La última cruzada de Manuel Cruzat: recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Manuel Cruzat Infante recurrió a sus 80 años a un camino no convencional en el mundo empresarial para librar su más reciente batalla: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington. A través de la abogada Jessica Torres, quien fuera la cabeza del mayor grupo empresarial chileno hasta principios de los años ochenta ingresó el 30 de octubre un formulario de petición donde describe su caso y la supuesta afectación a sus derechos humanos.

El origen de la presentación está en el caso Penta. Una de las empresas de Manuel Cruzat, CB Consultorías y Proyectos, participó como una de las partes de la triangulación de dineros con forward irregulares. Cruzat declaró que nunca se enteró de aquellas operaciones y culpó a dos ejecutivos suyos de acordar con un gerente del grupo Penta las irregularidades. Cruzat declaró en aquella ocasión sobre los contratos de forward: “No los había visto antes, para mí son raros e inusuales porque están haciendo calzar la operación a través de un instrumento que normalmente se utilizaba para otras cosas”, dijo Cruzat en 2015, al testificar como imputado. Luego no fue acusado judicialmente.

Cruzat ha reclamado con posterioridad por los perjuicios ocasionados a sus empresas por este caso: el grupo CB tuvo a 8 personas querelladas por el Servicio de Impuestos Internos y recibió liquidaciones de impuestos por $ 3.363 millones. Cruzat acusa que la Fiscalía Nacional renunció a la persecución penal del delito de corrupción contra los controladores de Penta y por ello, en marzo de este año presentó un recurso de protección contra el Presidente de la República para forzar la presentación de un proyecto de ley para la creación de un recurso de procesal que permita recurrir contra sentencias que en Chile desahucien de facto los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo que, sostiene, ocurrió en el caso Penta. Las Cortes de Apelaciones y Suprema declararon inadmisible esos recursos. “Los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Corte exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso”, determinó la Corte de Apelaciones el 20 de marzo. Esos fallos de la justicia fundan la presentación ante la CIDH, en la que Cruzat se presenta como un “empresario afectado por los actos corruptos”.

En particular, Cruzat alega que se vulneró su derecho humano a la protección judicial y a igual protección ante la ley, lo que, por añadidura, permitió que los actos de corrupción que imputa a los dueños de Penta hayan privado al Estado de recursos económicos, afectando con ello los derechos a la salud, vivienda, educación y el derecho a la cultura.

La denuncia está dirigida contra el Estado de Chile e identifica como autoridades responsables a los integrantes de las salas de la Corte de Apelaciones y Suprema que declararon inadmisible el recurso de protección que interpuso este año.

A partir de la presentación, la Comisión Interamericana debe resolver si declara admisible o no la denuncia y, si así lo hace, presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal que resuelve este tipo de casos. La abogada Jessica Torres -que fue quien acusó al diputado comunista Hugo Gutiérrez en el Tribunal Constitucional- estima que la comisión podría tardar uno o dos meses en resolver la admisibilidad.

Torres afirma que su presentación no es temeraria ni enrevesada. “Yo creo que es bastante objetiva. Al revés. Este tema en particular tiene que ver con la falta de regulación adecuada y eficaz para perseguir la corrupción en nuestro país, centrada en un tema de carácter procesal, que fue la absoluta autonomía para decidir dejar afuera el acto más importante del delito de corrupción, que es el cohecho, para beneficiar a las partes que incurrieron en esos actos a través de un acuerdo de juicio abreviado”.

La jurista afirma que la propia Comisión Interamericana ha situado la corrupción como una práctica que daña los derechos humanos de las personas –para ello cita un estudio de diciembre de 2009- y cuenta que ella recientemente consultó al Instituto Nacional de Derechos Humanos su opinión sobre la relación de ambas materias. “Me respondieron oficialmente que el tema no era competencia de ellos”, dice.

Torres responde así otra pregunta: ¿cualquier persona, entonces, podría ir a la CIDH en caso de que un tribunal declare inadmisible un recurso de protección? “En materia de derechos humanos, el sistema interamericano de justicia actúa como una justicia subsidiaria en el evento que en el país de origen o en la legislación doméstica no sea suficiente para resguardar derechos fundamentales. Cualquier persona, enfrentada a la situación de un derecho fundamental, y la corte diga: no es admisible, y habiéndose alegado convencionalmente, puede concurrir a la comisión”.

Por último, Torres afirma que no es contradictorio que Cruzat, cuya empresa participó en las operaciones irregulares de Penta, se presente como víctima. “La respuesta está en lo que justifica su presentación. El como empresario no participó de eso, sino que el esquema de corrupción que se armó por parte de Penta, manchó o involucró a personas de la propia empresa y contra eso este empresario ha tratado de luchar y no le han abierto las puertas”.