“Deberían ser inelegibles de por vida”. Durante la mañana de este lunes las redes sociales francesas resucitaron las declaraciones de Marine le Pen en 2013, cuando la entonces candidata a presidenta de Francia se ofuscaba por la corrupción en la clase política, y en particular los culpables de desvío de fondos. Esta vez, sin embargo, la condenada es ella, y la posibilidad de una cuarta carrera presidencial se cierra para el ícono de la extrema derecha europea.

Este lunes el tribunal correccional de París sentenció a Marine Le Pen a una pena de cinco años de inelegibilidad, lo que la descarta de plano -salvo una apelación exitosa- para la elección presidencial de 2027. Además de eso, también fue condenada a cuatro años en la cárcel, de los cuales dos podrá pasarlos en libertad portando un brazalete. La líder ultraderechista deberá pagar, asimismo, 100.000 euros de multa. El partido deberá también pagar una multa de dos millones de euros.

En total, 23 acusados fueron condenados a penas que van desde seis meses de prisión, en suspenso, a cuatro años, incluidos dos años de prisión (la pena máxima fue impuesta a Marine Le Pen), acompañadas, según los casos, de multas y de inhabilitación, a veces en suspenso, destacó el diario Libération.

Esto, en medio del caso de los “asistentes europeos”: una trama de desvío de fondos de la Unión Europea, a través de empleados ficticios, que habría llevado 2,9 millones de euros a las cajas de la Agrupación Nacional. Le Pen y otros 24 cargos de la bancada política fueron acusados de haber utilizado dinero destinado a asesores parlamentarios de la Unión Europea para pagar en su lugar a personal que trabajó para el movimiento entre 2004 y 2016, violando la normativa del bloque de los 27.

Según la investigación, Agrupación Nacional, en ese entonces llamado Frente Nacional, puso en marcha de “forma concertada y deliberada” un “sistema de malversación” de los 21.000 euros al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios.

Pese a la gravedad de los cargos y la condena, la derecha y la extrema derecha se cuadran con Le Pen, y esta última, por primera vez, reconoce “el potencial presidencial” de su delfín, Jordan Bardella.

Los hechos que han llevado a Le Pen a la cárcel se remontan a un período que va desde 2004 hasta 2016: nueve exeurodiputados del Frente Nacional fueron encontrados culpables de haber contratado y pagado, con fondos de la Unión Europea, a asistentes que, o no trabajaban, o trabajaban exclusivamente para el partido.

Además de estas nueve personas, Le Pen y su expareja Louis Aliot incluidos, hay 12 personas que se habrían beneficiado de estos puestos ficticios como asistentes parlamentarios cuando, según la acusación por encubrimiento de malversación de fondos públicos, en realidad solo trabajaban para el partido, en puestos muy distantes. Entre ellos se encuentran el diputado y portavoz del partido Julien Odoul; Yann Le Pen, hermana de Le Pen; Thierry Légier, guardaespaldas histórico de Jean-Marie Le Pen, e incluso Timothée Houssin, diputado desde 2022.

Algunos de estos “asistentes parlamentarios” no habrían conocido nunca a sus empleadores oficiales, o siquiera puesto los pies en el Parlamento Europeo: una práctica prohibida en la normativa europea ya que estos asistentes cobran con fondos europeos. Por tanto, este “sistema” permitió al partido ahorrar salarios. El tribunal estimó que el daño total ascendió a 2,9 millones de euros. Subrayando la “gravedad de los hechos”, el juzgado consideró “necesaria” la pena de inelegibilidad, destacando la “cantidad de los fondos malversados”, pero también “el estatuto de electos” de los condenados, y “el ataque a la confianza pública y a las reglas del juego democrático”.

Reconocida culpable del crimen de desvío de fondos públicos, la expresidenta de la Agrupación Nacional Marine Le Pen fue condenada a una pena de cinco años de inhabilitación con “ejecución provisional”, lo que significa que la pena se aplica inmediatamente, incluso en caso de apelación. De paso, pierde su mandato como consejera departamental en Pas-du-Calais, aunque puede continuar como diputada. “Vamos a apelar”, anunció a la prensa su abogado, Rodolphe Bosselut.

