La “trama bielorrusa” que estalló en la Corte: caso que indaga la Fiscalía afecta a Vivanco, a cuatro supremos y a tres reconocidos abogados integrantes

La tramitación de un recurso de protección, que llegó el 28 de junio de 2023 a la Tercera Sala de la Corte Suprema, se ha convertido en una bomba de racimo que explotó en el máximo tribunal y cuyos efectos solo crecen a medida que pasa el tiempo. La Fiscalía ya abrió una investigación que, por el momento, afecta directamente a la ministra Ángela Vivanco, pero que terminará salpicando inevitablemente a cuatro ministros más y a tres abogados integrantes.

La causa se remonta a una acción de protección iniciada en marzo de 2023 ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. Todo lo inició la sociedad Belaz Movitec SpA, un consorcio internacional chileno-bielorruso conformado por las empresa chilena Movitec S.A. y Belaz, una fábrica estatal de Bielorrusia. Este consorcio participó en un proceso de licitación de Codelco con el objeto de proveer los servicios de movimiento de tierra masivo para la preproducción y construcción de caminos.

Fue en ese contexto en que surgió la disputa. El consorcio recurrió en contra de Codelco por dos hechos. El primero tiene que ver con la retención de equipos, vehículos, perforadoras, maquinaria pesada, bienes y materias primas que se encuentran al interior de la División El Salvador de Codelco. A eso luego se sumó el traslado de nueve camiones y una pala, avaluada en más de US$ 40 millones.

En el tribunal de alzada de Copiapó a los bielorrusos les fue mal. El 13 de junio su recurso se rechazó de manera unánime por la sala que integraron la ministra Aída Osses, el magistrado Rodrigo Cid y la fiscal judicial Anita Maluenda. La historia cambió su rumbo cuando el consorcio apeló y se llevó la causa a Santiago. Al tratarse de un recurso de protección, el caso cayó en manos de la Tercera Sala, la instancia que resuelve los temas constitucionales en el máximo tribunal.

Los abogados del consorcio fueron el exdiputado DC Gabriel Silber, el abogado Mario Vargas -el mismo que interpuso el recurso de protección ante la corte para bloquear el acceso del CDE a los chats de Luis Hermosilla extraídos por la Fiscalía-, el exdiputado radical Eduardo Lagos e Isaac Ramírez. Es en esta parte de la historia en que todo se oscurece.

El certificado de ingreso de la apelación en la Suprema quedó indexado con fecha 28 de junio de 2023. Ese mismo día, el ministro Jean Pierre Matus -quien en ese tiempo integraba la Tercera Sala- se inhabilitó de la causa. Al día siguiente, el consorcio ingresó una orden de no innovar, un recurso propio de las acciones de protección que tiene el objetivo de ordenar una acción momentánea, para evitar eventuales vulneraciones de derechos mientras la corte revisa el caso y falla la causa.

El 30 de junio el entonces presidente de la Corte Suprema, el ministro Juan Eduardo Fuentes, emitió el tradicional escrito en que ordenaba dar vista a la causa. Es en este documento en que aparecen los problemas. El escrito ordenaba dar cuenta de la orden de no innovar a la sala respectiva. Eso, en lenguaje judicial, significa que el caso pasaba a la sala para que fuera visto por los jueces que la integraban.

Ese mismo día la sala procedió a ver la causa. La integración fue especial. El ministro que siempre preside la instancia -debido a su antigüedad- es Sergio Muñoz, pero esta vez no estaba presente. En su reemplazo presidió la segunda antigüedad, en este caso la ministra Vivanco. Junto a ella, la sala quedó integrada por el ministro Mario Carroza, la magistrada María Cristina Gajardo y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides.

La sala procedió a ver la orden de no innovar y la acogió parcialmente por unanimidad. Al tratarse de un recurso de protección, se procedió a lo que se hace siempre en la Suprema: se resolvió sin alegatos y en la cuenta de la sala. Por eso en la misma resolución en que se acogió parcialmente la orden de no innovar, la sala consignó que la causa quedó en acuerdo -el acto que ocurre cuando los jueces deliberan, votan y toman una decisión- y que se designó como redactora de la sentencia a la ministra Gajardo. Es decir, dos días después de haber ingresado la apelación el recurso ya estaba resuelto, solo faltaba que Gajardo escribiera la sentencia para que se hiciera pública la decisión de la Suprema.

Cuatro días después, el 4 de julio a las 8.08 de la mañana, apareció la primera señal de que algo raro había pasado. Al menos así lo interpretó Codelco. El expresidente Fuentes emitió una resolución en que reconoció que el escrito anterior en que ordenaba la vista de la causa tenía un error. “Con la nueva cuenta del señor secretario (s) de esta Corte y advirtiendo un error involuntario de transcripción de lo resuelto en esta causa con fecha 30 de junio y sin perjuicio del estado de esta, se dispone enmendar la redacción de lo resuelto, en el sentido de agregar al inicio la oración, dése cuenta del recurso en la Tercera Sala de esta Corte, oración a continuación de la cual se agregará un punto seguido y el texto que aparece en la trascripción original”, se lee en el documento.

