La intrahistoria de la localía raptada a Coquimbo: una batalla permanente entre Conmebol y el gobierno chileno

La suspensión de la semifinal entre Coquimbo y Defensa y Justicia generó repercusiones en varios países. No solo en Chile y Argentina, de los cuales ambos elencos son representantes. También en Luque, en Paraguay, donde está la sede de la Conmebol. El COVID arrasó con un partido que partió con polémica luego de que la Conmebol decidiera aplicar el reglamento y llevar el duelo a Santiago, pues la distancia entre el aeropuerto y la Cuarta Región superaba los 150 kilómetros. Viajar en un chárter a La Serena, según estaba planificado en un comienzo, resultaba imposible por el decreto interpuesto por el gobierno que prohíbe los viajes internacionales desde regiones por el alza sostenida de contagios.

Lo cierto es que ayer, luego de que se dieran a conocer los tres positivos de Defensa y Justicia, y los 58 contactos estrechos, se vivió un nuevo gallito entre la Conmebol y el gobierno. Se hizo en silencio, durante la tarde. Se alargó lo que más pudo. Es que mientras la Seremi ordenaba cuarentena estricta para todos los miembros del plantel argentino, tras realizar la trazabilidad de rigor, la sede que rige el fútbol sudamericano se negaba a suspender el encuentro. El comisario del duelo, incluso, aseguraba en el Nacional casi dos horas y media antes del encuentro no tener antecedentes de lo que ocurría a esa hora en el Hotel Hilton, en Las Condes. Hasta las 19.10 horas, el equipo de Buenos Aires no había recibido ninguna información e incluso estudiaron la posibilidad de trasladarse de igual forma al reducto nuñoíno. Coquimbo Unido, frente a la falta de información, decidió emprender rumbo al Nacional. Incluso, entrenaron y algunos futbolistas, como Rubén Farfán, subieron una serie de videos ironizando con la insólita situación.

A eso de las 19.30 horas, la Conmebol se dio por vencida. A esa altura, poco importaba los cambios de reglamentos que se habían diseñado para que este tipo de situación no ocurriera. “El Consejo de la CONMEBOL, reunido a través de videoconferencia, determinó aumentar en 10 plazas las listas de buena fe presentadas por los clubes que participan de la CONMEBOL Libertadores y de la CONMEBOL Sudamericana, pasando de 30 a 40 jugadores. Considerando que los reglamentos disponen que un equipo puede presentarse a jugar hasta con un mínimo de siete jugadores, el Consejo resolvió esta ampliación de la nómina de atletas para que los equipos mantengan sus niveles de competitividad, ante imprevistos derivados de la pandemia de Covid 19″, decía la circular enviada a las federaciones, el pasado 13 de agosto de 2020. Ahora, la semifinal se trasladaba de forma arbitraria a Asunción, el próximo 12 de enero.

La cuarentena de la Seremi de la Región Metropolitana no permitió que nadie saliera del Hotel de concentración argentino. Bajo ese punto, poco importaban las maniobras de última hora de la Conmebol. Y si los dirigidos por Crespo decidían romper la cuarentena, ignorando lo que se les había aplicado, se iban presos por desacato. La entidad, luego de llamadas y negociaciones, tuvo que ceder. Y enviar el comunicado lapidario que, además, establecía que la semifinal se trasladaba para el próximo martes a Asunción. Coquimbo no solo no jugaba ahora en su región sino que debía salir del país. Aquí, se enfrentaban dos acuerdos del protocolo confeccionado para el reinicio de las copas internacionales: Uno, del consejo de Conmebol indica: “En caso de que un club no pueda presentarse a un encuentro por no contar con la cantidad suficiente de atletas en condiciones, perderá los puntos por walkover”.

Por otro lado, el organismo también estableció un escenario de acción en caso de que “por disposiciones y medidas sanitarias de prevención específicas de un país de origen, no pueda ejercer su localía en su país”. En ese contexto, la CSF definió que “el club deberá fijar y ejercer su condición de localía en otro país/ciudad apta”. País, ciudad y estadio que debe definir la Conmebol. El lío está encendido.

La rencilla entre el gobierno y la Conmebol viene de hace más de doce meses. Se arrastra específicamente desde que Santiago perdió la sede para disputar la final de la Libertadores en noviembre de 2019 por los riesgos que significaría jugarla frente al estadio social que golpeaba en ese momento al país. Alejandro Domínguez, el presidente de la entidad, a los pocos días de confirmar Lima como la sede, lanzó sus primeros dardos contra el gobierno de Sebastián Piñera. “Lima era la ciudad donde tendríamos que haber venido desde el principio” y “avanzamos en 11 días lo que nos había costado más de 11 meses”, fueron el tenor de sus declaraciones.

