La Moneda se prepara para eventual declaración de Boric y Tohá como testigos en caso Monsalve

La inminente citación a declarar de una nómina, hasta ahora desconocida, de funcionarios de gobierno en el marco del caso Monsalve inquieta a La Moneda. En gran parte porque en el gobierno asumen como un hecho que la Fiscalía podría pedir el testimonio, en calidad de testigos, del Presidente Gabriel Boric y de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quienes supieron de la de denuncia por violación contra el subsecretario del Interior, dos días antes de que se hiciera pública el jueves 17 de octubre.

El asunto ha sido tema en el comité de crisis que desde el jueves pasado se reactivó en el Palacio de gobierno para intentar contener las aristas de la crisis que partió con la renuncia del exsubsecretario del Interior, el jueves, y que derivó en un enfrentamiento entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio. Por otro lado, también instaló el debate sobre la necesidad de hacer, o no, un cambio de gabinete más profundo que incluya a la ministra del Interior y a la titular de la Mujer, Antonia Orellana.

Una de las definiciones adoptadas en ese espacio -que ha evaluado también el efecto electoral del escándalo- es establecer que Monsalve le transmitió medias verdades al Presidente y la ministra el martes pasado, cuando se le pidió una explicación directa sobre los hechos en torno a la denuncia.

En esa línea, dentro del Ejecutivo han definido desprenderse completamente de la figura del exsubsecretario, quien lideró la repartición por casi mil días, un diseño que tuvo su punto de inflexión este jueves, cuando Boric declaró públicamente creerle a la víctima.

Ante la posibilidad de ser convocados por la justicia, en La Moneda transmiten que el plan es manifestar su disposición, con tal de entregar una señal de transparencia. De hecho, no son pocos al interior de la Casa de Gobierno que recuerdan cuando, en medio de la acusación contra Irina Karamanos -expareja de Boric- en el marco lío de platas, el propio Presidente le dijo, cara a cara, al director general de la PDI, Eduardo Cerna, que “se investigue todo lo que haya que investigarse. (...) Si es necesario partir por mí, parta de esa manera”.

En el gobierno saben que la situación más complicada está en la Subsecretaría del Interior que hoy encabeza Luis Cordero, pues la Fiscalía Regional Centro Norte quiere esclarecer si hubo, o no, funcionarios de gobierno que supieron de la situación de la víctima antes de que estampara la denuncia y que no alertaron del caso.

El asunto se torna aún más delicado ahora que la defensa de la denunciante aseguró que uno de los funcionarios de esa repartición habría amenazado a la mujer de 32 años que denunció a Monsalve el 15 de octubre en dependencias de la PDI.

“Efectivamente ella habría recibido algún tipo de amenaza en el sentido de ‘sabes que puedes aparecer muerta o puede pasarte algo a ti o a otra persona’. De ese tipo. Eso lo recibió ella por parte de personas cercanas del círculo donde trabajaba”, dijo este jueves a Canal 13 la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez.

En La Moneda estuvieron atentos a la información entregada por la abogada, la que consideraron inmediatamente como grave. En ese sentido, este viernes Cordero indicó en su llegada a La Moneda que “las declaraciones de la abogada querellante en sí mismas son graves. Las amenazas implícitas o explícitas constituyen además un mecanismo de amedrentamiento indebido a la víctima y, por lo tanto, forma parte de la investigación”.

Dentro del gobierno entienden que se generará un movimiento de aguas una vez que se esclarezca la identidad de quiénes son los funcionarios del gobierno -o exfuncionarios- que habrían amedrentado a la víctima.

Dentro de Interior dicen que ese paso depende exclusivamente de la defensa de la denunciante y que en La Moneda se apegarán al protocolo en los acercamientos a la víctima, quien aún se encuentra con licencia médica. Vale decir, por ahora ninguna de las autoridades del Ejecutivo tomará contacto directo con la asesora.