Ocho horas después, casi a las 16.10 de la tarde, los ministros firmaron la sentencia, la cual se subió al sistema y se notificó a las partes. La decisión fue que por 4 votos contra 1 la Suprema revocaba la sentencia de primera instancia, fallaba en contra de Codelco y ordenaba a la estatal a restituir los equipos y bienes del consorcio, además de terminar con la retención de un pago que en total sumaba casi $20 mil millones a la empresa chileno-bielorrusa. Al voto de mayoría concurrieron Vivanco, Carroza, Etcheberry y Benavides. La única disidente fue la ministra redactora del fallo: la magistrada Gajardo.

Lo que más llamó la atención de la sentencia es que dos ministros -Vivanco y Carroza- y dos abogadas integrantes -entre las que estaba una destacada civilista- accedieran a acoger un recurso de protección para resolver el conflicto civil de un privado, algo que según abogados consultados es muy poco habitual en este tipo de recursos, ya que deben resolverse en otra sede.

El mismo día en que se notificó del fallo, pasadas las nueve de la noche, los abogados de Codelco -representados por Raimundo Labarca y José Manuel Concha- ingresaron un incidente de nulidad. Lo que querían era dejar sin efecto la sentencia argumentando vicios en la tramitación de la causa.

El principal argumento apuntaba a los escritos emanados por el ministro Fuentes. Según los abogados de Codelco, el documento original -con error en la transcripción- no ordenaba dar vista a la causa, por lo que la sala no pudo resolver el recurso el día en que deliberaron y dejaron el tema en acuerdo. Eso solo ocurrió cuatro días después, cuando llegó la corrección.

Así lo explicó Codelco: “Lo anterior demuestra, de manera inequívoca, que el día 30 de junio de 2023 no se había ordenado dar cuenta de la apelación, trámite que solo fue ordenado mediante la resolución ‘rectificatoria’ dictada con esta fecha. Por lo mismo, la cuenta de la apelación y la adopción del acuerdo que se verificó el pasado 30 de junio de 2023 nunca pudieron haber tenido lugar, al haber faltado al trámite imperativo ordenado por el numeral 7º del auto acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección”.

Al día siguiente, el consorcio respondió de inmediato. En sus argumentos rebatían los puntos de Codelco, sobre todo haciendo alusión a que el ministro Fuentes, en su escrito original, mandataba a la sala a que viera el asunto en su cuenta corta y de forma conjunto, es decir, primero el recurso de apelación y luego la orden de no innovar. “Resultando lógico -y obvio- que al ordenarse una cuenta conjunta, esta no podía sino referirse a la apelación y a la orden de no innovar mencionada, atendido el estado procesal de la causa en aquel momento, y por ser además dichas presentaciones las únicas existentes en el expediente y susceptibles de una vista en cuenta”, plantearon en su escrito.

El incidente de nulidad fue visto el 5 julio. Esta vez la sala sí fue presidida por el ministro Muñoz. Junto a él lo acompañaron Vivanco, la ministra Adelita Ravanales, el abogado integrante Pedro Águila y la abogada integrante Angélica Benavides. En la resolución, los cinco, de manera unánime, rechazaron la petición de Codelco. “La decisión en cuanto al fondo ha sido adoptada, existiendo pronunciamiento de la sala previa cuenta preferente del recurso en conjunto con la orden de no innovar solicitada, como es de habitual ocurrencia en esta sede, a propósito de la tramitación de apelaciones de protección cuando se solicita orden de no innovar, dando aplicación al principio de economía procesal al emitir conjuntamente un pronunciamiento sobre lo principal y lo accesorio”, se lee en la sentencia en la que no se consignó quién fue el redactor.

Esta es parte de la tramitación de un caso que está bajo sospecha. No solo es indagado por la Fiscalía, sino que a su vez está en los cargos que serán parte del cuaderno de remoción que enfrentará Vivanco ante el pleno del máximo tribunal.

En el Ministerio Público comentan que la fiscal del caso, la persecutora regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer, recién fue notificada el lunes de esta arista, por lo que está iniciando labores de coordinación y preparación de las primeras diligencias. Si bien desde su equipo no quisieron informar quiénes son los imputados de la causa, en el Ministerio Público comentan que la indagatoria necesariamente tendrá como protagonista a Vivanco, pero que también deberá revisar la actuación que tuvo cada uno de los ministros y abogados integrantes que se involucraron en la resolución del recurso de protección.

Esto mismo ya está siendo advertido por los propios abogados del consorcio. “Se pretende cuestionar resoluciones de la Corte Suprema por quienes fueron derrotados legítimamente en el recurso de protección, poniendo en tela de juicio el resultado del mismo y haciendo convenientemente omisión que se trató de actuaciones de tribunales colegiados, donde son cinco ministros los que integran cada sala de la Corte Suprema. Cabe destacar que en los distintos recursos e incidentes que se discutieron en la Corte Suprema concurrieron a su vista e intervinieron más de 16 ministros”, comentaron en un comunicado los tres abogados -Vargas, Silber y Lagos- haciendo alusión implícita a los magistrados que se sumaron a revisar la causa en instancias que ocurrieron después de resolver el incidente de nulidad.