La polémica por la declaración de “conflicto armado interno” en Ecuador y el rol de los militares en el combate a las bandas criminales

“No vamos a retroceder, ni a negociar”. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, el almirante Jaime Vela Erazo, fue categórico. Tras la ola de violencia que azotó al país durante el martes, el oficial advirtió por la noche en un mensaje a la nación que los grupos armados que aparecen en el decreto que declara “la existencia de un conflicto armado interno” por la violencia desencadenada serán a partir de ahora un “objetivo militar”.

“El Presidente de la República, Daniel Noboa, a través del decreto (...) nos estableció una misión muy clara: a partir de este momento todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria están en juego”, declaró Vela en un breve discurso a los ecuatorianos, después de la reunión urgente del Consejo de Seguridad y del Estado (Cosepe) que fue convocada por el presidente Noboa

“Ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharles la cabeza a terroristas”, aseguró, antes de pedir a la población que tenga “plena convicción” de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplirán con su “juramento de defenderlos” con sus vidas “si fuera necesario”.

El decreto número 111, por el cual el Presidente de Ecuador declaró la existencia de un “conflicto armado interno”, implica la movilización inmediata y la intervención de las fuerzas de seguridad en el territorio nacional contra el crimen organizado. Noboa -quien este miércoles, en su primera intervención pública desde el estallido de esta crisis de inseguridad, declaró que “estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas”- identificó como organizaciones terroristas a 22 bandas criminales.

La medida ordena “disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme lo expuesto en el presente Decreto Ejecutivo”.

Además, habilita a las Fuerzas Armadas a “ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar a los grupos identificados”.

Pero, ¿qué significa esta declaratoria y qué alcances tendrá en el futuro? Varios juristas locales consultados por el medio ecuatoriano Plan V reaccionaron a la decisión del gobierno de Noboa que acoge la teoría de la “insurgencia criminal” que se venía larvando desde el gobierno de Guillermo Lasso.

Al declarar a los miembros de las 22 bandas criminales identificadas en el decreto como “beligerantes” y al apelar al derecho internacional humanitario, el gobierno concede a los integrantes de estos grupos el estatus de combatientes, según la lectura del exjuez constitucional Ramiro Ávila. “Esto es un error jurídico y político garrafal. Admisible estar en guerra como retórica política. Pero en derecho internacional es otro cantar. Están dando estatus de combatiente a criminales que no tienen un mando capaz de cumplir el derecho internacional humanitario”, explicó el también catedrático en su cuenta de X.

Citado esta vez por el medio GK, Ávila sostiene que la medida de reconocer la situación como “conflicto armado interno” no tendría sentido, ya que en el derecho internacional humanitario hay caracterizaciones para lo que es un conflicto interno. El abogado alega que, básicamente, en un conflicto armado interno se necesitan dos grupos armados que tienen: capacidad de mando, estructura y formación militar, capacidad de entrenar militarmente a las personas e incluso, en algunos casos, un uniforme.

Mauricio Alarcón, abogado constitucionalista, discrepa de esa postura. Alarcón le dijo a GK que reconocer la existencia de un conflicto armado interno bajo las normas del derecho internacional humanitario, “es decir que se está en guerra entre dos grupos al interior de un mismo país”. Sostiene que en este caso “un grupo es el Estado y el otro son aquellos que están establecidos ya como grupos beligerantes y terroristas en el artículo 4 del decreto”. A su juicio, este pronunciamiento oficial lo que hace es “facultar a las Fuerzas Armadas a implementar acciones militares y a llevar a cabo cuánta acción se considera necesaria para hacer frente al problema”.

Ahora que el decreto fue firmado, explica esta vez el abogado constitucionalista Ismael Quintana, “el Estado va a tener que observar a la Fuerza Pública al momento de realizar operaciones militares” en base los principios de proporcionalidad de precaución, de no escalada automática y la ley del uso progresivo de la fuerza, “es decir, algunos elementos que están regulados en los instrumentos internacionales y nacionales”.

Esteban Santos, analista y catedrático de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, dijo al diario El Universo que, al establecerlo así, Noboa está poniendo con el derecho internacional humanitario las reglas que tiene todo conflicto, incluido el uso letal de la fuerza. “Los militares pueden entrar y terminar con estas garantías básicas de inviolabilidad del domicilio, las aprehensiones sin orden judicial, todo eso lo pueden hacer”, aseguró.

