La trastienda de la ley Nain-Retamal: el zigzagueo de La Moneda que casi termina en derrota legislativa y rebelión socialista

Luego de que La Moneda ingresara sus indicaciones a la ley Nain-Retamal, pasadas las 14.30 del jueves, también hizo circular entre parlamentarios del oficialismo una minuta en la que recomendaba una estrategia legislativa.

A esa altura, los ministros Luis Cordero, Carolina Tohá y Macarena Lobos -quien subroga a Ana Lya Uriarte, ausente por licencia médica- ya respiraban un poco más aliviados por el aplazamiento en el Senado de la votación de la iniciativa (que, en realidad, eran dos mociones fusionadas en homenaje a dos carabineros asesinados), cuyos contenidos impulsados inicialmente por la derecha y después por el propio Partido Socialista (PS) siempre complicaron al Ejecutivo.

Aquella minuta sinceraba los reparos profundos que tenía el gobierno respecto de la ley Nain-Retamal. “La opinión del Ejecutivo es que una presunción legal de inocencia en el Código Penal no contribuye al objetivo de proteger a las policías y a la ciudadanía. No queremos convertir a Chile en un Estado que valida el gatillo fácil. Queremos policías protegidas, efectivas, respaldadas por la sociedad en su actuación profesional”, decía el texto.

La referencia al “gatillo fácil” molestó particularmente a los diputados socialistas, coautores del proyecto, a quienes les llegó de rebote el nuevo discurso del Ejecutivo, que también fue reforzado en la mañana del jueves con declaraciones del ministro Cordero y de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. “Normas defectuosas” fue el calificativo que usó, por ejemplo, el titular de Justicia.

“El gobierno del Presidente Gabriel Boric solicitó a todas las bancadas que respaldáramos la agenda de seguridad en un momento complejo para el país. Hoy retroceden frente a las presiones. Gestión poco seria y desafortunada de un gobierno que no tiene claro lo que quiere”, escribió ayer en redes sociales el diputado Daniel Melo (PS).

El jefe de bancada socialista, Daniel Manouchehri, también marcó la molestia: “Los socialistas no somos de volteretas. Tenemos convicciones. Eso es lo que nos da seriedad. Nuestra convicción hoy es que la lucha en contra del crimen organizado debe ser frontal. Punto”, posteó.

La queja de los diputados socialistas llevó al gobierno a moderar el tono y minutos después envió una nueva minuta, pero sin la referencia al “gatillo fácil”, que hacía eco de los discursos más incendiarios del PC y el Frente Amplio en contra del proyecto.

El riesgo de que los ánimos se crisparan dentro del propio oficialismo obligó al gobierno a un nuevo cambio táctico, en una semana marcada por constantes zigzagueos. Era mejor no agitar más las aguas. El jueves en la mañana, el Ejecutivo por fin había logrado desacelerar la tramitación de la ley Nain-Retamal, tras un gesto de los senadores de Chile Vamos y, en especial del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), que accedieron a darse unos días hasta el próximo martes para encontrar un acuerdo.

El problema es que desde que se desató el brío legislativo por una agenda exprés en materia de seguridad -tras el asesinato de la sargento Rita Olivares, en la madrugada del domingo pasado- el Ejecutivo nunca pudo seguirle el ritmo a la discusión de las leyes en recuerdo del cabo Eugenio Nain y del sargento Carlos Retamal, que originalmente corrían por carriles separados.

La llamada ley Nain, ingresada en marzo del año pasado por legisladores de derecha, elevaba penas y restringía beneficios a quienes atentaran contra policías, gendarmes y bomberos. La ley Retamal, originalmente presentada por la bancada de RN en octubre de 2022, era un paquete misceláneo, que también subía penas, pero incluía otras medidas como la expulsión de extranjeros, la tipificación de atentados incendiarios, el control vehicular, la no suspensión de funcionarios en medio de un sumario y la eximente de pago por daños materiales en una persecución, entre otras medidas.

Sin embargo, el punto más controvertido era la disposición que reforzaba la presunción de uso justificado de armas de servicio. En ese punto, los diputados socialistas presentaron una moción -que fue fusionada a la ley Retamal- para establecer la “legítima defensa privilegiada en actuaciones policiales”. En otras palabras, se daba mayores certezas jurídicas para usar el armamento de servicio dentro del Código Penal e inicialmente el funcionario no quedaba como inculpado, salvo que la investigación judicial o administrativa comprobase lo contrario.

A pesar de que ambas iniciativas tenían varios meses de tramitación, el Ejecutivo nunca les dio urgencia, ni patrocinio ni le presentó indicaciones hasta esta semana.

Incluso, la semana pasada, la derecha selló un acuerdo con el PS y despachó el proyecto Retamal desde la Comisión de Seguridad de la Cámara, como señal por el asesinato del cabo Álex Salazar, quien falleció el 14 de marzo tras ser atropellado por un automovilista que intentó huir de una fiscalización. Su muerte, ocurrida antes del asesinato de la sargento Olivares, fue la que llevó al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a pedir legislar en favor de la policías.

La postura que defendía hasta la semana pasada la ministra Tohá era que el gobierno estaba trabajando una reforma amplia sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que servirían a policías y a militares en tareas de orden y seguridad interna. Esa misma visión se la transmitió la ministra (s) Lobos a los jefes de las bancadas oficialistas y de oposición con los que conversó telefónicamente el domingo tras el homicidio de la sargento Olivares.

