La presión del PC para que el oficialismo reclame a la Suprema por las enmiendas que crean nuevos capítulos de FF.AA. y seguridad

El Partido Comunista (PC) tiene una baja presencia en el Consejo Constitucional, pero no han pasado desapercibidos. Los representantes comunistas son los consejeros Fernando Viveros (Coquimbo) y Karen Araya (Metropolitana). Ambos, desde sus respectivas comisiones y al interior del “bloque unidad” del oficialismo, se han transformado en voces fuertes al momento de tomar definiciones y de influir en la estrategia de la izquierda al interior del proceso.

Tanto Araya como Viveros están en constante comunicación con el comisionado del partido, Alexis Cortés, y también con las distintas instancias de la colectividad. La coordinación con el PC es semanal. De hecho, el lunes ambos expusieron ante la comisión política. Esa vez dieron cuenta de la situación del Consejo en la previa al ingreso de las enmiendas y de las decisiones que había tomado el partido en esa materia.

Los comunistas impulsaron sin éxito presentar muchas enmiendas y dar señales políticas más fuertes, pero el sector optó por una estrategia distinta. La decisión final fue proteger los acuerdos que están detrás del anteproyecto de la Comisión Experta y eso implicaba ingresar pocas enmiendas. En total, solo enviaron 156 enmiendas, la cifra más baja respecto de todas las otras bancadas.

La exposición ante la comisión política se volvió a repetir el miércoles de esa semana. En ambas instancias han estado presentes importantes dirigentes del partido, como el secretario general, Lautaro Carmona, y Julia Urquieta, la única representante de la colectividad en el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA).

En esas conversaciones, los consejeros y los dirigentes del partido han abordado un asunto que complica al oficialismo. La izquierda ha dicho que según su interpretación, el reglamento no permite que el Consejo pueda crear nuevos capítulos y, por lo mismo, ante la intención de republicanos y Chile Vamos de crear un nuevo capítulo de Defensa nacional, otro de Seguridad pública e incluso otro para la Defensoría de las víctimas, el sector ha amenazado con reclamar ante la Corte Suprema.

Eso está instalado hace semanas, pero en la derecha saben que podría ser solo parte de una jugada política. La oposición recuerda que ellos nunca lo hicieron en la Convención y la vez que estuvieron más cerca les faltaron muy pocas firmas. Que la Suprema no les diera la razón y terminara blindando el criterio de la izquierda de la Convención fue el principal desincentivo para hacerlo.

Algo similar ocurre en el oficialismo. Por lo mismo, el PC ya tomó la definición política de presionar para que esto no solo quede en una amenaza y el sector concrete la jugada. Los consejeros comunistas están esperando un informe jurídico en el cual se hace un análisis del escenario ante la Suprema y, sobre todo, para despejar la duda de cuándo se generaría el vicio que se quiere alegar. Eso es clave, dicen, porque desde ahí se cuentan los cinco días que es el plazo para esta ejecutar esta acción. La duda es si el vicio se genera con la presentación de la enmienda, con su aprobación en comisión o con su votación en el pleno.

Para reclamar necesitan la firma de 10 consejeros o 10 comisionados. Fuentes del PC cuentan que si el bloque empieza a recular, ellos insistirán igual, incluso sin las firmas, pero haciendo el punto político y criticando a sus socios que no quieran sumarse.

La Suprema no es el único lugar que aparece en el horizonte. Luego de que la bancada republicana ingresaran una indicación para que los condenados mayores de 75 años o con enfermedades terminales cumplan sus penas en sus casas, la consejera Araya acusó que se trataba de un “perdonazo a Punta Peuco”. El ministro de Justicia, Luis Cordero, agregó que esa indicación “atentaría contra tratados internacionales”.

Eso último provocó que los comunistas además estén pensando en acudir eventualmente al CTA acusando una vulneración de la base institucional número tres, la cual que consagra que “la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes”. En el oficialismo dicen que todo se está analizando, mientras que fuentes socialistas comentan que eso no es parte del debate en el sector.

“No descartamos ninguna de las dos posibilidades. Es importante que podamos hacer valer las reglas del juego que fueron acordadas en un proceso democrático que dieron pie a este nuevo proceso constitucional”, explica Araya.

En la misma línea, Viveros hace un llamado a su sector: “Vamos a ocupar todas las herramientas; acudir a la Corte Suprema es una de ellas. Esperamos que todo el oficialismo, bajo la idea de respetar el reglamento, analice esta posibilidad, pero nosotros vamos a ir si hay que hacerlo”.

Mientras los comunistas presionan al oficialismo para pasar a la ofensiva, al interior del partido el escenario es de preocupación. El PC considera que las enmiendas republicanas “son extremas” y representan “un programa de gobierno”. Por eso fue que Viveros reconoció que el proceso corre “un alto riesgo de fracasar”. A su vez, han concluido esas modificaciones que significan un “retroceso en materias de derechos, tratados internacionales, aborto y medioambiente”.

Los comunistas quieren pasar a la acción. Comentan que la bancada republicana está avanzando sin titubear, con actividades en terreno y eso debe ser contrarrestado. Por lo mismo, la instrucción es empezar a “despertar a la gente y las organizaciones sociales”. El objetivo es articular a sus dirigentes y autoridades en las distintas regiones para remecer el ambiente e instalar “el peligro” que significan las ideas republicanas en el proceso constitucional.