PC depone postulación de Cariola a la presidencia de la Cámara y oficialismo trabaja Plan B con carta socialista

Un encuentro telemático -en el que también participó la ministra Ana Lya Uriarte (Segpres)- sostuvieron este miércoles en la mañana los jefes de bancada del oficialismo y la DC, con el fin de buscar una salida ante un riesgo inminente: una derrota en la votación que se realizará el próximo lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados para elegir a sus nuevas autoridades.

Según el acuerdo administrativo suscrito en marzo pasado, tras la renuncia del actual presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), correspondía elegir a la diputada comunista Karol Cariola en su reemplazo.

Sin embargo, las bancadas de la DC, el PDG y algunos independientes, como Pamela Jiles, Carlos Bianchi, René Alinco y Andrés Jouannet, pusieron en duda el apoyo a la legisladora comunista, quien fue rostro de la fallida campaña del Apruebo, en el plebiscito del 4 de septiembre.

Además, en la reunión telemática de este miércoles, el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, reiteró que su grupo no apoyaría a Cariola debido al respaldo que brindaron las diputadas comunistas Lorena Pizarro y Carmen Hertz a una querella de la Comisión Chilena de DD.HH. (ONG ligada sectores de izquierda) presentada en contra el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sergio Micco (exmilitante DC).

A esas alturas, persistir en la candidatura de Cariola o de cualquier diputado comunista ya era completamente inviable, según parlamentarios oficialistas. De hecho, desde la semana pasada comenzó a delinearse un plan B: presentar un representante de otra bancada afín al gobierno, candidatura que, según afirman en el sector, recaería en un diputado del PS. Adicionalmente, se podría abrir una línea de negociación con la derecha para rehacer la integración de la mesa de la Cámara y revisar ciertas jefaturas de comisiones.

Con esos antecedentes, en horas de la tarde, el Partido Comunista -a través de una declaración pública- terminó con el suspenso. “Debemos comunicar que, por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no están las condiciones para que un militante o una militante comunista asuma la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Se ha impuesto en los hechos, con diversos argumentos, un veto a nuestro partido”, dice el escrito.

“Lamentamos que este sea el estado de las cosas, pero es la realidad: quienes comprometieron su palabra frente a Chile confirman que no cumplirán (...) Como comunistas ya lo dijimos: no estamos disponibles para que se use nuestro nombre, el de nuestro partido o que se denueste públicamente a alguna o alguno de nuestros militantes, como excusa para no cumplir la palabra”, añade el texto.

Y concluye: “Ante esta situación, como partido, renunciamos, por ahora, a nuestra legítima opción, ante el incumplimiento de lo acordado, al mismo tiempo que llamamos a las fuerzas políticas a buscar los acuerdos que sean necesarios en aras de tener una mesa que contribuya al gobierno y a su agenda de transformaciones”.

Competir con Cariola, aún con la certeza de perder, era una posibilidad que estaba sobre la mesa, no obstante, con la decisión de deponer su candidatura, el oficialismo ahora busca mantener el control de la Cámara.

Perder la mesa y, por ende, las comisiones legislativas -instancias cruciales para definir qué leyes se discuten- podía tener consecuencias catastróficas para la agenda gubernamental, que entrará en fase decisiva con la presentación de la reforma de pensiones. De hecho, la elección de la Cámara se transformó en una prioridad para la ministra Uriarte, quien inició gestiones personales para convencer a disidentes. Incluso, dijo, durante la semana pasada, que estaba dispuesta a “jugarse el 100% de su capital político” en esa tarea.

En el oficialismo comentan que Cariola, quien ya había visto frustrada una elección para la vicepresidencia de la Cámara en 2020, estaba dispuesta a bajarse, pero la directiva de su colectividad se resistía, mientras que el Ejecutivo se había puesto como plazo fatal el pasado fin de semana para decidir y así tener algunos días para desplegar el plan de emergencia.

Consultado este miércoles en la tarde por la posibilidad de entablar negociaciones con la derecha, el presidente del PC, Guillermo Teillier, no lo descartó. “Tienen que discutirlo los partidos y es algo que se se está discutiendo en el Congreso”, dijo.

En el oficialismo, en todo caso, recalcan que el PC está jugando un rol preponderante en el denominado plan B para buscar el reemplazo de Cariola.

