La Moneda en alerta por la acusación contra Piñera: los contactos con la oposición y el factor electoral

Será otro tema imposible de pasar por alto en el casi mes y medio que queda de campaña electoral. Si la oposición presenta la próxima semana la segunda acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, y si los tiempos dan, ésta podría estar votándose en la sala de la Cámara de Diputados pocos días antes de la primera vuelta. Y con pocos días de diferencia del pase -o no- del cuarto retiro por parte del Senado.

Aunque aún no está seguro si tendrá los votos, la nueva acusación no será inocua y, por cierto, conllevará complicaciones para el gobierno y los candidatos. Y tanto en el oficialismo como en la oposición auguran que -tal como lo fue en 2019- crispará el clima social y político, justo en la previa de una crucial elección presidencial.

De presentarse, Piñera igualará el récord que mantiene hasta ahora Carlos Ibáñez del Campo como único Mandatario que ha sido objeto de dos acusaciones constitucionales. Y ayer en la tarde provocó que La Moneda se activara y que ministros del comité político, principalmente el titular de la Segpres, Juan José Ossa, junto al subsecretario Máximo Pavez, rápidamente sondearan si la ofensiva contaba con piso para avanzar.

Aunque no están del todo claros, los argumentos del juicio político se basan en los antecedentes que un reportaje de Ciper Chile y LaBot publicó recogiendo parte de las filtraciones denominadas Pandora Papers. Este se centra en las condiciones de venta de la Minera Dominga en 2009, cuando Carlos Alberto Délano -amigo del Mandatario- compró la participación de todos los otros socios de la firma, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, en US$ 152 millones.

La operación se conocía desde hace años y así lo enfatizó La Moneda toda esta semana con minutas y una declaración a la prensa del propio Jefe de Estado. Pero la polémica resurgió porque se reveló que esta se realizó en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última de estas, según señaló el reportaje, estuvo condicionada a que el sector no se declarara zona de exclusión, decisión que dependía del gobierno que entonces encabezaba Piñera.

Los sondeos que realizaron en el Congreso a principios de semana, según comentan en el gobierno, fueron “tranquilizadores”, porque se transmitía que no había “agua en la piscina” para avanzar en éste. Por eso, en Palacio se sorprendieron y se tomaron con molestia ayer el anuncio de la centroizquierda de continuar con la acusación y presentar el escrito durante la próxima semana. La incomodidad del Presidente y los ministros del comité político, según afirman en el gobierno, era evidente, sobre todo porque no se esperaban que la DC se plegara tan rápido.

El Mandatario encargó revisar los antecedentes, según agregan las mismas fuentes, a los abogados del Segundo Piso. Y se está viendo cuál será el abogado que asumirá su defensa. En diciembre de 2019, cuando Piñera enfrentó un libelo que terminó siendo rechazado en la Cámara de Diputados, su defensa la asumió el abogado Juan Domingo Acosta. Algunos creen que podría hacerlo de nuevo, aunque aún no lo han contactado.

En este panorama, en La Moneda también miran con atención los movimientos que puedan haber en el flanco judicial, si es que el Ministerio Público decide reabrir una investigación tras el análisis que el fiscal Jorge Abbott solicitó el lunes del expediente.

Por lo pronto, el Mandatario ya tendría un primer costo. Dentro de sus planes por retomar su agenda internacional estaba la idea de asistir a la COP26 en Glasgow en noviembre. Sin embargo, si el libelo se termina presentando sus planes se verán frustrados, debido a que mientras se esté tramitando la ofensiva no puede salir del país, según se estipula en el Artículo 52 de la Constitución Política de Chile. Esto es algo que, según reconocen algunos en La Moneda, el Presidente también lamenta.

