Las 150 horas de negociación con Enel y CGE que desataron la ira de Boric

Después de cumplidas 144 horas desde el masivo corte de electricidad que hasta este miércoles al mediodía mantenía afectados a 169.162 usuarios (de los cuales 99.668 están en la RM), el Presidente Gabriel Boric dio un paso al frente.

A las 7.00 horas de ayer el Mandatario encabezó una reunión en Palacio que convocó a los ministros Carolina Tohá (Interior), Camila Vallejo (Segegob), Diego Pardow (Energía), junto al subsecretario Manuel Monsalve (Interior).

La decisión de que la crisis escalara hasta Boric se tomó el martes en la noche tras la reunión que el ministro Pardow y el subsecretario Monsalve sostuvieron con los ejecutivos de las empresas en las dependencias de Senapred, en calle Beaucheff, en la comuna de Santiago. Una cita que se extendió hasta las 20.30 horas y que no salió como el gobierno esperaba, porque las empresas transparentaron que no tenían claridad sobre el número de afectados ni pudo dar plazos concretos de solución.

Después de cinco días de apagones, las alarmas se encendieron en el Ejecutivo, que teme el crecimiento exponencial de protestas ciudadanas, el aumento de episodios de violencia y, por cierto, advierte que se abrió un conflicto político que la oposición aprovechará. Esto, en un contexto en que las elecciones municipales y de gobernadores están cada vez más cerca.

Frente a la emergencia, la opción del Presidente fue golpear la mesa y dar una instrucción explícita al titular de Energía: evaluar todas las opciones sancionatorias contra las empresas eléctricas y revisar la concesión de Enel. Una opción que se puso sobre la mesa el sábado, pero que era considerada ultima ratio porque es una amenaza delicada que no es fácil de implementar y trae riesgos.

Tras la reunión, a las 10.04 horas de este martes, el Presidente encabezó una vocería con Pardow y Monsalve a su lado. Ahí el Jefe de Estado, evidentemente molesto, tildó de inoperantes e irresponsables a las empresas. Y les exigió cumplir “con su deber y dar respuesta a las miles de familias que hoy están en una situación muy delicada, sin tener claro, ni siquiera para las que llevan desde el jueves en la noche sin luz, cuándo se va a resolver”.

En esa misma línea, el Mandatario enfatizó que las empresas han tenido “graves e inexcusables incumplimientos”, que incluye la falta de ejecución de plazos de reposición de los servicios, no respetar los compromisos de resolución de la emergencia y falta de despliegue de las cuadrillas comprometidas. “Hay empresas, como Enel, que han buscado ahorrarse plata cuando hay gente que todavía está sin luz en las casas”, acusó.

Lo cierto es que en Palacio examinan hace días de qué forma responder a esta crisis y cómo abordarla. La principal preocupación, transparentan fuentes de gobierno, es que, con cada hora que pasa sin que se reponga el servicio, el descontento ciudadano aumenta y eso podría derivar en hechos violentos. Algo que se vio claramente el martes por la noche, luego de que grupos de vecinos organizaran protestas y barricadas en distintos puntos del país para exigir que vuelva la luz a sus hogares.

En el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) del viernes de la semana pasada la ministra Tohá determinó que era necesario citar a las empresas Enel y CGE a una reunión encabezada por el ministro de Energía para dar cuenta del plan de reposición. Fue ahí cuando las empresas transparentaron que la reposición tardaría más de lo presupuestado, lo que de inmediato encendió las alarmas en Palacio.

En esa instancia Pardow les solicitó a las firmas compartir las cifras concretas del plan de recuperación. Pero los ejecutivos, de acuerdo a fuentes del gobierno, llegaron números claros de recuperación. Por lo mismo, la reunión se suspendió y se les cedió una sala para que pudieran ordenar sus números.

El sábado, frente los escasos avances en las tareas de reposición se abrió la posibilidad de revocar la concesión que el Presidente anunció este miércoles.

El domingo, en tanto, en vista de que las empresas aún no daban una solución, el subsecretario del Interior citó a las 19.00 horas de ese día a una mesa técnica en la que participaron el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, y los ministros Pardow, Jessica López (Obras Públicas) y Nicolás Cataldo (Educación); el gobernador Claudio Orrego y la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, entre otros.

La magnitud de la crisis provocó que Pardow tuviera que asistir al comité político del lunes en La Moneda, donde expuso ante los demás secretarios de Estado y el Presidente sobre la situación. Ahí hizo presente que Enel continuaba con un porcentaje de reposición que se evaluó como insuficiente. El asunto se evaluó pero no se tomaron decisiones concretas. La agenda del Presidente Boric ese día estaba concentrada en la visita del Presidente de Brasil, Lula da Silva, y las esquirlas de la crisis en Venezuela.

El martes el subsecretario Monsalve solicitó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles llamar nuevamente a las empresas con el objetivo de que se presentaran a rendir cuentas. Así, ayer en la mañana en La Moneda las empresas se comprometieron a la reposición durante el día de otros 60 mil hogares.

Pero en la tarde no estaban seguros de cumplir con ese número. Y así lo dejaron en evidencia en la reunión que hubo en Senapred con las autoridades, tras la cual se decidió pedir la intervención del Presidente Boric.

Como sea, tras el anuncio del Presidente se abre una pregunta. ¿Es posible terminar con la concesión? Consultado al respecto, esta mañana el ministro Pardow respondió que “por ahora, lo único que podemos anunciar es que efectivamente eso se está evaluando en todas las dimensiones que esto tendría consecuencias”. El titular de Energía reafirmó que por ahora la mesa de Senapred continuará con coordinaciones dos veces al día.

“El Presidente de la República, mediante decreto supremo fundado, podrá declarar caducadas las concesiones de servicio público de distribución que se encuentren en explotación: si la calidad del servicio suministrado no corresponde a las exigencias preestablecidas en esta ley o en sus reglamentos, o a las condiciones estipuladas en los decretos de concesión, a no ser que el concesionario requerido por la Superintendencia remediare tales situaciones en los plazos que esta exija”, dice la ley.

En el gobierno sostienen que el anuncio apunta a presionar a las empresas a apurar la reposición del servicio y evitar que se llegue a un escenario nunca antes visto.

En conversación con Desde la Redacción, de La Tercera, Rodrigo Castillo, exdirector de Empresas Eléctricas AG, advirtió que “desde el punto de vista jurídico revisar una concesión eléctrica tiene enormes dificultades”.

El anuncio del gobierno de revisar la concesión no dejó conformes a todos. El presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, Marco Antonio Sulantay (UDI), afirmó que si bien “en todas las economías serias es perfectamente aceptable que se evalúen o revisen los contratos o concesiones cuando existen aspectos a corregir”, otra cosa es “pretender rescindir aquellos vínculos cambiando las reglas del juego o sin razones justificadas”.

Según el parlamentario, “en ese caso estaríamos ante una actitud inaceptable para un país en vías de desarrollo como Chile. Respecto a la evaluación, es necesario, por ejemplo, modificaciones de rango legal respecto a definir qué se entiende por hecho fortuito, además de establecer plazos perentorios asociados a multas y compensaciones en relación a la reposición del servicio, entre muchos otros aspectos”.

La noche del miércoles, tras una sesión de la mesa técnica que monitorea la reposición del servicio, el ministro Pardow confirmó que se inició un proceso de caducidad de la concesión. Así, emitieron un “ultimátum” a las empresas.