El riesgo de una derrota a manos de la derecha, que ya tiene en marcha conversaciones para un acuerdo con varios diputados descolgados para tomar posesión de la mesa y, con ello, intentar rehacer la integración de comisiones, abrió soterradas recriminaciones respecto de la estrategia que siguieron los diputados oficialistas que confiaron en parlamentarios que tenían un historial de desmarques (como Jiles, Alinco y Bianchi) o bien con grupos nuevos, como el PDG, cuyo comportamiento era impredecible.

De hecho, algunos senadores oficialistas recuerdan que a inicios de año se les recomendó a sus diputados que negociaran directamente con los partidos mayoritarios de la derecha, como la UDI y RN, para no quedar a merced de los chantajes y vaivenes de grupos minoritarios.

La experiencia de los últimos años había llevado a las bancadas de senadores del PS, del PPD, de la UDI y de RN a buscar un acercamiento que emulara la política de acuerdos que se instauró en marzo de 1990 al término de la dictadura y que predominó en casi todos los gobiernos de la Concertación.

Ese pacto administrativo -sellado por el fallecido fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y el entonces presidente de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar- permitió que Gabriel Valdés (DC) y José Antonio Viera-Gallo (PS) se alzaran como los primeros presidentes del Senado y la Cámara Baja, respectivamente, desde el retorno de la democracia, a cambio de una distribución en las vicepresidencias y jefaturas de comisiones, instancias cruciales para definir qué leyes se discuten.

Ese entendimiento, conocido como el Pacto Guzmán-Valdés, se convirtió en la piedra angular de la política de acuerdos de los primeros años de transición, una de las épocas más prolíficas en materia legislativa. Solo en el primer año del gobierno de Patricio Aylwin (marzo de 1990 a marzo de 1991) se publicaron 77 nuevas leyes, entre ellas, reformas laborales, tributarias, cambios políticos como las modificaciones a la Ley Antiterrorista. A modo de referencia, en los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric solo se han publicado 18 nuevas leyes ingresadas en este período.

Así, las principales bancadas del oficialismo y la oposición definieron en marzo de este año una repartición equitativa de años en la presidencia del Senado y una rotación en las comisiones. Ello aseguraba al gobierno al menos un par de ventanas de tiempo para poder desplegar su agenda legislativa dentro de la Cámara Alta.

El camino que siguió la Cámara de Diputados, sin embargo, fue distinto. Según un par de senadores, que piden anonimato, desde el mismo gobierno se alentó un acuerdo del oficialismo con fuerzas no alineadas con el fin de marginar a la derecha. Ello derivó en que en las bancadas opositoras iniciaran una soterrada negociación hace dos meses para tratar de devolverles la misma moneda a los grupos de izquierda y centroizquierda.

El plan de la derecha, hasta el momento, estaría rindiendo frutos, ya que tendrían los votos para imponer una carta propia, posiblemente el diputado Víctor Pino (PDG), como presidente de la Cámara.

El primer quiebre de un acuerdo administrativo se produjo en marzo de 2008, a fines del primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando los entonces senadores Adolfo Zaldívar (ex-DC) y Fernando Flores (ex-PPD), quienes habían roto con sus antiguos partidos, acordaron una nueva composición de la mesa de la Cámara Alta con el independiente Carlos Bianchi y la derecha. Ello marcó el fin del Pacto Guzmán-Valdés y truncó la llegada de Ricardo Núñez (PS) a la titularidad del Senado.

Pero, en el período siguiente, durante la primera administración de Sebastián Piñera, las fuerzas de la Concertación tomaron represalias en el Senado y, en alianza con el mismo Bianchi, marginaron a la derecha de las jefaturas de comisiones y de la testera.

La respuesta de la derecha fue pactar en marzo de 2010 con algunos diputados ex-DC, como Pedro Araya, Alejandra Sepúlveda, Pedro Velásquez y el independiente Miodrag Marinovic, para tomar el control de la Cámara.

El desquite de los sectores progresistas (ex-Concertación) se dio en 2014, ya que gracias a los votos de izquierda (el PC y el incipiente Frente Amplio) pudieron recuperar la titularidad de la corporación y posicionarse en las principales comisiones. No obstante, esa forma de buscar mayorías con votos descolgados -el “pirquineo” en jerga política- al final terminó desgastando a los gobiernos de Bachelet y Piñera.

En privado, algunos diputados lamentan haber pactado con gente equivocada, sin embargo, no todos hacen la misma lectura.

El subjefe de la bancada de diputados socialistas, Tomás de Rementería, dijo que “tal vez si hubiéramos hecho una negociación más amplia, hoy tendríamos a Karol Cariola de presidenta en este período y no con esta inestabilidad que se generó en el Congreso”.