninguna connotación, ni positiva ni negativa. (...). Todos queremos una investigación seria y no un circo comunicacional”.