Le Pen también recibió cuatro años de prisión, dos de ellos firmes que puede cumplir con brazalete electrónico, y una multa de 100 mil euros. La líder de la Agrupación Nacional abandonó la sala del tribunal antes de conocer los detalles de su condena, para ir a la sede parisina del partido. Con esto, no podrá presentarse, por tanto, a las elecciones presidenciales de 2027 ni a las próximas elecciones legislativas.

La pena de inelegibilidad era esperada, porque es obligatoria en un caso de malversación de fondos públicos, pero no se contaba con la ejecución provisional. En la sentencia, el tribunal destacó el “papel central” de Marine Le Pen en el sistema establecido para desviar dinero del Parlamento Europeo: “El tribunal tuvo en cuenta, además del riesgo de reincidencia, la importante alteración del orden público, en este caso el hecho de que una persona ya condenada en primera instancia fuera candidata a las elecciones presidenciales”, declaró la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis.

Una de las primeras reacciones vino por parte de Jordan Bardella, quien con sus 29 años es visto como el sucesor más seguro de Marine Le Pen. En un post en X, el presidente de la Agrupación Nacional escribió: “No es solo Marine Le Pen la que fue injustamente condenada: es la democracia francesa la que está siendo ejecutada”. En una publicación en el sitio del partido, Bardella pidió una “movilización popular y pacífica” tras acusar que “una parte de la justicia busca triunfar donde nuestros adversarios han fracasado”. “Al prohibirle a Marine Le Pen ser candidata a las elecciones presidenciales de 2027, intentan por todos los medios impedir su ascenso al Elíseo”, reiteró, denunciando a la “dictadura de los jueces, que quieren impedir que el pueblo francés se exprese”.

Más tarde, la propia Le Pen, en entrevista con el canal TF1, calificó de “decisión política” su pena de inhabilitación en Francia, asegurando que “esta decisión ha violado totalmente el Estado de derecho”. “Ningún juez puede decidir interferir en una elección tan importante como la presidencial”, reiteró, al tiempo que denunció “prácticas que creíamos reservadas a los regímenes autoritarios”.

Consultada por el periodista Gilles Bouleau si se retirará de la política, la líder de Agrupación Nacional respondió categórica: “De ninguna manera, de ninguna manera”. “Millones de franceses se verán privados de su candidato, que era hoy el favorito de las elecciones presidenciales”, apuntó, haciendo alusión a los últimos sondeos del Instituto Ifop. Y sobre la posibilidad de recurrir al presidente de Agrupación Nacional como plan B de cara a 2027, Le Pen afirmó: “Jordan Bardella es un gran activo para el movimiento, lo llevo diciendo mucho tiempo. Pero espero que no tengamos que recurrir a él antes de lo necesario”.

Si en las pasadas elecciones legislativas Bardella era candidato a primer ministro, no es secreto que desde entonces hasta ahora, y en espera de la condena a Le Pen, muchos lo veían como la carta presidencial de la Agrupación Nacional para 2027. Pero precisamente este domingo Le Pen cruzó una “línea roja” al declarar por primera vez, ante la cadena BFMTV, que su sucesor tenía “la capacidad de ser presidente de la República”.

En la entrevista, Le Pen declaró: “Cuando se llega al nivel de Jordan Bardella, a la edad que tiene, no hay ninguna razón para privarse de una ambición que podría incluso ser mayor a la que tiene hoy día”. Los números respaldan a Bardella, luego de que un sondeo Ifop-Fiducial, que salió a inicios de marzo, mostrara que un 60% de los franceses pronosticaba su candidatura, y que incluso el 43% “la deseaba”, superando por un punto a su mentora.

A dos años de la presidencial, el camino parece limpiarse para un político que no tiene rivales al interior de su partido. Sin embargo, una asociación anticorrupción soltó una bomba hace unos días: acusan a Bardella de haber sido parte de los asistentes parlamentarios europeos que se beneficiaron de un empleo ficticio, precisamente en el espacio de tiempo en el que se acusa al partido de desviar fondos. Al respecto, ya se presentó denuncia por malversación de fondos públicos, encubrimiento y falsificación, así como de fraude.

