La jugada sorpresiva de Monsalve para subirse a la agenda de Tohá

En momentos en que la agenda legislativa en materia de seguridad mostraba claras señales de estancamiento, el encuentro sostenido por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), con cuatro de sus antecesores, al menos, remeció el tablero.

A la sede de gobierno llegaron el lunes en la mañana Felipe Harboe (quien fue subsecretario entre 2006-2008), Rodrigo Ubilla (2010-2014 y 2018-2020), Mahmud Aleuy (2014-2018) y Juan Francisco Galli (2020-2022).

La idea de Monsalve era relevar que la seguridad pública debía dejar de ser un espacio de confrontación constante entre oficialismo y oposición y pasar a convertirse en un tema de Estado, independiente del gobierno de turno, como lo son, por ejemplo, la Defensa y las Relaciones Exteriores.

“El diálogo y la colaboración deben ser una práctica permanente de la democracia. En este caso en particular, la doctrina del gobierno ha sido que la tarea de proteger la seguridad de las personas se convierta en tareas de Estado y en espacios de colaboración. Que la lucha contra la delincuencia común y también la lucha que el Estado tiene que dar contra el crimen organizado sean también una política de Estado”, remarcó el subsecretario.

Si bien la cita tenía como objetivo central abordar tanto temas operativos como legislativos, el encuentro también tenía otras lecturas políticas. Además de dar una señal de distensión ante el clima de polarización, el encuentro volvió a visibilizar el rol del exdiputado socialista en esta agenda que desde el año pasado estaba bajo control casi absoluto de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

Por su actual responsabilidad, Monsalve es uno de los candidatos “naturales” para asumir eventualmente como ministro de Seguridad Pública, si es que la reforma que crea esta nueva secretaría de Estado (que hoy está en manos de la Cámara de Diputados) logra destrabarse. En todo caso, otro que suena como carta para asumir en ese nuevo ministerio es el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

Si bien el subsecretario Vergara tiene a su cargo algunas iniciativas de la agenda, por ejemplo, la que regula los guardias privados, su margen también se ha reducido por el papel de Tohá. Hasta ayer Vergara figuraba como expositor de un foro del Centro de Políticas Públicas de la UC sobre el nuevo Ministerio de Seguridad. Sin embargo, finalmente la ministra del Interior será la principal oradora del encuentro programado para el jueves.

Cuando asumió el Presidente Gabriel Boric, la agenda de seguridad, sobre todo en el ámbito legislativo -que llevaba la entonces titular del Interior Izkia Siches, en compañía de Monsalve-, no era parte de las prioridades del gobierno.

Sin embargo, las pocas leyes de seguridad que lograron sacarse en ese período, por ejemplo, la iniciativa contra el robo de madera, estuvieron básicamente a cargo del equipo de Monsalve.

Con la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 y la llegada de Tohá, el subsecretario del Interior pasó a un segundo plano. Si bien el grupo asesor de exdiputado PS continuó trabajando en la agenda legislativa, su rol en el plano comunicacional quedó reducido a temas operativos.

Desde entonces el control de la agenda legislativa de seguridad quedó casi exclusivamente en manos de la jefa de Interior, quien asumió la interlocución con los representantes de la oposición en el Congreso.

De hecho, tras el quiebre que se produjo entre La Moneda y las fuerzas de derecha por los indultos concedidos por el Presidente Boric a fines del año pasado, fue Tohá quien lideró las conversaciones con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), para reponer la agenda de seguridad.

Producto de esas tratativas, a mediados de abril se logró conformar una lista de 31 prioridades, cuya meta era tenerlas despachadas antes de fin de año. Hasta ahora solo suman 16 las iniciativas con su tramitación legislativa normal culminada.

No obstante, a dos meses del cierre de año, las señales de paralización de estas reformas son evidentes.

Si bien los cambios legales más simples (pero no menos polémicos, como las sanciones al porte de combustible en protestas) han salido del Congreso, las reformas más densas de esta lista de 31 prioridades hace semanas que no se discuten. Ese es el caso del proyecto que crea el mencionado Ministerio de Seguridad, el que establece reglas de uso de la fuerza y el que instaura un sistema de defensoría de víctimas.

Un caso especial es la nueva Ley de Usurpaciones, que endurece medidas contras las tomas de propiedades, que está en fase de discusión de un veto presidencial (ingresado para corregir algunos aspectos del texto aprobado inicialmente por el Parlamento). Si bien la Cámara debiera despachar el veto la próxima semana, el desenlace tendrá un alto costo de roces políticos.

Además, hay otras reformas que no son parte de las 31 prioridades, pero que también son de una alta complejidad y tensión política, como la nueva Ley Antiterrorista o la modernización del Sistema de Inteligencia. Estas dos iniciativas siguen entrampadas y fueron parte de la conversación de Monsalve con sus antecesores.

Este encuentro con exsubsecretarios, algunos de ellos de la oposición, sorprendió a algunos “inquilinos” de Palacio.

Si bien el encuentro fue avisado con anticipación al equipo de Tohá, causó ruido en sectores del gobierno que Monsalve volviera a poner la discusión de la agenda de seguridad en momentos en que el país estaba más interesado en el desarrollo de los Juegos Panamericanos y en el cierre del proceso constituyente.

La semana pasada ya había generado inquietud en La Moneda que el mismo subsecretario abriera un debate sobre el desescalamiento del estado de excepción constitucional de emergencia en el Biobío y La Araucanía. Aunque desde la misma oposición algunos están abiertos a conversar de ese tema, ello requería de un trabajo más delicado.

No obstante, el encuentro de Monsalve con los exsubsecretarios fue valorado con matices por algunos representantes legislativos de oposición.

“Me parece positivo que se generen instancias donde se escuche y recoja la experiencia. Es una señal de que al parecer no todos están velando por anteponer miradas ideológicas alejadas de la realidad en algo que requiere una mirada integradora. Es lo mínimo que pide la ciudadanía ante un flagelo que se está instalando con fuerza en nuestro país como el crimen organizado”, dijo el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN).

“Todo lo que sea sumar a la agenda de seguridad, bienvenido, pero que el gobierno deje de remar contra los proyectos claves de seguridad. Ahora vamos con la Ley Antiterrorista como prioridad en el Senado”, expresó, en tanto, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast (Evópoli).

No obstante, en la derecha hay quienes son más escépticos de estos acercamientos.

“Van a cumplirse dos años de gobierno y continúan las reuniones protocolares, los diagnósticos, análisis y mesas de trabajo; parecieran no entender la gravedad de la crisis de seguridad que vive nuestro país. ¡Un año se demoraron en presentar un documento que definiera la política contra el crimen organizado! ¡Un año para escribir poco más de 50 páginas llena de fotografías y espacios vacíos!”, comentó el diputado Cristián Araya (republicano).