La otra auditoría del Mineduc en Atacama que en 2022 ya daba cuenta de una posible “responsabilidad administrativa o penal”

El 4 de septiembre, cuando inició el paro del Colegio de Profesores de Atacama y que desde ahí ha tenido sin clases a casi 30 mil alumnos por 57 días, la movilización se originaba con denuncias de graves problemas de infraestructura e insumos en los colegios. La protesta, concretamente, es contra el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, que desde 2020 se hizo cargo de la educación de los municipios de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro.

Pero no solo las condiciones materiales han sido apuntadas en esta crisis. La mala administración desde que se traspasó el servicio educativo también ha sido puesta en la mesa, así como la necesidad de un mejor acompañamiento pedagógico. Todo esto, de hecho, quedó de manifiesto en los resultados de una auditoría hecha en 2023 por el Mineduc y cuyos antecedentes fueron derivados al fiscal nacional, Ángel Valencia, “por haberse verificado hallazgos en la gestión que podían constituir caracteres de delito”. Sin embargo, esa no era la primera vez que en el propio ministerio ya se advertían problemas de este tipo.

Si bien en el contexto de esta crisis se ha hablado sobre la auditoría de 155 páginas de este año, donde se habla de posibles desviaciones de recursos públicos, lo cierto es que los magros resultados del SLEP atacameño ya habían sido puestos bajo la lupa en una modalidad similar durante 2022 por el propio Ministerio de Educación, que entonces lideraba el RD Marco Antonio Ávila. Y con advertencias sobre Atacama en la misma línea.

En la auditoría a la que tuvo acceso La Tercera realizada entre el 7 de abril y 30 de junio de 2022, y cuyos resultados se conocieron en julio del año pasado, se da cuenta que luego del primer año de gestión del SLEP Atacama ya existían problemas en el proceso financiero contable, de baja ejecución presupuestaria, en los bienes de uso, en la rendición de cuentas, en recursos humanos y en otros procesos.

En tal sentido, ahí ya se informaba, por ejemplo, de “falta de control de los traspasos de recursos entre cuentas corrientes”. Y se ahondaba: “Durante el año 2021 se realizaron traspasos de recursos entre cuentas corrientes que alcanzan $65.726.472.000, constatándose falencias en el control de los montos transferidos, toda vez que existen recursos traspasados entre cuentas corrientes que tienen diferentes objetivos, lo que dificulta llevar un control irrestricto de los gastos efectuados con los recursos de subvenciones a fondos con fines especiales”. Esto fue catalogado como un “sistema de control interno insatisfactorio”, lo que “podría generar una eventual desviación de fondos e incumplimientos de la normativa vigente”.

Lo anterior, señala el informe, “podría implicar algún tipo de responsabilidad administrativa o penal, debido a que existen recursos que están destinados exclusivamente a financiar programas con fines específicos y la falta de control podría generar la desviación de los recursos”.

Asimismo, se informa de debilidades en las conciliaciones bancarias, inconsistencia en los saldos de las cuentas corrientes al cierre de 2021 o deficiencias en el proceso de cierre contable, como, por ejemplo, haberlo hecho fuera de plazo o diferencias en el reporte de cierre del ejercicio.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, ya en 2022 el escrito señalaba que el SLEP “no mantiene una planificación y control de la ejecución de los recursos”. Por ejemplo, las iniciativas de inversión alcanzaron solo un 2% y las prestaciones de seguridad (bono al incentivo al retiro docente) alcanzaron solo 1,6%.

También se constató “la falta de contabilización de bienes muebles e inmuebles traspasados”, los que podrían estar subvaluados “a lo menos en M$ 56.891.446″ y, en la misma línea, que nueve establecimientos educacionales no tenían inventario de bienes muebles e inmuebles traspasados. Pero, además, la auditoría interna pesquisó notebooks y tablets en la bodega del SLEP sin inventariar.