Las palabras del dirigente de 48 años tuvieron rápida respuesta desde el gobierno. Cecilia Pérez, la ministra de deportes, no tuvo piedad con el paraguayo y cuestionó la organización del evento. “Sus declaraciones nos sorprenden cuando él señala que en 11 meses no se hizo lo que se hizo en 11 días en Perú, ¿A qué se refería? ¿Se refería a que en el Gobierno no les aceptamos tramitar una ley corta para pagar menos impuestos a la Conmebol y a sus patrocinadores? ¿Se referían a que no aceptamos cerrar dos meses antes el estadio Nacional y no pudieran nuestros deportistas entrenar? ¿O se referían a que nosotros como Gobierno en esos 11 meses no aceptáramos financiarles una fiesta de 40 millones en Castillo Hidalgo para los gerentes de la Conmebol y a sus patrocinadores?”, respondió. “Si nos volvieran a pedir esas condiciones, la respuesta como Gobierno serían las mismas. No señores, los deportistas de nuestro país están primero y también las reglas claras en materia de ley para todos, se cumplen en nuestro país”, agregó la autoridad de gobierno.

Desde ese momento, la relación entre la Conmebol y Chile se quebró. El combate velado tuvo meses después otro combate público, cuando Cecilia Pérez salió a frenar de golpe el anuncio de la Conmebol de un cordón sanitario impuesto y aprobado para todos los equipos participantes en la Libertadores y la Sudamericana. La ministra dejó claro que esa decisión correspondía a los gobiernos de cada país, al chileno en su territorio. Tras unas reuniones en la que les tocó ceder a ambas partes para llegar a un acuerdo, se regalaron tuits cariñosos para la galería.

Domínguez no ve a Chile como una plaza confiable frente a los problemas que se le han ido presentando. En el gobierno, en tanto, repiten que nadie está por sobre las normativas del país. Y menos en un aspecto como el sanitario frente a la lucha que se está dando contra el Covid.

Ayer, en el documento enviado por la Conmebol, la entidad con sede en Luque criticó el actuar de la Seremi. “Es oportuno señalar que el protocolo en vigencia en Chile para los partidos internacionales establece que todos los miembros de la delegación visitante serán sometidos a pruebas de detección del virus al momento de arribar. Según este protocolo, las autoridades chilenas debían entregar los resultados en ocho horas”, dice en una parte de la misiva. Ahora viene la acusación: “Los test a la delegación de Defensa y Justicia fueron realizados el día 6 a las 13 horas, pero los resultados fueron proveídos recién el día 7, sobrepasando largamente las ocho horas referidas. Además, la determinación de declarar en aislamiento a toda la delegación fue comunicada apenas dos horas antes del inicio del partido”, declara.

Los movimientos Piratas

En Coquimbo Unido trabajan a mil por hora. Hoy, a eso de las 9:30 horas, Pablo Ramírez, gerente del cuadro Pirata, llegó a la ANFP a reunirse con Pablo Milad. También estuvo presente Yamal Rajab, gerente de ligas. La reunión, que se pactó una vez conocida la decisión de la Conmebol de suspender la semifinal frente a Defensa y Justicia, por los tres positivos y 58 casos estrechos, tenía como finalidad definir los pasos a seguir frente a una decisión que dio la vuelta al mundo. A esa misma hora, desde la gerencia del equipo del norte preparaban el chárter y el hospedaje de cara al duelo que se jugará en Asunción. Todos los escenarios son posibles.

El telefóno de Milad no paró de sonar desde anoche. Llamadas que han venido desde el gobierno hasta del propio Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. La cabeza de la sede de Quilín se comprometió con el cuadro Pirata a solicitar las tres unidades del duelo que no se jugó ayer. “Quiero ser enfático: Coquimbo Unido cuenta con todo el respaldo de esta Federación”, decía en un video que grabó desde Quilín. El timonel estuvo hasta pasada la medianoche en la sede que rige el fútbol chileno. Aunque el peso federativo chileno en la Conmebol parece ser mínimo.

En la misiva, también se apunta que lucharán en conjunto para impedir que la final se juegue en Asunción, el próximo martes. “El partido se tiene que jugar en Chile sí o sí. Coquimbo es de Chile. Hemos hecho todo bien, se han aceptado de manera digna todas las decisiones no estando de acuerdo, pero esto pasa los niveles de la lógica deportiva. Nosotros haremos valer nuestros derechos y esperemos que la ANFP esté a la altura”, sentenció Jorge Contador, presidente del Barbón.

Pablo Morales, el gerente del equipo Pirata, anticipaba que no existe la posibilidad de retirarse de la competición:“Nuestro rector de la competencia nos reprogramó para jugar el martes en Asunción y eso están trabajando jugadores y cuerpo técnico. Independientemente de que exijamos los tres puntos. Como dijo nuestro capitán Cano, en Paraguay, Chile o Japón, vamos a presentarnos con la frente en alto”

En relación a si existe alguna intención de perjudicar al equipo de la Cuarta Región, Morales prefiere ser cauteloso: “Tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo. No puede hablar de manos negras ni nada de eso. No corresponde. Sí puede decir que estas son situaciones inéditas, que nos dejan sorprendidos y apenados”, cierra.