La multa de Julio Ponce vuelve a fojas cero: tribunal ordena devolver pago

La historia es así: el lunes 9 de noviembre, Julio Ponce transfirió $ 2.152 millones a la cuenta corriente del 18 Juzgado Civil por la multa cursada en 2014 por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros por su rol en el caso cascadas. La sanción original era por 1,7 millones de UF, pero el 2 de octubre la Corte Suprema, y basándose en un dictamen de 2019 del Tribunal Constitucional, dejó la multa final en 75 mil UF. Tras el fallo final, Ponce procedió a pagar la multa.

Días después de la transferencia, realizada por Ponce desde su cuenta personal en el Banco Santander, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acudió al tribunal e impugnó el pago. Primero, reclamó que el procedimiento seguido por su abogado, Jorge Bofill, fue erróneo: Ponce debía pagar la multa en la Tesorería General de la República y no en el juzgado. Segundo, cuestionó la petición de Bofill de calcular los intereses desde 2019, cuando el TC redujo la multa. Según el CDE, los intereses deben calcularse desde 2014, lo que, según Bofill, duplicaría el monto a pagar y agregaría un 111% a los $ 2.152 millones que ya acreditó.

Ayer jueves, el 18 Juzgado Civil de Santiago resolvió la controversia y dictaminó un “no ha lugar” por improcedente a las peticiones de la defensa de Bofill. “Atendido a lo resuelto precedentemente, hágase la devolución del monto consignado a la parte demandante mediante giro pertinente en su oportunidad”, dictaminó la jueza titular del 18 Juzgado, Claudia Donoso.

Según el CDE, el litigio abierto por Julio Ponce no correspondía a un proceso de cobro, sino uno de reclamación de la multa de 2014, por lo que el pago debe realizarse en la Tesorería General de la República.

Juan Peribonio, presidente del CDE, valoró la decisión del tribunal: “Se aceptaron los fundamentos de la impugnación efectuada por el Consejo respecto de la improcedencia del pago pretendido por el reclamante”.

El presidente del CDE afirmó que el Consejo insistirá en “todas las instancias que corresponda en que dicho cálculo se realice de forma correcta, esto es, a partir de 2014 y no desde 2019, como pretendía el reclamante”.

Según sostiene el Consejo, la discusión futura por el cálculo de los intereses -que la ley fija en 1,5% mensual- corresponderá realizarla administrativamente en la Tesorería o en tribunales, a través de un juicio donde la defensa de Ponce podría argumentar “exceso de avalúo”.

Bofill, abogado de Ponce, no estuvo disponible para comentar los próximos pasos de su defendido.