La última arremetida de la fiscal Chong: Cita a declarar a Piñera, Chadwick, Blumel, Ubilla y Galli en causa de lesa humanidad

“La actual etapa investigativa demanda la realización de múltiples diligencias que necesariamente deben desarrollarse en territorios distintos de dicha fiscalía y, particularmente, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en los que tuvieron lugar la mayoría de los hechos, lo que para la Fiscalía de Valparaíso implicaría un despliegue muy importante que podría implicar desatender casos importantes y propios de la competencia de esa fiscalía regional”.

De esta manera, y a través de una resolución firmada el 22 de febrero del 2022, el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, reorganizaba el mapa de las causas por delitos asociados a violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. A partir de eso, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, fue quien asumió la investigación que en un inicio era instruida por la fiscal de Valparaíso Claudia Perivancich, y también las que tienen que ver con la responsabilidad del mando de Carabineros, por el delito de “omisión”.

Chong ya ha decretado algunas diligencias en ambas causas, donde su frustrado intento por interrogara al exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, y al actual mandamás de la institución, el general Ricardo Yáñez, han marcado sus más recientes movimientos en la indagatoria al alto mando. Sin embargo, la fiscal, ahora, decidió apuntar directo a la indagatoria por presuntos crímenes de lesa humanidad y en esa línea iniciar una ronda de interrogatorios a exautoridades de gobierno.

Y ahí es donde la investigadora arremetió con una serie de citaciones que van desde el expresidente Sebastián Piñera, hasta los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y también a los exsubsecretarios de la cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.

Las exautoridades están citados como imputados, dado que todos fueron querellados en la acción en que se invocan delitos de lesa humanidad presentada en noviembre del 2019 por el entonces senador Alejandro Navarro. De esta manera, al ser objeto de esta acción judicial, y el Ministerio Público abrir investigación, quedan en esa calidad y deberán declarar junto a sus abogados, además de asistirle su derecho a guardar silencio en el caso que así lo consideren.

En el caso Piñera, su comparecencia está fijada para los próximos días. Su abogado, Samuel Donoso, explicó a La Tercera PM que “tenemos la tranquilidad y convicción de que en el actuar del expresidente siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos de todos. En consecuencia, no se configura delito alguno. Por el contrario, los hechos demuestran que su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los derechos humanos, en los difíciles momentos que vivió el país”.

En esa misma línea, agregó que el expresidente “ha colaborado permanentemente con la investigación. Ya prestó declaración en esta causa y va a seguir colaborando en lo que le sea requerido”.

En efecto, Sebastián Piñera declaró el 19 de julio del 2021 ante la fiscal Perivancich. En esa ocasión explicó a la persecutora que “siempre buscamos que las fuerzas de orden y seguridad resguardaran el orden público lo antes posible para restablecer la normalidad constitucional con pleno respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos. Desde el mismo 18 de octubre empezamos a tomar distintas medidas de prevención para resguardar los derechos humanos, como tomar contacto con organismos de derechos humanos, e invitarlos a Chile a observar e informar la situación y recomendar medidas para proteger mejor los derechos humanos. Adicionalmente coordinamos acciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INDH, Defensoría de la Niñez y Defensoría Penal Pública para asegurar el cumplimiento de sus funciones”.

En el caso de Chadwick, este declaró durante esta jornada. Blumel, en tanto, está citado para el 5 de abril, y Galli, para el 6 de ese mismo mes.

El abogado de Blumel, Eduardo Riquelme, indicó que “hemos sido citados a declarar por causas originadas en las querellas presentadas por dirigentes cercanos o afines al PC, y puedo decir que, como siempre, declarará y prestará toda la colaboración en la investigación, tal como hizo ante la fiscal Claudia Perivancich en el año 2020″.

La causa en que se indagan presuntos delitos de lesa humanidad, cometidos entre octubre del 2019 y marzo del 2020, comenzó en noviembre del 2019 luego de la presentación de cerca de 20 querellas patrocinadas, principalmente, por organismos de derechos humanos, y también, en algunos casos, por el exsenador Navarro.

En el Ministerio Público siempre reconocieron que esta indagatoria no era fácil, pues probar los delitos de lesa humanidad era en extremo complejo. Así lo hizo ver, incluso, la misma fiscal en marzo del 2021, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. “Para estar frente a delitos de lesa humanidad debe concurrir (...) el contexto de lesa humanidad, y ese contexto supone la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, y lo más relevante acá es que indica los elementos para entender que este ataque generalizado o sistemático a la población civil responda a una política de Estado o de sus agentes”, expuso.

Perivancich agregó que “debemos entender cuándo podemos estar frente a un contexto de ataque generalizado o sistemático a la población civil. Hay que darle sentido. Los propios querellantes estarán de acuerdo en que el sentido que pretenden otorgar a esta serie de manifestaciones concretas de hechos que pueden haber ocurrido, efectivamente, en cualquier lugar del territorio del país, es que haya un contexto preciso que, como sabemos, tuvo lugar a partir del 18 de octubre del año 2019. Este contexto, ¿cuál es? Es que haya tenido lugar la actuación del Estado, a través de la autoridad política, por una parte, y de agentes del Estado, como pueden ser las fuerzas policiales u otras ramas de las Fuerzas Armadas competentes, en acciones de control del orden público, controlando masas, manifestaciones”.

En diciembre del 2021, la Corte Penal Internacional desestimó el requerimiento contra el expresidente Piñera por supuestos delitos de lesa humanidad y resolvió “no iniciar examen preliminar”, solicitado por el exjuez Baltasar Garzón.

“Después de evaluar todos los antecedentes disponibles, descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”, señalaron desde la Cancillería ese año.

Entre los imputados existe incertidumbre por el rumbo de la causa, dado que todos ya declararon ante la fiscal Perivancich y ahora, luego de cuatro años, nuevamente son requeridos. Pero habrá un matiz: la fiscal Chong también les consultará por la investigación de responsabilidad de mando, donde figura como imputado el actual general Ricardo Yáñez. Las exautoridades del gobierno anterior, en esa arista, serán interrogados en calidad de testigos.