La condena a Marine Le Pen representa un terremoto en la escena política francesa, llegando a ser llamado por un encuestador francés “el pistoletazo de salida de la carrera presidencial 2027”. Las reacciones no se hicieron esperar, y en X la eurodiputada y sobrina de Le Pen, Marion Maréchal, indicó: “Marine Le Pen ha conducido a nuestro bando por el camino de la victoria. Esa es su única culpa, y por eso es condenada. Nadie en la derecha debería pretender estar satisfecho con esta sentencia. Antes fue François Fillon, hoy Marine Le Pen. ¿Quién será la próxima? Estoy más que nunca al lado de Marine en este momento”.

Por su parte, la presidenta del grupo ecologista y social en la Asamblea Nacional, Cyrielle Chatelain, respondió a quienes defienden a Le Pen: “La ley debe ser la misma para todos. ¿No era Le Pen quien decía ‘inhabilitación de por vida’? Y hoy, que es a ella a quien pillan con las manos en la masa, ¿hay que buscarle excusas? No hay ninguna excusa. Cuando se roba el dinero de los franceses, hay que ser castigado, y punto”.

Expertos del diario Le Monde apuntaron a que, en imitación de la estrategia de Donald Trump en los últimos dos años, se espera que la extrema derecha francesa haga de Marine Le Pen una víctima y no reconozcan la autoridad de los jueces. Precisamente eso es lo que hizo el presidente del partido de extrema derecha Reconquista, Éric Zemmour, al estimar en X que “no es función de los jueces el decidir por quién debe votar el pueblo”.

Una de las primeras reacciones a la sentencia no fue francesa, sino rusa: el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que “cada vez más las capitales europeas eligen el camino de la violación de las normas democráticas”. Aun asegurando que la situación de Le Pen es un “asunto interno” de Francia, aseguró que “nuestras observaciones de lo que sucede en las capitales europeas muestran que allí no se avergüenzan en absoluto de ir más allá del marco de la democracia durante un proceso político”, afirmó.

Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, publicó en X: “Je suis Marine! (¡Yo soy Marine!). Las reacciones también llegaron desde el gobierno italiano, donde el vicepresidente del Consejo de Ministros, Matteo Salvini, aseguró que la sentencia es “una declaración de guerra por parte de Bruselas”. “Aquellos que temen el juicio de los votantes a menudo encuentran tranquilidad en el juicio de los tribunales”, añadió el líder de Liga, que afirma que no se dejarán “intimidar”.

Salvini comparó el escenario con la decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía de excluir a Calin Georgescu, candidato de ultraderecha, a presentarse en las elecciones de mayo debido a un financiamiento no declarado y a la sospecha de una intromisión rusa en los comicios previos. También Santiago Abascal, líder de Vox, aseguró que “no conseguirán callar la voz del pueblo francés”. El político español de extrema derecha compartió el hashtag “Je Soutiens Marine” (Yo apoyo a Marine), utilizado en la red social para mostrar el rechazo a la pena impuesta contra Le Pen.

Al otro lado del Atlántico, incluso Elon Musk se pronunció contra la sentencia: “Cuando la izquierda radical no puede ganar mediante el voto democrático, abusa del sistema judicial para encarcelar a sus oponentes”, publicó en su red social.

Otros internautas, haciendo referencia a los cinco años de condena contra Le Pen, comentaron al respecto: “Al final consiguió su quinquenio”.

Desde la izquierda, en tanto, La Francia Insumisa, partido fundado por Jean-Luc Mélenchon y principal rival electoral de Le Pen en los últimos comicios, consideró que los hechos juzgados son “particularmente graves”, pero se posicionan en contra “por principio” de cualquier decisión que haga “imposible” recurrir en la práctica, al entrar en vigor de manera inmediata.

“El medio de acción de La Francia Insumisa nunca ha sido recurrir a un tribunal para deshacerse de la Agrupación Nacional. Lo combatimos en las urnas y en la calle, mediante la movilización popular de los franceses, como pudimos hacer durante las elecciones legislativas de 2024″, indicó la colectividad en un comunicado.

Por su parte, Mélenchon suscribió en sus redes sociales el comunicado de la formación y añadió que “la decisión de destituir a un cargo electo debería ser del pueblo” y que “para eso serviría el referéndum revocatorio en una sexta república”.