La pugna entre dirigentes RD y Ana María Gazmuri que tensiona el partido

División ha causado en Revolución Democrática la ley de cultivo seguro de cannabis, proyecto que modifica el Código Sanitario permitiendo que la receta médica sea una herramienta válida e idónea para la plantación, cultivo y cosecha de plantas sin la posibilidad de detención o incautación. Mientras Ana María Gazmuri, dirigente del partido, es la principal promotora de la iniciativa, el secretario técnico del Departamento Políticas y Estudios del Colegio Médico (Colmed), y también militante de la colectividad, Cristóbal Cuadrado, se opone al proyecto, desatando una tensión dentro del partido.

Sin embargo, a la disputa entre los adherentes de cada una de las posturas dentro del partido, se suma la preocupación que existe en un sector de RD porque exista un eventual conflicto de interés por parte de Gazmuri, quien es fundadora y directora ejecutiva de la fundación Daya.

Las dudas respecto a la actriz y activista chilena se deben a que si bien la fundación aclara ser sin fines de lucro, formó en conjunto con Auscann Ltd. -empresa australiana que se cotiza en la bolsa y que tiene un valor bursátil de US$82,8 millones- una sociedad llamada "Dayacann SpA. "El objeto de la Sociedad es desarrollar una actividad agrícola que permita proveer en Chile materia prima para la investigación, producción y elaboración de productos medicinales, para satisfacer tanto la demanda nacional como extranjera, de manera tal que aporte desarrollo inclusivo y de bajo costo para atender las necesidades de la población en materia de salud y bienestar", se lee en la publicación del Diario Oficial que da cuenta, con fecha 25 de noviembre de 2016, de la creación de la sociedad por acciones.

Gazmuri, además se desempeña actualmente como consejera nacional de RD y ha liderado dentro su partido una arremetida para la aprobación de la ley de cultivo seguro y ha impulsado la creación de la Comisión de Nueva Política (NPD) de Drogas del partido, la cual ha tenido como principal acción el activismo a favor de la aprobación de la mencionada iniciativa de ley.

Quienes acusan conflicto de interés de la fundación Daya sostienen que la ley de cultivo seguro la beneficia en tres cosas: el primero, es que la fundación tiene un centro de atención donde médicos mantienen en control a más de 10.000 pacientes, cobrando 15 mil pesos en cada consulta. En estas atenciones se receta autocultivo de cannabis para preparados artesanales, y con esta ley, esto se potenciaría y con ello las ganancias de Daya. Lo segundo, es que venden talleres (algunos cobran hasta 40 mil pesos por persona) para aprender a hacer preparados artesanales, por lo que con la aprobación de la ley, también se potenciaría esta fuente de ingresos de la fundación. Finalmente, "públicamente establece el cannon de que la cannabis es medicinal, sin que exista acuerdo en la comunidad científica de esto, con lo que se abre la industria de la cannabis medicinal en Chile, lo que se condice con la llegada de empresas internacionales del rubro", sostienen.

Sin embargo, la dirigente descarta cualquier tipo de conflicto de interés. Según Gazmuri, la ley de cultivo seguro solo regula e incentiva el uso personal del cannabis medicinal, de manera que no fortalece industria alguna.

Es en el registro del Diario Oficial donde se detalla que el capital de la empresa fue de "US$1.760.000 (dólares de los Estados Unidos de América)", lo equivalente a cerca de $1.207.060.800 de pesos chilenos. De eso, "Fundación Daya suscribe y paga 50 acciones por un total de US$880.000 mediante el aporte de Know-How; y Auscann Group Holdings Limited suscribe 50 acciones por un total de US$880.000".

Dayacann, además es dirigida por Nicolás Dormal, quien además es director de desarrollo de la Fundación Daya y esposo de la Ana María Gazmuri desde noviembre del 2014.

En sus estados financieros anuales, correspondiente a junio de 2018, según el año fiscal australiano, Auscann Group Holdings dice que el joint venture que tiene en Dayacann es "con fines de lucro". Aucann Group Holdings reportó que en el primer semestre de 2018, las ganancias de DayaCann fueron de 77.713 dólares australianos (en dólares estadounidenses son cerca de US$53.832), por lo que de este monto Auscann se quedó con 38.857 dólares australianos (alrededor de US$26.916), correspondiente al 50% que tiene en la participación de Dayacann.

Tanto la fundación chilena, como la empresa australiana se dedican al tratamiento con cannabis. Según se describe en la página del socio de la Fundación Daya, "Auscann es una compañía farmacéutica australiana que reúne experiencia y operaciones líderes en todos los aspectos de la cadena de valor del cannabis medicinal, comenzando con el cultivo y la producción, hasta la fabricación y venta de productos farmacéuticos cannabinoides. Nuestro objetivo es producir y proporcionar a los pacientes medicamentos cannabinoides de alta calidad, económicos y clínicamente validados".

