La sucesión de Rutherford: nombran nueva ministra a cargo del caso fraude en el Ejército

“Habiéndose dispuesto la entrega de esta causa, por concluir el plazo dispuesto por la Corte Suprema, con esta fecha cesan las funciones de la suscrita como Ministra en Visita Extraordinaria en la tramitación de la misma”.

Con esas palabras, el viernes 1 de septiembre, la jueza Romy Rutherford comunicó formalmente a los intervinientes del caso de fraude en el Ejército que dejaba el cargo como ministra en visita con dedicación exclusiva para dicha indagación. Esto, luego de que el pleno del máximo tribunal determinara no extender sus labores, pese a la solicitud realizada por el Consejo de Defensa del Estado.

Eso sí, antes de partir y de entregar formalmente toda la documentación que reunió desde que asumió las pesquisas -el 3 de marzo del 2017- que le permitió procesar a los últimos cuatro excomandantes en jefe del Ejército Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022), Rutherford jugó sus últimas cartas.

Y es que el último día hábil antes de que terminara su visita, el mismo viernes 1, la jueza amplió el procesamiento por malversación de caudales públicos en contra del también excomandante en jefe Juan Emilio Cheyre, en la arista de gastos reservados, por el mal uso de más de $5 mil millones. Y, asimismo, lo encausó por el delito reiterado de falsedad de documento público, por declaraciones juradas ante la Contraloría.

En las jornadas previas, además, dictó condena en contra 10 procesados en la arista Frasim del fraude, tras detectar pagos por más de $2.500 millones por trabajos inexistentes o sin respaldo. Aquello, tras constatar la existencia de 409 facturas fraudulentas emitidas a nombre de la Comandancia General de la Guarnición del Ejército de Chile entre septiembre de 2010 y marzo de 2014. De esta forma, sentenció a los procesados con penas que van desde los 541 días a los 20 años de presidio.

Tras aquello, Rutherford comenzó a hacer uso de su “feriado legal”, por lo que se mantendrá fuera hasta el próximo 24 de septiembre. A su regreso, la jueza volverá a integrar la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Tributaria.

Durante la jornada de este lunes, en tanto, el pleno de la Suprema confirmó a la ministra Ana María Osorio como nueva jueza en visita con dedicación exclusiva para la citada causa. Esto, luego de que el ministro visitador de la Corte Marcial, Mario Carroza, informara sobre la solicitud.

Y como dan cuenta desde el máximo tribunal, ahora le corresponderá, como primera tarea, definir si pide o no la prisión preventiva para Cheyre, quien durante la mañana de este lunes fue notificado sobre la ampliación de su procesamiento.

Durante la jornada, además, los ministros visaron la petición para mantener la comisión de servicio de los funcionarios que, hasta ahora, habían indagado el fraude bajo la dirección de la jueza Rutherford.

Ana María Osorio es abogada de la Universidad de Chile, e ingresó al servicio judicial en noviembre de 1996 como oficial segunda del Juzgado de Letras de Colina. En 2002 asumió el cargo de oficial cuarta del 22° Juzgado Civil de Santiago, llegando como relatora a la Corte de Apelaciones de Santiago en el año 2004.

En octubre de 2005 fue nombrada jueza del 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Asimismo, se desempeñó en diversos cargos temporales como relatora suplente en la Corte Suprema y ministra suplente en la Corte de Santiago.

En diciembre de 2022 juró como ministra titular del tribunal de alzada capitalino en la vacante generada por el cese de funciones de Gloría Solís Romero.

Pasó a integrar la Corte Marcial a partir de este lunes 4 de septiembre, luego de resultar elegida en un sorteo realizado el pasado 24 de julio por el pleno del tribunal de instancia.

Ahora, en todo caso, le tocará asumir una misión totalmente distinta a lo que ha hecho. La investigación del fraude en el Ejército es una de las investigaciones “emblema” de la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), donde las complejidades están dadas por el volumen de información, pero también por las expectativas de un caso que el próximo año ya cumplirá 10 años en tribunales.