La sociedad que J.A. Kast no explicitó y que va a “complementar” en su declaración de patrimonio e intereses

* Posterior a la publicación de esta nota, el equipo de Kast especificó que el candidato sí declaró ante Contraloría una vinculación con la sociedad Padua mediante un cargo de administración y que fue catalogada como “reservada” en la versión que subió el portal Infoprobidad. Pese a esa mención, en la declaración original no se explicita el vínculo societario de propiedad que tiene el exdiputado con Padua, ya que una persona puede ejercer como administrador de una inmobiliaria, pero no tener participación en la propiedad de dicha sociedad. “A partir de la consulta de La Tercera, creemos necesario complementar la declaración original y agregar, en esa sección, el detalle de los derechos que se tiene de la sociedad Bavaro en la sociedad Padua Limitada que había sido declarada en otra sección”, habían señalado para esta nota.

En noviembre de 2015, José Antonio Kast Rist llegó junto a su señora, María Pía Adriasola, y cuatro de sus nueve hijos hasta la 22º Notaría de Santiago, ubicada en la comuna de Las Condes. La familia hizo una modificación relevante a una de las sociedades que en ese tiempo formaban parte del holding Bavaria.

La firma que escogieron fue una creada por los Kast Rist en 1998 y que recibió como primer nombre Cafetería Las Condes Limitada. En 2008 esa misma sociedad tuvo un cambio de razón social y pasó a llamarse Farmacia Suiza Limitada. Fue recién a finales de 2015 que la compañía salió del holding creado por Christian Kast Rist para transformarse en la sociedad principal del clan Kast Adriasola.

El nombre escogido fue Inmobiliaria e Inversiones Padua Limitada. Desde su primer día de existencia, esta sociedad fue controlada por el exdiputado y ahora candidato presidencial del Partido Republicano. En la escritura pública donde quedó registrada esta modificación se lee que el objetivo de la sociedad es el siguiente: “El objeto de la sociedad será la adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, por cuenta propia o ajena”.

El capital inicial de esta sociedad fue de $ 200 mil y José Antonio Kast Rist quedó controlando el 97,5%. Su esposa y sus cuatro hijos tuvieron, cada uno, el 0,5% restante.

A fines de 2015 el actual abanderado presidencial ya había tomado la decisión, junto con su hermano Christian, de retirarse del holding Bavaria. Ese año el exparlamentario realizó ocho operaciones para vender su participación en las pocas firmas de las cuales aún seguía siendo socio.

La venta más relevante la hizo cuando abandonó el 0,4% que le quedaba en Inmobiliaria San Miguel Limitada. El exmilitante UDI acordó que su salida del holding sería compensada, principalmente, con la venta de su participación en dicha compañía. “Los socios de Inmobiliaria San Miguel Limitada acuerdan y autorizan a don José Antonio Kast Rist para que en su calidad de socio realice un retiro por $ 4.100 millones, suma que será reinvertida en una sociedad de su control”, se lee en una escritura que registró este movimiento el 29 de diciembre de 2015.

Un día después, José Antonio Kast Rist llevó todo ese dinero y lo inyectó en Padua Limitada. En esa modificación la firma pasó de un capital de $ 200 mil a uno de más de $ 4.200 millones. Pese al aumento, no se modificó la estructura de la propiedad, ya que el candidato conservó su posición de controlador con el 97,5%.

El 13 de agosto de 2018, el clan Kast Adriasola realizó una operación relevante. Los socios de Padua Limitada constituyeron sociedades por acciones de las cuales cada uno de ellos es el único socio. Luego se retiraron de Padua como personas naturales, pero ingresaron a la sociedad a través de sus nuevas personas jurídicas.

En el caso de José Antonio Kast Rist esto se traduce en que constituyó la firma Inversiones Bavaro SpA, sociedad de la cual es el único socio. De esta manera, el exdiputado UDI se retiró de Padua como persona natural, pero inmediatamente volvió a ingresar como Bavaro SpA. Esta última firma sí está declarada por el candidato.

Ese mismo esquema se ha mantenido en el tiempo. El último registro que se tiene de esta sociedad tiene fecha de 15 de junio de este año. Ahí entraron a la sociedad otros tres hijos del exdiputado que ahora son mayores de edad. De esta forma el líder del Partido Republicano -ahora representado como el único dueño de Inversiones Bavaro SpA- mantuvo su posición de controlador de la sociedad, esta vez siendo el dueño del 96% de la firma.

Su esposa y sus siete hijos siguieron cada uno con el 0,5% restante. Con estos nuevos ingresos, la inmobiliaria quedó con un capital de $ 4.900 millones.

Esto no significa que el capital de las sociedades que controla José Antonio Kast Rist sean lineales y se puedan sumar. Hacerlo sería un error. De lo que se sabe, todo apunta a que el capital de Bavaro SpA, que sí está declarado, sea el mismo que compone el 96% de Padua. Es decir, el capital de Bavaro SpA paga el capital en Padua.