Sin embargo, en vista de que la recomendación del Ejecutivo no tuvo eco ni frenó la tramitación legislativa, Tohá anunció en la Comisión de Seguridad de la Cámara, que fue citada de urgencia el lunes, que el gobierno ya no optaría por una reforma propia y que aprovecharía la llamada ley Retamal, que se iba a votar el miércoles en la Sala, para ingresar su propuesta de Reglas de Uso de la Fuerza como indicación.

Ese día, sin embargo, la derecha hizo una jugada reglamentaria. Presentó los mismos contenidos de ley Retamal como indicación dentro de la ley Nain, que estaba en una fase de tramitación más avanzada, pues ya se había aprobado en general en diciembre del año pasado y solo faltaba terminar su segundo informe. Ello provocó una situación inédita, dos leyes casi idénticas, a modo de espejo, se iban a votar el miércoles.

La jugada de la derecha tenían un objetivo: evitar que La Moneda y una parte del oficialismo aprovecharan la indicación gubernamental para dilatar la aprobación de la ley Retamal, que a todas luces era la que menos acomodaba a la izquierda. ¿La razón? Al presentarse la enmienda del gobierno, el proyecto Retamal volvía a comisión y su resolución se demoraba al menos una semana más.

Por el contrario, al generarse dos proyectos espejo, la oposición se aseguraba que al menos la nueva ley fusionada Nain-Retamal fuese despachada el miércoles al Senado, independiente de la suerte que tuviera la ley Retamal original. Esta última finalmente fue retirada de la tabla, pues su discusión ya era inoficiosa.

Con ello, La Moneda quedó arrinconada. Debido a que la ley Nain-Retamal ya estaba con su segundo informe, no había posibilidad de presentar su propuesta alternativa en la Cámara. A las ministras Tohá y Lobos sólo les quedaba observar la votación de los diputados. De hecho, el martes, la misma titular del Interior informó un nuevo ajuste de planes: el gobierno iba a esperar a que la iniciativa llegase al Senado para recién ingresar sus enmiendas.

No obstante, el miércoles en la sala -día en que apareció en escena el ministro Cordero,- Tohá hizo un nuevo cambio táctico. En vista de que la aprobación del proyecto, incluyendo la parte más delicada, ya era inevitable, sorpresivamente llamó a votar a favor para que el texto fuese perfeccionado en la Cámara Alta.

En esos instantes, las bancadas del PC y el Frente Amplio habían solicitado más de 20 votaciones separadas. En otras palabras, pretendían rechazar varios puntos de la iniciativa.

La apuesta del Ejecutivo era atenuar lo más posible la evidente fractura del oficialismo. Por un lado, el Socialismo Democrático (PS, PPD, liberales, radicales) además de la DC, estaban decididos a apoyar el texto en forma íntegra. Por otra parte, las fuerzas de Apruebo Dignidad (PC, Frente Amplio, Acción Humanista, FREVS) estaban dispuestas defender su visión y marcar su antagonismo con la iniciativa, a pesar de que en las tribunas estuvieran las viudas y otros deudos de los carabineros asesinados.

El llamado de Tohá al menos tuvo un efecto leve en las materias menos delicadas, que se aprobaron por amplia mayoría. Sin embargo, en el punto que facilitaba el uso de las armas por parte de policías, el quiebre oficialista quedó expuesto. Solo una diputada de Apruebo Dignidad votó a favor (Marcela Riquelme), mientras solo dos miembros del Socialismo Democrático -los PS Leonardo Soto y Emilia Nuyado- no dieron su apoyo a esa disposición.

Aunque el respaldo táctico de la ministra del Interior a la ley Nain-Retamal fue aplaudida por los diputados socialistas, persistió la molestia con el Ejecutivo por la lenta reacción ante la arremetida de la derecha que tras la muerte del cabo Salazar y más aún luego del asesinato de la sargento Olivares, parecía ser incontenible.

Según una versión, el lunes pasado, en la Comisión de Seguridad, el diputado Raúl Leiva (PS) se quejó a vista de los legisladores presentes con un asesor legislativo del Ministerio del Interior, por la demora de las indicaciones a la ley Nain, que incluso era menos compleja que la ley Retamal.

Además, ese lunes, si el gobierno hubiera reaccionado rápido a la jugada de la derecha de fusionar ambas mociones, La Moneda podría haber ingresado en la misma comisión su propuesta sobre Reglas de Uso de la Fuerza.

Tras el paso por la Cámara, el cuadro de La Moneda se veía también complicado en el Senado. Los 25 senadores de derecha, más lo dos del Partido Demócrata, Ximena Rincón y Matías Walker, estaban por aprobar la iniciativa de la Cámara el mismo jueves. Incluso, tenía la mayoría necesaria para que se votara.

No obstante, en una tensa reunión realizada el jueves en la mañana en el Senado, las bancadas oficialistas le advirtieron sutilmente a Coloma que ello podría convertirse en un mal comienzo para su política de acuerdos. El presidente del Senado, por su parte, también estaba consciente de que el oficialismo podía recurrir a maniobras dilatorias para pedir segunda discusión de cada uno de los artículos de la ley Nain-Retamal. Ello podría alargar la tramitación incluso un par de semanas.

Algunos en la derecha, especialmente el republicano Rojo Edwards, con el apoyo de algunos RN, estaban dispuestos a forzar ese escenario y contragolpear con una ofensiva comunicacional, acusando la dilación de parte del gobierno y el oficialismo, pues a la larga tenían los votos para imponer sus términos y propinarle una derrota a La Moneda.

Sin embargo, los ánimos se calmaron y finalmente se llegó al compromiso de palabra que la ley Nain-Retamal se votase sí o sí el martes. A cambio, el oficialismo también renunciaba a las maniobras reglamentarias para alargar la tramitación.