Ayer, las autoridades de la Segpres se desplegaron en el Congreso conversando con diputados de oposición sobre los inconvenientes de presentar una acusación contra Piñera. Además del discurso general en torno a que los hechos ya son conocidos -en Palacio recalcan que ya fueron investigados-, las autoridades agregan el impacto negativo de sumar incertidumbre sobre la institucionalidad de la Presidencia de la República en época de elecciones, y cuando queda tan poco tiempo para que termine este período.

Pero también han deslizado unos comentarios más específicos por conglomerado. A los DC les han manifestado, de acuerdo a fuentes de la oposición, que si siguen adelante con el libelo no apoyarán a Yasna en caso de una segunda vuelta. En el gobierno, en tanto, desestiman esa información y agregan que si ese fuera el escenario, en ningún caso la derecha votaría por Provoste.

Mientras que desde el PS relataron que le han advertido que una acusación puede influenciar la dinámica electoral y distorsionar los resultados, poniendo un velo de legitimidad sobre los mismos. Y que podrían generar una polarización mayor en el país entre aquellos que defienden la figura presidencial como un símbolo -más allá de Piñera- y entre quienes la “desearían destruir”.

En ambos partidos, señalan sus parlamentarios, la respuesta fue similar: no habría espacio en la oposición para hacer algo diferente a una acusación, porque -afirman- quedarían “impunes” los hechos conocidos por Pandora Papers.

Por otro lado, en la oposición durante esta mañana transmitían que podría haber votos a favor o de abstención desde el Partido Republicano, el cual no se considera parte de este gobierno. Consultado al respecto, el diputado de esa colectividad Ignacio Urrutia dijo pensar que la acusación “está fuera de los plazos” y que “la justicia determinó otra cosa”. Pero también afirmó que “no puedo tomar una decisión ahora hasta no ver cuáles son los argumentos, y ver si hay argumentos nuevos”.

En ese sentido, dijo que “estoy indeciso. Si van a presentar lo mismo que se dijo tiempo atrás, no tiene ningún sentido aprobarla. Pero si hay argumentos nuevos hay que analizarlo”.

Su par Cristóbal Urruticoechea sostuvo que “debemos ser prudentes y examinar los antecedentes con cuidado y minuciosidad para determinar si existe o no mérito suficiente. La oposición se ha servido abusivamente de las acusaciones constitucionales para lograr fines meramente políticos”.

Con todo, los ministros Ossa y Jaime Bellolio (Segegob) reforzaron su rechazo a la acusación e insistieron en que el tema ya fue investigado y que hay un aprovechamiento electoral.

En Palacio prevén que puede ser que el libelo se apruebe en la Cámara de Diputados, no así en el Senado, debido a que se requiere un quórum de 2/3, es decir, se necesitan 29 votos para su aprobación. En caso de avanzar en la Cámara, calculan que se estaría votando después de la primera vuelta. Por lo mismo, el tema estaría instalado en toda la previa a los comicios del 21 de noviembre, por lo que -calculan- será usado como tema de campaña por la oposición.

En el oficialismo temen que este tema y el cuarto retiro les termine pasando la cuenta en los comicios parlamentarios e, incluso, en la candidatura del abanderado Sebastián Sichel.

Por lo mismo, y para evitar un costo electoral, el abanderado de Chile Podemos Más ha optado estratégicamente, según reconocen en su comando, en tomar distancia de Piñera y pedir que haya más claridad, sobre todo en dos puntos: respecto de la cláusula de contrato de Dominga y el pago de impuestos.

Esta mañana, Sichel si bien no respaldó la acusación apelando a que podría generar incertidumbre institucional, sí apeló a que se conforme una comisión investigadora. “Quiero que siga aclarando (el Presidente). No es de creer o no creer”, dijo en Canal 13.

De todas formas, a juicio del presidente de Evópoli, el diputado Andrés Molina, “no veo que lo pueda afectar. Ha sido muy claro él, en sus entrevistas, respecto de tener la mayor claridad y, bueno, este es un episodio antiguo que la oposición, en este caso la izquierda, lo hace revivir y ya estuvo investigado y aclarado”.