Pero la tarde del miércoles 19 de diciembre, luego que la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados aprobara la indicación impulsada por la diputada Carmen Hertz (PC), otro debate pasó inadvertido.

Al continuar la discusión del proyecto sobre incitación a la violencia –enviado en septiembre de 2017 por la entonces presidenta Michelle Bachelet-, la instancia abordó una indicación presentada por los diputados RN Diego Schalper y Cristóbal Urruticoechea, con la cual buscaban incluir un nuevo artículo 161G en el Código Penal, en el siguiente tenor: "El o los que, a través de cualquier medio, promovieren, justificaren o propugnen la violencia como medio de acción política, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 40 a 60 unidades tributarias mensuales".

La propuesta de los parlamentarios RN contemplaba también un segundo inciso, endureciendo las sanciones cuando aquellas conductas fueran ejercidas por funcionarios públicos.

De la misma forma en que se habían sancionado prácticamente todas las votaciones, la norma fue rápidamente rechazada por los siete parlamentarios de oposición y respaldada por los seis oficialistas. En medio de la votación, sin embargo, la diputada Maite Orsini (RD) fue uno de los pocos legisladores que decidió argumentar su voto, sorprendiendo con sus palabras a varios de los presentes.

La diputada –quien a comienzos de septiembre sostuvo, junto a su par Gabriel Boric (MA), un reservado encuentro en Francia con el exfrentista Ricardo Palma Salamanca, condenado como autor del asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán- inició su argumentación explicando que pertenece a "un sector político que se declara, me imagino o parte de ellos, al menos desde Revolución Democrática, pacifista y estamos, por supuesto, en contra de la violencia como acción política en tiempos de democracia". No obstante, agregó que la enmienda presentada por sus pares RN "no señala contexto" y que, en su opinión, "hay contextos en los que la violencia como medio de acción política es válida".

En esa línea, Orsini afirmó que "cuando estás siendo perseguido y cuando estás siendo torturado y cuando estás siendo asesinado por tu manera de pensar, creo que sí es justificable defenderse, a modo de legítima defensa, de un actuar político criminal. Entonces, al no haber un contexto en esta indicación, creo que resulta inadecuada, por eso voto en contra".

Dando a conocer razones muy distintas, el otro parlamentario que rechazó la indicación entregando argumentos para su decisión fue el diputado DC Mario Venegas. El parlamentario desestimó la necesidad de incorporar la norma en la legislación, considerando que ello está contemplado en la Constitución, en el artículo 19 número 15, donde se señala, entre otras cosas, que "son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política".

Paradójicamente, ese mismo artículo fue citado por el Servel cuando, a fines de 2015, decidió rechazar la inscripción de Revolución Democrática como partido político. En ese momento, el organismo explicó que la palabra "revolución" en sus distintas acepciones "da a entender eventuales acciones contrarias al orden público y la paz social", lo que vulnera los artículos 4 y 19 número 15 de la Constitución Política y obligaciones establecidas en el artículo 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Tras varias apelaciones, el movimiento que lideraba Giorgio Jackson pudo inscribirse como partido con el nombre escogido originalmente.