También son conscientes de que hoy es la Contraloría la que está recabando antecedentes para el sumario administrativo. En ese sentido, el subsecretario Cordero tendrá que evaluar el desempeño de los funcionarios que ya se encontraban en Interior cuando él llegó. Dentro de este grupo hoy se encuentran aquellos que, según la denuncia de la asesora, habrían conocido de los hechos antes de que estos salieran a la luz.

Para aquello, en Interior tendrán en mente que se debe diferenciar si aquellos que sabían del tema guardaron la información con fines de encubrir el caso, si es que se mantuvo el silencio por temor a posibles recriminaciones en su contra, o si se instó a la víctima a denunciar a Monsalve por medios formales.

El exjefe de gabinete Gabriel de la Fuente se cuenta entre los escasos funcionarios de Palacio que supieron de los hechos antes de que la denunciante estampara la denuncia. El abogado y exministro secretario general de la Presidencia en la segunda administración de Michelle Bachelet supo de los hecho a través del propio Monsalve, quien durante la primera semana octubre le transmitió que el 22 de septiembre había salido con una funcionaria del equipo.

El exministro Segpres, según fuentes allegadas al caso, supo que Monsalve contactaría a la PDI para solicitar indagatorias del caso, lo que luego derivó en una reunión con la jefa de Inteligencia de la policía civil, Cristina Vilches. Esta última fue removida este jueves del cargo por orden del director de la PDI, Eduardo Cerna.

Tal como publicó la Tercera, la denunciante también compartió con sus cercanos los hechos ocurridos con Monsalve. Una de ellas fue la periodista Ilse Sepúlveda, quien hasta el 30 de agosto se desempeñó en la Subsecretaría del Interior y ahora ejerce como asesora de comunicaciones en la Coordinación Nacional de Ciberseguridad.

También se compartió el caso con el cientista político Ricardo Lillo y con la ingeniera civil Catalina Arrey, de la División de Gestión Y Modernización de las Policías.

Las palabras de María Elena Santibáñez en el reportaje de T13 generaron caos al interior del Partido Socialista. Pese a que el exsubsecretario renunció a su militancia, en la colectividad hay quienes temen que quien amenazó a la denunciante, según señaló la abogada, pueda ser socialista. Y es que es un hecho conocido que el Socialismo Democrático mantenía la hegemonía de la cartera hasta la semana pasada.

El jueves por la noche, el excomisionado experto Gabriel Osorio, militante socialista, dio cuenta de esa preocupación. En un grupo de WhatsApp que reúne a varios socialistas, él manifestó: “Csm. Esto nos cagaran. Vean Canal 13 mejor. Lo que dijo la abogada de la víctima es brutal. Quién del PS habrá presionado para no hacer la denuncia”.

Sumado a eso, en el partido hay quienes temen que el lunes, una vez concluidas las elecciones, el Frente Amplio y el Partido Comunista apunten con el dedo a los socialistas -y a la ministra Tohá- por su rol en la crisis que estalló en La Moneda.

Con la renuncia de Monsalve sobre la mesa, el malestar en la colectividad se mantiene. Esta mañana, la diputada Daniella Cicardini, quien además es vicepresidenta de la Mujer en el PS, afirmó que “la renuncia a su militancia llega cuando su expulsión era inminente y cuando el daño a la denunciante ya está hecho. Su conducta ha perjudicado al gobierno, al PS y ha instalado la desconfianza en nuestras instituciones”.

Y agregó que “los hechos que se han ido conociendo no hacen más que agravar esta situación, incluyendo la intolerable amenaza que habría recibido la víctima desde su entorno. Esperamos que la justicia investigue a fondo y sancione con el máximo rigor de la ley. Creemos que, como señal clara y ética, el PS debería concluir igualmente el proceso de expulsión”.

El tribunal supremo de la colectividad volverá a sesionar la tarde de este viernes. Ahí se espera que el organismo decida si abre una causa disciplinaria, que podría concluir en una expulsión.