La Universidad La República ve la luz al final del túnel en su intento por no morir. De hecho, hoy, dicen sus máximas autoridades, “está más viva que nunca” luego del fallo favorable que anulara el dictamen de cierre del que fue objeto durante el primer semestre del año pasado.

La cronología de los hechos es así: en mayo de 2021 el Consejo Nacional de Educación acordó revocar el reconocimiento oficial de la institución por petición de la Superintendencia de Educación Superior (SES), que apuntaba a la detección de “graves falencias financieras y administrativas”.

Ahí fue designado un administrador de cierre –Jaime Torrealba- quien, según comentó en diversas oportunidades, nunca pudo llevar a cabo su trabajo por la oposición de las autoridades de la casa de estudios, quienes, encabezados por el rector Fernando Lagos, desde un primer momento señalaron que encontraban ilegal el proceso. Para ello recurrieron a todas las instancias legales posibles, incluso querellándose contra el superintendente de Educación Superior –Jorge Avilés- que intentó el cierre y quien hace algunas semanas renunció al cargo no por esto, sino que por petición del nuevo gobierno.

En el camino hubo situaciones polémicas, como la toma de control de cuentas bancarias, el cambio de candados en las puertas de acceso a la institución o las movilizaciones de los estudiantes de la Ulare exigiendo el no cierre de su universidad.

Con todo, aun cuando incluso las autoridades de la universidad perdieron algunas instancias judiciales, no cesaron en sus alegatos en distintos tribunales, llegando a la Corte Suprema y ahora, a casi un año de iniciado todo, ven humo blanco favorable, luego de que el viernes el máximo tribunal acogiera en fallo unánime la solicitud de la casa de estudios y anulara su cierre.

La resolución, de hecho, asegura que la decisión del Consejo Nacional de Educación “quebrantó de manera flagrante el debido proceso”. En ese sentido, durante la audiencia de alegatos los abogados defensores de la Ulare, Ciro Colombara y Aldo Díaz, señalaron que la autoridad educacional incurrió en “graves faltas y abusos” luego de desestimar el plan de recuperación presentado por la universidad.

La Suprema señala en su dictamen que la SES no siguió el proceso, ya que una vez que la universidad presentó su plan para evitar el cierre, la autoridad regulatoria debía presentar “observaciones para que la reclamante dentro del plazo de quince días presentara las enmiendas pertinentes”.

El escrito agrega que la autoridad educativa “no solo quebranta la ley, sino que, además, efectuó un prejuzgamiento, puesto que en su concepto el plan de recuperación presentado por la universidad, no tenía la calidad de tal, atendido la magnitud de sus falencias, es decir, se pronuncia sobre el fondo del asunto, saltándose una etapa del procedimiento, impidiéndole con ello a la quejosa al menos tener acceso al referido plazo”.

“Hemos recibido la noticia de que la excelentísima Corte Suprema ha acogido el recurso de queja presentado por esta autoridad y ha dejado sin efecto el procedimiento de cierre que ha afectado a nuestra casa de estudios, en un procedimiento que siempre consideramos arbitrario, espurio, pero sobre todo ilegal. Hoy la Justicia nos ha dado la razón”, dijo al respecto el rector Lagos a través de un video difundido a la comunidad de la institución.

Y añadió: “Como alumno fundador de mi alma máter, una doble emoción me inunda hoy. La primera, porque soñaba con este momento, soñaba con dar esta noticia a la comunidad universitaria”. Y la segunda, añadió, “por la satisfacción del deber y la promesa cumplida pues, tan pronto nos afectó la resolución de cierre, pronunciada por la Superintendencia de Educación Superior, este rector se comprometió a defender en todas las instancias, lugares y momentos a esta casa de estudios. Ese compromiso hoy se ha cumplido”.

Por su parte, el abogado Colombara expone que están satisfechos con el fallo unánime de la Corte Suprema. “Tal como lo sostuvimos, durante el proceso en que se pretendía cerrar la Universidad La República existieron graves vulneraciones al debido proceso por parte de la Superintendencia de Educación Superior. Uno de estos, y que fue dado a conocer ante la Corte Suprema, es que no fue considerado el plan de recuperación que había presentado la universidad”, dice.

En ese sentido, el defensor de la Ulare explicita que la gestión de Torrealba, el administrador de cierre, “fue desastrosa y le causó a la universidad un perjuicio tremendo. De hecho, existe una investigación penal a su respecto”.

Pese al daño que aseguran se les causó, agregan desde la casa de estudios, ésta se encuentra “funcionando bien y el alumnado, cuerpo docente y funcionarios están comprometidos con el proyecto y esperan dejar atrás los ataques que injustificadamente recibió la universidad en el último año, por parte del ex superintendente y del administrador de cierre”.

“La Universidad La República está más viva que nunca, con más de tres mil alumnos, y era de toda justicia que se le permitiera seguir funcionando. Nadie niega que existieron errores, pero estos nunca fueron de la magnitud que la Superintendencia le quiso atribuir”, cierran.

¿Qué viene ahora? Por lo pronto, seguir adelante con las actividades académicas (nunca las cesaron, solo no matricularon alumnos nuevos para 2022), retomar el control de las cuentas bancarias y seguir adelante con el plan de recuperación de la institución, que en ningún caso se debe obviar.

“Este fallo retrotrae el proceso de cierre iniciado durante el gobierno anterior, por lo que ahora la Superintendencia de Educación Superior debe revisar el plan de recuperación que le presente la universidad para evaluar las acciones a seguir. Nosotros seguiremos atentos a este proceso y tomaremos las acciones que permitan resguardar los derechos de las y los estudiantes y esta comunidad educativa”, señala al respecto Verónica Figueroa, subsecretaria de Educación Superior del Mineduc.

En efecto, Gerardo Egaña, Superintendente (s) de Educación Superior, asegura respecto del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que es “importante señalar, en primer lugar, que no se ha dejado sin efecto el procedimiento llevado a cabo por esta Superintendencia en relación a la Universidad La República, sino que, por un aspecto formal, lo ha retrotraído a una etapa anterior a la propuesta de cierre, razón por la cual una vez notificada la resolución de la Corte, la Superintendencia deberá formular sus observaciones al plan de recuperación ya presentado por la casa de estudios”.

“A partir de ese momento, la Universidad La República contará con un plazo de 15 días hábiles para subsanar las observaciones formuladas, en el extremadamente delicado contexto de problemas financieros, administrativos y patrimoniales que este órgano regulador detectó como resultado del proceso administrativo iniciado en 2019 y cuyos fundamentos no fueron objetados por el máximo tribunal”, agregan.

Y cierran: “Es fundamental señalar que todas las acciones adoptadas por la Superintendencia de Educación Superior estuvieron permanentemente orientadas a proteger y resguardar el derecho a la educación de los y las estudiantes de la Universidad La República, la continuidad de sus estudios y el buen uso de los recursos de la institución”. Dicho objetivo, aseguran, “fue compartido por el Ministerio de Educación y su Subsecretaría de Educación Superior, además del Consejo Nacional de Educación, organismos que integran la nueva institucionalidad de la Educación Superior y que de manera independiente tuvieron acceso a los antecedentes y respaldaron unánimemente la medida propuesta”.