Por otro lado, según lo publicado por Pulso en febrero de este año, el 21 de enero se oficializó la llegada a Chile de la tercera firma canadiense de cannabis. Khiron debutó en el país para competir en el mercado medicinal, procurando un aterrizaje seguro al asociarse con Dayacann, titular de la primera licencia de cultivo de marihuana medicinal en el país, y con la Fundación Daya, principal promotor del uso de tratamientos alternativos a base de cannabis.

En el partido reconocen que esto podría traerles problema, por lo que ha sido abordado en distintas ocasiones entre los dirigentes. Son varios los que, además, aseguran no estar al tanto de si efectivamente si la fundación o Dayacann tienen ganancias que podrían complicar a Gazmuri. Lo que sí, sostienen varios, es que de aprobarse la ley si podrían subir los ingresos.

Gazmuri, en tanto, aclara que no existen utilidades, solo inversión, y que en el caso de que la empresa comience a recibir ganancias, éstas irán orientadas directamente al funcionamiento de la fundación.

Consultada por La Tercera PM, la militante RD expuso que "No existe ningún conflicto de interés. La ley cultivo seguro busca resguardar el derecho de los pacientes, consagrado en nuestra regulación, a acceder al cannabis para uso medicinal a través del autocultivo, sin ser perseguidos y criminalizados. En Fundación Daya siempre hemos defendido todas las vías de acceso a los beneficios del cannabis: autocultivo, cultivos colectivos para uso personal y los fitofármacos estandarizados a bajo costo. Sabemos, por nuestra experiencia de 6 años educando y acompañando a los usuarios medicinales de cannabis con nuestro equipo médico, que el autocultivo no es sólo la principal vía de acceso, sino que la vía más democrática, eficaz y económica con que cuentan hoy los pacientes".

Algunos acusan que existe un conflicto de interés en tu activismo por la ley de cultivo seguro y la empresa de la Fundación Daya, Dayacann. ¿Cree que existe algún impedimento ético?

Cualquier supuesto impedimento ético o conflicto de interés respecto de esto, queda descartado desde el momento en que Daya impulsa la Ley Cultivo Seguro, que permite también asegurar la independencia de pacientes y usuarios liberándolos de cualquier dependencia con la industria. Estamos ciertos que en un país donde suelen imperar los monopolios, el autocultivo no es de interés de dicha industria. Promover el autocultivo es, por el contrario, un imperativo moral de compromiso con una democratización del acceso a la salud.

Dayacann es una empresa de la fundación. ¿Les genera ganancias?

Cabe aclarar que Dayacann no es una empresa perteneciente a la Fundación, sino que es un emprendimiento a partes iguales entre Daya y la empresa AusCann, orientado al desarrollo de una planta de cultivo, que cumpla con altos estándares tecnológicos y de buenas prácticas, destinada a desarrollar proyectos de investigación científica, para la elaboración de fitofármacos de bajo costo accesibles a la población que así los requiera. Ninguna persona natural participa de este emprendimiento y será Fundación Daya la receptora de cualquier beneficio económico que eventualmente DayaCann le pueda reportar en el futuro, dentro del marco de esta asociación. Estos beneficios, aún inexistentes, serán íntegramente destinados a generar mayor acceso a atención médica y tratamientos a pacientes de escasos recursos, fortalecer las agrupaciones regionales que trabajan en red con nuestra Fundación, fortalecer programas de educación y capacitación tanto para el cannabis medicinal como para planes de prevención basados en la reducción de daños.

Pero, ¿cómo se compraron las 50 acciones de Dayacann, avaluada en US$ 880.000?

Primero, aclarar el concepto. No se trató de una compra de acciones, sino que hablamos del aporte de capital para la constitución de una empresa destinada a la investigación de los usos medicinales del cannabis. La propiedad de dicha empresa está dividida en partes iguales. El aporte de Daya no corresponde a una inyección monetaria, sino que es la valorización del know how de la Fundación. Auscann aportó US$ 880.000, capital que es la base financiera que ha permitido las operaciones de Dayacann en su ámbito propio, que es el de la investigación y producción con fines medicinales, como no nos cansaremos de aclarar. En definitiva, no hay tal compra.

Entonces, esta pugna política dentro del partido ¿a qué se debe?

Este es un conflicto que se arrastra por lo menos desde el año pasado, debido a la existencia dentro de RD de fuerzas que, aunque se definen como progresistas, son profundamente conservadoras y se resisten a un cambio cultural mundial referido al cannabis. Estos sectores se opusieron a la sola existencia de un espacio destinado a construir una nueva política de drogas desde RD, lo que derivó en una discusión sobre el uso medicinal de cannabis.

En el estado actual, esto los ha llevado a defender el prohibicionismo auspiciado por el Colegio Médico (Colmed), siendo el autor y vocero de dicha declaración Cristóbal Cuadrado, quien fuera Coordinador de la Comisión de Salud de RD, y que hoy sigue siendo parte de dicha comisión. Sabemos también que detrás de todo esto está la figura del mayor prohibicionista que ha existido en Chile, Mariano Montenegro, responsable de campañas como "Vuelve a ser inteligente" y de haber puesto al cannabis en lista 1, negando de plano cualquier efecto terapéutico del cannabis.