Más adelante el informe daba cuenta de la “inexistencia de control sobre las rendiciones de cuenta” y “gastos que no se ajustan a los objetivos de la subvención pro retención y debilidades en el proceso”. Sobre esto último se especifica que “una de las situaciones críticas” se observa en este sentido, debido a que estos eran para realizar un diseño y elaboración de proyectos para lograr objetivos académicos relacionados con la retención. Sin embargo, advierte el informe, “el SLEP realiza compras de tarjetas giftcard por un monto que asciende a $404.391.000, los que no se ajustan al objetivo”. Incluso, se advierte que hasta esa auditoría no se había entregado la giftcard al 48% de los establecimientos educacionales y que tampoco se había respaldado a los que sí.

Además se constató que a 27 funcionarios se les pagó con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), pero que no pertenecían a ese programa. A su vez, 1.341 funcionarios recibían el “Bono Atacama”, asignación extraordinaria a los funcionarios de menor remuneración de la región, pagados con recursos no destinados para ello.

Sobre Recursos Humanos, el informe señala que 1.102 contratos de asistentes de la educación no habían sido firmados hasta esa fecha, pagos “en exceso” a un funcionario del SLEP -Marcelo Véliz- por $15.897.000, en circunstancias de que dicho funcionario no prestó servicios durante 2021, inexistencia de controles en cálculo de remuneraciones realizados en planilla Excel y carpetas de personas incompletas.

Finalmente, se señala que hubo un “exceso de compra” de artículos de aseo por $1.491.551.000, los que además no estaban inventariados.

Todo lo anterior llevó a que los autores de la auditoría (Marcia Ocaranza, Diego Celis y Felipe Pérez) revisada por el Mineduc y aprobada por Jessica Romero, definieran que el SLEP Atacama presentaba en ese entonces una “criticidad alta, debido a que el nivel de exposición al riesgo está por encima del nivel de tolerancia aceptable”.

Sobre este informe, que salió cuatro meses antes de que Jaime Veas fuera nombrado como director de la Dirección de Educación Pública (DEP), el exministro Ávila asegura que durante su gestión asumieron las recomendaciones que planteó la comisión evaluadora para mejorar la implementación y funcionamiento de los SLEP, y que entre otras cosas “fueron removidos dos directores ejecutivos, entre estos el de Atacama, por dificultades en la gestión”.

Y ahonda: “En el caso de Atacama subrogó un funcionario de segundo nivel jerárquico que no logró mejorar la gestión del servicio. Tomando en consideración los antecedentes de una auditoria es que la DEP nombra al señor Luis Adasme como subrogante, quien tenía la misión de agilizar los procesos de mejoramiento, tanto de infraestructura como pedagógicos. Cabe señalar que el concurso para nombrar una nueva o nuevo director no puede realizarse hasta que el proceso de remoción termine. Este procedimiento sin duda debe corregirse”.

“No podemos eludir que los SLEP tienen a su principal responsable en la figura de las y los directores ejecutivos. Es en esta figura en que, creo, tenemos falencias de formación y desarrollo de capacidades en algunos casos”, cierra.

Por su parte, consultado específicamente por lo que hizo hace un año cuando conoció los resultados de la auditoría una vez asumido y cómo se llegó a la situación actual en Atacama a sabiendas de dicho informe, Jaime Veas señala que desde su administración “se han movilizado equipos multidisciplinarios para el desarrollo de capacidades, acompañamiento y asistencia técnica del SLEP a raíz de los hallazgos de las diferentes auditorías”. Es así que, dice, se generó una solución de acompañamiento derivando en el Plan Atacama, convenio de colaboración entre la DEP y el SLEP atacameño firmado el 7 de marzo 2023.

“Es importante dar a conocer que a raíz de la primera auditoría, efectivamente se han tomado decisiones que implican procesos administrativos”, recalca Veas, quien ejemplifica que con ello “se dio lugar al sumario de remoción del director ejecutivo titular, Carlos Pérez, que actualmente está en curso”, y que posteriormente se nombró director subrogante al jefe de Planificación del SLEP, Pedro Lagos, “quien sale este año del servicio luego de los hallazgos de la segunda auditoría, que ocurre en el periodo de su gestión”, recordar además que desde la DEP se solicitó al SLEP una auditoría forense, enfocada en la revisión de los estados financieros y procesos internos, “que buscará establecer eventuales responsabilidades individuales, administrativas, civiles e incluso penales”.