La tercera es la vencida: La vida de Gabriel Urenda fuera de Capitán Yáber

Tiene poco contacto con su familia y vive en un departamento en Las Condes. El 4 de abril, en medio de la pandemia, Gabriel Urenda Salamanca (60), fundador del fallido Grupo Intervalores dejó el anexo penitenciario Capitán Yáber bajo total reserva.

Con ello terminó un año y cuatro meses de prisión preventiva, derivada de la investigación que lleva adelante el fiscal Felipe Sepúlveda desde fines de 2018, cuando un grupo de clientes del holding financiero -que prometía suculentas ganancias por medio de inversiones mensuales-, acusó ser víctima de una estafa y presentó una serie de demandas exigiendo la restitución de sus dineros. Alertada por los reclamos y por una investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros), la Fiscalía le imputó los delitos de estafa, apropiación indebida e infracción a la Ley de Mercado de Valores.

¿El resultado del denominado caso Intervalores? 87 víctimas y un perjuicio total que asciende a $11.500 millones en un esquema que el fiscal Sepúlveda calificó como una “bicicleta financiera con rasgos de estafa piramidal”.

En el penal de Capitán Yáber, el hijo del exsenador UDI Beltrán Urenda recibió pocas visitas de parte sus familiares. Sus hijas Antonia (21) y Begoña (20) fueron al lugar y también lo han ido a ver al departamento en que se encuentra actualmente. En el penal -según trascendió- jugó ajedrez en ocasiones junto a Rafael Garay, condenado por estafas reiteradas que hoy se encuentra en libertad condicional.

A Urenda “justo le tocó el tema del Covid-19 que estaba recién empezando y los tribunales tenían un criterio de rebajar medidas cautelares en los casos en los cuales no hay tanta peligrosidad en las personas que están en prisión y él llevaba más de un año en prisión”, explica el fiscal Sepúlveda. La medida tuvo la oposición de un grupo de querellantes, que solicitó la anulación de la resolución en la Corte de Apelaciones, pero el tribunal -según consigna la resolución del 4 de abril- aseguró que no existe peligro de fuga dado que “cada vez que el imputado ha sido requerido, se ha presentado voluntariamente y sin necesidad de ser conducido por la fuerza a los actos del procedimiento”.

Hoy, Urenda por fin se encuentra sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. En el año y cuatro meses de encierro, intentó hacer lo mismo en dos ocasiones, pero en ambas parte de los querellantes se opusieron, logrando que la justicia anulara la resolución.

“Lee. Ve televisión. Estudia los antecedentes del caso. No tiene mucho contacto con nadie. Está muy solitario y no sé si su familia volvió, porque cuando salió de la cárcel entiendo que sus hijas estaban en el sur con su mamá. Imagino que volvieron, pero la verdad es que no sé si lo visitan", acota un cercano a Urenda que pidió reserva de su identidad.

El empresario ha confesado a sus cercanos estar “muy preocupado” por el resultado del juicio en su contra debido a las penas que arriesga, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público. A esto se suman las complicaciones del Covid-19 que han obligado a extender los plazos, pues ahora finalmente quedó fijada para el próximo 21 de septiembre la audiencia de preparación del juicio oral.

Pero no todo es tan malo para Urenda, pues fue justamente esta extensión del plazo la que llevó al tribunal a discutir la rebaja de la medida cautelar. Según un escrito presentado al 4º Juzgado de Garantía por la azucarera Panor -uno de los querellantes del caso que exige la restitución de $1.152 millones- Urenda no debía ser beneficiado con la rebaja de la medida cautelar de prisión preventiva en medio de la pandemia debido a la gravedad de las penas que arriesga. En efecto, por el delito de apropiación indebida y estafa reiterada arriesga una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales. Mientras que por la eventual infracción a la Ley de Mercado de Valores, arriesga una pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo.

La familia Urenda Salamanca quedó muy afectada con el proceso judicial. Según distintas fuentes consultadas, Gabriel mantiene una relación de distancia con sus hermanos mayores Beltrán (72); Elena (70); Beatriz (68) y José Manuel (67). Y solo mantiene diálogo con Macarena (65); Diego (56) y Carolina (58).

Justamente esta última ha sido de gran ayuda para él, tras salir del penal: le entregó un departamento de su propiedad para que pudiera vivir mientras se extiende el juicio. De igual manera, constantemente recibe llamados de su hermano Diego. Desde el estallido del caso, un apoyo fundamental han sido sus hermanos, quienes han financiado los gastos de la defensa.

Según ha explicado Gabriel a sus hermanos, él es una víctima de las gestiones realizadas por Sebastián González, su exgerente de finanzas, quien también se encuentra imputado en el proceso. El ejecutivo se ha defendido señalando totalmente lo contrario, culpando al que alguna vez fuera su jefe.

El abogado de Sebastián González Darío Silva sostuvo que su cliente a lo largo del proceso “logró marcar una diferencia del imputado Urenda en su actuación como ejecutivo y no como dueño ni como gerente general. Segundo: la cantidad de delitos que se imputaron y tercero: la apropiación de los capitales fueron a parar en la reinversión de los negocios personales de Urenda, y González ha colaborado con la investigación”.

Otro de los involucrado en el denominado caso Intervalores es Ricardo Espinoza Segura, defendido por el abogado Miguel Chaves en el marco de la arista con factoring. A la fecha, el imputado -al igual que Urenda y González- permanece en libertad sujeto a la medida cautelar de firma mensual en la Segunda Comisaría de San Pedro de Atacama.

A pesar de lo anterior, Urenda ha logrado cerrar acuerdos reparatorios con una parte menor de los querellantes. Se trata de al menos seis personas que mantenían acreencias menores en comparación con el grueso de las víctimas del grupo Intervalores.

A la fecha, según sus cercanos, Urenda ha cerrado ocho acuerdos de indemnización que suman en total unos $40 millones. Ejemplo de ello es que el 18 de febrero, los hermanos Martín y Antonia Goycoolea Scott arribaron a un acuerdo reparatorio con Gabriel Urenda y, por lo tanto, se desistieron de su querella. El acuerdo consistió en una transferencia electrónica de $3 millones a cada uno.