João Paulo Charleaux, periodista brasileño que trabajó en el Comité Internacional de la Cruz Roja, advierte al respecto, en un artículo publicado en el diario Folha de Sao Paulo, que el decreto de “conflicto armado interno” por Noboa significa “una declaración de guerra civil”, ya que el texto presidencial “en la práctica da libertad a las Fuerzas Armadas ecuatorianas para utilizar instrumentos y métodos militares”.

“A partir de ahora los militares ecuatorianos no necesitan moderar el uso de la fuerza para cumplir con los estándares policiales. Podrán actuar como soldados en la guerra. Es probable que, como resultado, aumente el número de prisioneros, heridos y muertos”, escribe Charleaux.

“Todo esto está un paso por encima del estado de excepción e incluso el estado de sitio, pues ambas figuras jurídicas, que presuponen además un aumento del uso de la fuerza por parte del Estado, pueden darse en tiempos de paz. La declaración de un ‘conflicto armado interno’ no significa otra cosa que una guerra civil”, insiste.

Quizá por ello, tras una reunión convocada con carácter urgente el martes, con todas las bancadas y representantes de las diversas organizaciones políticas, la Asamblea Nacional anunció indultos y amnistías para los militares y policías que actúen en el marco de la actual crisis de violencia que vive Ecuador. El titular del Legislativo, Henry Kronfle, hizo hincapié en que se pueden aplicar amnistías con respecto al uso progresivo de la fuerza, consignó el medio local Vistazo.

“Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Reconocemos y valoramos su dedicación y esfuerzo en la preservación de la seguridad, la paz y la vida para los ciudadanos. Este respaldo incluye la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos”, se lee en el punto 2 de la declaración de la Asamblea Nacional sobre las decisiones y acciones tomadas frente a la crisis.

En medio del debate por los alcances del decreto de Noboa, la Policía Nacional informó este miércoles que 70 personas fueron detenidas por “atentados y actos terroristas” perpetrados en Ecuador, que incluyeron el secuestro de policías, incendio de vehículos y el ataque de un grupo de encapuchados, armados con fusiles y granadas, durante la transmisión en vivo del medio TC Televisión en Guayaquil.

Al respecto, El Universo informó que los 13 aprehendidos por ingresar armados a las instalaciones de TC Televisión y retener a personal del medio de comunicación serán procesados por terrorismo. Los detenidos tienen entre 16 y 25 años. Entre los detenidos hay un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana. Según el periódico, el delito de terrorismo es sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Pero, según abogados, la pena que podrían afrontar podría aumentar si se suman otras causales.

A su vez, la agencia penitenciaria SNAI informó que 125 guardias penitenciarios son mantenidos como rehenes por las bandas criminales, al igual que 14 miembros del personal administrativo. Once personas fueron liberadas el martes, añadió el organismo. “Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para recuperar a todos los rehenes”, dijo Noboa.

Más tarde el miércoles, en el primer informe oficial sobre las operaciones realizadas en el país contra los grupos delincuenciales que fueron declarados como terroristas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo, reportó que las fuerzas militares de Ecuador abatieron a cinco terroristas y detuvieron a 329. También 28 reos que escaparon de las prisiones fueron recapturados y 41 rehenes fueron rescatados. Asimismo, indicó que, según la información que las Fuerzas Armadas recibieron del Servicio de Cárceles (SNAI), “no existe ningún rehén que haya sido asesinado”.

Ya durante la campaña electoral Noboa ofreció ejecutar el denominado “Plan Fénix” para restablecer la seguridad y la paz en el país. Aunque el 13 de diciembre pasado el Ministerio del Interior informó que la iniciativa “está en ejecución”, la prensa local ha cuestionado el avance de la iniciativa. “El Plan Fénix sigue siendo una de las mayores incógnitas del gobierno de Daniel Noboa”, escribió el mes pasado el diario La Hora, mientras Expreso apuntó que “se conoce poco” del proyecto. “El silencio que se mantiene sobre el Plan Fénix es analizado como estrategia, pero también como una cortina”, cuestionó.

En su defensa, durante una reunión con el Gabinete de Seguridad, el mandatario aseguró: “El Plan Fénix no es que tiene poca información, la dimos durante toda la campaña”. Noboa indicó que durante la campaña habló sobre la implementación de cárceles de máxima seguridad, la militarización de los puertos, la intensificación de los operativos fronterizos. “Todos esos eran elementos del Plan Fénix”, insistió.