La presión de los comisionados oficialistas por una consulta indígena del anteproyecto que redacte la Comisión Experta

Llevar las normas del anteproyecto que afectan a los pueblos originarios a una consulta indígena. Ese será el objetivo que impulsarán varios expertos que integran la Comisión Experta del proceso constitucional.

La presión de los comisionados no será un tema de fácil resolución. La consulta indígena, hasta el momento, no forma parte de los mecanismos de participación ciudadana que están contemplados en este nuevo intento por redactar una propuesta de nueva Constitución.

Esta idea está presente en varios de los expertos del oficialismo. “Me parece fundamental que los pueblos indígenas sean parte del proceso. Apoyaré toda iniciativa en esa dirección. La consulta indígena no solo es una opción, sino una obligación del Estado de Chile y debe ser de acuerdo al estándar que fija el Convenio 169″, afirma el experto del PC Alexis Cortés.

Esta postura es compartida por otras comisionadas. “Respecto de la consulta indígena, yo creo que ni siquiera debería haber alguna discusión. El artículo 7 del Convenio 169 de la OIT prácticamente nos obliga, ante modificaciones legislativas o constitucionales que afecten a los pueblos indígenas, realizarles una consulta. Sin duda, en este nuevo proceso constitucional las va a haber”, dice la experta Magaly Fuenzalida (Ind.-FRVS).

El interés por contar con la consulta indígena está cruzada por una preocupación transversal: la ausencia de representación indígena en la comisión. Ese elemento, agregan algunos expertos, se agrava al tomar en consideración el riesgo potencial de que el Consejo Constitucional no logre escaños reservados.

Esto último podría ocurrir debido a la barrera de entrada que pusieron los partidos en el Acuerdo por Chile. La Constitución vigente establece que para lograr un escaño indígena se requerirán, según simulaciones, más de 190 mil votos, algo bien difícil considerando la poca participación que suelen tener los pueblos originarios.

Ese es justamente el punto que preocupa a la experta Antonia Rivas (CS): “Es importante que se contemple la consulta indígena para las normas del anteproyecto de la Comisión Experta. Es una obligación internacional que tiene el Estado de Chile. Pensando, además, que hay bajas posibilidades de que hayan representantes indígenas en el Consejo Constitucional es algo importante para darle legitimidad a este proceso”.

Para Rivas, además de la obligación internacional, el país ya tiene precedentes en esta materia. “Esto se hizo en el proceso de la expresidenta Bachelet y en el de proceso anterior de la Convención”, agrega la especialista en el tema.

En el proceso anterior la consulta también fue objeto de varias presiones y polémicas. En el informe final sobre Participación y Consulta Indígena de la Convención se consignó que el proceso consultó a 7.549 personas. Si se toman como referencia los registros de la Conadi, eso significa que en la consulta indígena de la Convención Constitucional solo participó el 0,6% de las personas registradas como parte de algún pueblo originario. Inicialmente, la Secretaría de Participación y Consulta Indígena había estimado que la cobertura sería de 18.790 personas.

Dado que este proceso es mucho más corto que el anterior -la comisión tiene que redactar el anteproyecto en tres meses y el Consejo cuenta con cinco meses para redactar la propuesta final-, los expertos son de la idea de que se pueda hacer de forma más focalizada.

“Quizá puede ser acotada, pero respetando las normas del derecho internacional”, explica Rivas. La idea apunta a que no se consulten todas las normas, sino que solo se seleccionen aquellas que afectan a los pueblos indígenas.

Uno de los obstáculos, en caso de que esta petición prospere, será el financiamiento. La consulta de la Convención finalmente tuvo un costo de $ 270 millones. En este caso, ese presupuesto no es parte de los gastos considerados para el actual proceso constitucional.

Es por eso que Fuenzalida hace un llamado a evaluar las opciones y evitar que esto pueda escalar. “Debería ser el gobierno quizás, o quizás las universidades. Deberá buscarse el mecanismo para poder implementarlo. Desde mi perspectiva esto debería haber estado instalado en las bases y en el reglamento, para que el Estado no se arriesgue a una demanda internacional que perfectamente podrían hacer los pueblos originarios”, plantea la experta de la FRVS.

El asunto no es una sorpresa, ya que incluso ha sido advertido por los propios representantes de los pueblos indígenas. “Se está evaluando la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para manifestar la posible exclusión que está generando este proceso”, comentó a inicios de febrero en La Tercera Julio Marileo, uno de los candidatos del pueblo mapuche que aspira a un escaño indígena.