Ese es el origen de la sociedad principal de José Antonio Kast Rist que, hasta ahora, no está explicitada en su declaración de patrimonio e intereses como candidato presidencial disponible en Infoprobidad.

En la declaración del exdiputado no se incluye ninguna propiedad a su nombre. Según el rastreo de este medio eso sería efectivo. Sin embargo, de acuerdo a esa misma búsqueda, Padua Limitada tiene al menos ocho propiedades. De acuerdo a información del Servicio de Impuestos Internos, la suma del evalúo fiscal de esos bienes raíces es de un total de más de $ 1.081 millones.

Padua Limitada solo ha sido declarada una vez por el exmilitante UDI. Lo hizo cuando fue candidato presidencial en 2017. Esa vez sí la incluyó en su declaración, ya que a esa fecha él era socio como persona natural. Fue recién en 2018 en que ocurrió el cambio que hizo que siguiera como controlador, pero a través de Bavaro SpA.

Este medio le consultó al equipo del candidato por qué no se declaró Padua Limitada, ante lo cual respondieron que “la declaración de patrimonio de José Antonio Kast incluye la totalidad del patrimonio e intereses económicos del candidato. Por una consulta de La Tercera, referente al detalle de una sociedad declarada, creemos que es necesario complementar una sección con información que había sido señalada en otra parte del documento”.

En esa misma línea, agregaron lo siguiente: “A partir de la consulta de La Tercera, creemos necesario complementar la declaración original y agregar, en esa sección, el detalle de los derechos que se tiene de la sociedad Bavaro en la sociedad Padua Limitada que había sido declarada en otra sección”.

Respecto de la posibilidad de incluir las propiedades de Padua Limitada en la declaración del candidato, el equipo del exparlamentario plantea que “la ley no lo requiere, pero estamos abiertos a que si la Contraloría lo determina o el resto de los candidatos lo hace, complementarlo de todas maneras”.

Desde el equipo, además, expusieron que la remuneración bruta mensual declarada “corresponde al rol que tiene como uno de los administradores de esa sociedad y que también se declaró en la sección de actividades”.

En este punto no existe un consenso. La ley que regula las declaraciones de patrimonio e intereses estipula lo siguiente:

Cuando los derechos o acciones de que sea titular el declarante le permitan ser controlador de una sociedad (...) también deberán incluirse los bienes inmuebles, derechos, concesiones y valores a que se refieren las letras b), c) y f) de este artículo, y los derechos y acciones de que trata esta letra que pertenezcan a dichas comunidades, sociedades o empresas, en los términos referidos precedentemente.

Segundo párrafo de la letra e) del artículo 7 de la Ley 20.880

Sin embargo, expertos consultados por La Tercera PM plantean sus matices. La abogada María Jaraquemada, quien es la oficial del programa de Chile y el cono sur de IDEA Internacional, asegura que sí se deben declarar este tipo de sociedades.

“La ley, a mi juicio, es bastante clara (...), de hecho fue un tema discutido en la tramitación legislativa y, en general, había bastante acuerdo en que no solo se declara la información de una sociedad matriz o de primer nivel, sino que también los bienes o valores de otras que fueran filiales o de segundo nivel. Si esto no se hacía, era una forma de burlar la ley o establecer un vacío y que no se cumpliera con su objetivo: poder prevenir conflictos de interés y detectar posibles enriquecimientos ilícitos de una exautoridad o funcionario”, plantea la experta, quien siguió de cerca la tramitación de este proyecto de ley durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet.

El director de Chile Transparente, Alberto Precht, expone algo distinto. “Efectivamente, la ley tiene un grave problema y es que obliga a declarar las sociedades en las cuales la persona natural tiene intereses, pero si esa persona natural tiene a su vez una persona jurídica que tiene intereses y controla otro tipo de compañías no está obligado a declararlo. Por ese lado tenemos un vacío, porque solo podemos llegar a la primera capa, es decir, solo donde una persona natural es dueña”, afirma el abogado.

Precht agrega que esta deficiencia del sistema chileno también se relaciona con la inexistencia de un registro público de beneficiarios finales, es decir, de dueños reales de empresas: “Si eso existiera en Chile, esto no tendría mayor interés, porque uno viendo a la persona natural podría ver todas las otras compañías en las que tiene interés, independiente si lo hace a través de una persona jurídica o a través de una persona natural”.

El director de Chile Transparente agrega que pese a este vacío, los candidatos siempre pueden agregar más elementos de forma voluntaria en sus declaraciones. “Si una persona quisiera mostrar, por ejemplo, una sociedad de la cual es dueño a través de otras sociedad y esta a su vez es dueña de propiedades, estas se podrían incluir sin ningún problema en la declaración. Nadie está obligado a no ponerlo, ese espacio está abierto”, dice Precht.

Jaraquemada, por su parte, añade otra falencia en este tema. “Lamentablemente, como ya hemos visto, hay ciertas debilidades del sistema de declaraciones de intereses y patrimonio de candidaturas, al no haber una potestad fiscalizadora del Servel ni tampoco sancionadora”, dice la abogada.