La persistente crisis del Servicio Mejor Niñez que desencadenó la salida de su directora

Al día siguiente de que se hizo efectiva la salida de la directora del Servicio Mejor Niñez, Gabriela Muñoz , el 8 de abril, presentaron su renuncia los equipos técnicos que trabajaron con ella durante los 18 meses que estuvo en el cargo, que es elegido por Alta Dirección Pública y que hoy subroga Victoria Becerra, quien llegó al servicio hace pocos meses, tras también ser elegida por ADP.

La solicitud de renuncia de Muñoz no fue una sorpresa para nadie en el Ministerio de Desarrollo Social. La profesional había llegado en octubre de 2022 durante la gestión de Giorgio Jackson (RD). Y desde que asumió la ministra Javiera Toro se notó la distancia. Muñoz tampoco logró sintonía con la subdirectora de la Niñez, Verónica Silva.

Y es que si hay una repartición que genera un flanco para Mideso es particularmente el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia que se implementó hace casi tres años -octubre de 2021- en reemplazo del cuestionado Servicio Nacional de Menores.

Los problemas de implementación de la Ley 21.430 de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que apunta a la prevención de las vulneraciones de los menores, no han logrado ser superados. En ese marco fue cuestionada la gestión de Muñoz, licenciada en Educación de la Universidad Católica de Chile.

La lista de pendientes del servicio es larga, pero destaca que los programas ambulatorios presentan listas de espera y siguen viéndose falencias en el proceso de reconversión de Cread a Residencias Familiares (RF).

Desde su conformación el servicio ha hecho noticia debido a incendios en sus residencias, denuncias por las extensas listas de espera, agresiones y licencias médicas presentadas por funcionarios. A eso se le suma un reciente informe de la Contraloría que da cuenta de todas estas deficiencias, así como también irregularidades en rendiciones.

El informe anual de Derechos Humanos realizado por la UDP en 2023 apuntó principalmente a la responsabilidad en el diseño e implementación de la ley. “El legislador no supo prever la complejidad que supone establecer una nueva institucionalidad con una renovada perspectiva frente a los NNA sujetos de protección”, dice el informe realizado en noviembre por los investigadores Francisco Estrada y María José Jara.

Ese estudio alude a “aspectos como la descoordinación en el avance de proyectos legislativos, los acotados plazos contemplados en la ley para cumplir con tareas sumamente arduas y los problemas que presenta la ley en la definición de aspectos claves”. Y hasta ahora el gobierno no ha avanzado en las correcciones que requiere la ley.

Por ejemplo, uno de los problemas que se mantiene en el tiempo es la falta de cupo en los programas que reciben a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que requieren atención. Lo que ha provocado que se generen sobrecupo en diferentes centros, así como también listas de espera.

De hecho, el informe más reciente de Contraloría evidenció la falta de un procedimiento formal para la estimación de la demanda y determinación de la oferta de cupos para atención especializada de NNA. Por esta razón, el ente concluye que se debe establecer un procedimiento que precise la oferta de cupos para la atención y al mismo tiempo implementar acciones, “tendientes a garantizar la existencia de suficiente oferta de las distintas líneas de acción y programas de protección especializada, en todas las regiones del país, conforme lo exige la ley N° 21.302, con el objeto de resolver los déficits en la capacidad instalada para atender a los menores”.

La auditoría de la Contraloría también identificó que hay casos que vienen arrastrándose incluso desde 2015, período en que era responsabilidad del Servicio Nacional de Menores, y que al 2022 no habían sido resueltos.

El informe realizado por la Universidad Diego Portales también denunció que “subsisten las preocupaciones que antes suscitaba el sistema encabezado por el Servicio Nacional de Menores, Sename. La constatación de graves vulneraciones de derechos en los establecimientos es una lamentable realidad que sigue arrastrando el Estado”.

Consultados por la salida de Muñoz del servicio, tanto el Ministerio de Desarrollo Social como Mejor Niñez se apegaron al comunicado de prensa que enviaron hace unos días en el que se agradece “su dedicación en el trabajo de la institución desde el 12 de octubre de 2022, especialmente por la labor desempeñada llevando adelante la implementación del servicio”.

Marlene Pérez, presidenta de la Comisión Especial investigadora de las irregularidades en Mejor Niñez y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Familia de la Cámara de Diputados, señala que “la reciente renuncia de la directora del Servicio Especializado de Protección a la Niñez y Adolescencia, revela la profundidad de la crisis que afecta al sistema, evidenciando la falta de compromiso efectivo por parte del gobierno con la infancia vulnerable”.

“Es alarmante saber que, en medio de esta situación, el Servicio de Protección no está cumpliendo adecuadamente su rol, como lo demuestran los graves problemas de implementación detectados por la comisión investigadora; como la acreditación de organismos colaboradores y las largas listas de espera que se han triplicado desde el año anterior”, comentó la parlamentaria.

Para la presidenta de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado, Carmen Gloria Aravena, “se requiere un nuevo comienzo y una renovación profunda en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. La gestión anterior no estuvo a la altura de este desafío crucial. Necesitamos con urgencia un liderazgo sólido y comprometido, o seguiremos fallando a nuestros niños más vulnerables. Agilicemos la provisión de cargos directivos idóneos, para garantizar la protección y bienestar que nuestra infancia merece de cara al futuro”.