Las claves y las 23 organizaciones que se reunirán con el ministro Montes tras el caso Democracia Viva

En medio del lío de platas políticas que involucra a la Fundación Democracia Viva y que impacta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), liderado por Carlos Montes (PS), el titular de la cartera anunció -previo a una gira por la Región de Antofagasta- que este miércoles se reunirá con representantes de 23 fundaciones vinculadas a vivienda para replantear el modelo de transferencias directas que hoy se encuentra bajo la lupa luego de que el ministerio visara a la fundación $ 426 millones.

La invitación fue extendida a las fundaciones el pasado domingo 25 de junio vía mail, con la firma del secretario (S) del Minvu, Carlos Aravena Salazar. Su objetivo: “Tratar aspectos relevantes en relación a las tareas que vuestras organizaciones cumplen en el marco de intervención en campamentos”.

Las entidades convocadas por el secretario de Estado presentan contratos vigentes y en la reunión se analizarán sus alcances. Según informó Vivienda a La Tercera PM, se convocó a la instancia al servicio público de Fondo Solidario e Inversión Social (FOSIS) que trabaja en algunos campamentos con distintos proyectos y a 22 fundaciones: Espacio Lúdico, Techo, Fusupo, En Red, En Red Socail, Posible Otro Chile, Aldea, Arquitectura Ciudadanía y Aprendizaje, Acción Digital, Enlace Urbano ONG, Campamento de Ideas, Urbanismo Social, ProCultura, Fundación Vivienda, Cáritas San Marcos de Arica, Chay Austral, Comprometifod, Fibra Educa, ONG Sur Maule, Recreao, Red Integral y Comunitaria, Tomarte y Arquiduc.

Según ha detallado el propio ministro y exsenador socialista, la cita buscará analizar posibles modificaciones y la “necesidad de perfeccionar” el procedimiento para suscribir convenios entre fundaciones privadas y el ministerio. Un método que, según Montes, “ha ido cambiando, tiene defectos grandes, nosotros tenemos una propuesta para modificarlo y la vamos a poner en discusión”, acotó el exsenador esta mañana, luego de reunirse con el fiscal jefe (S) de Antofagasta, Christian Aguilar, quien lidera la investigación por las millonarias cifras donde, además, admitió que al menos seis trabajadores de fundaciones prestan servicios al Ejecutivo.

Un de estas es la Fundación Superación para la Pobreza-Servicio País, la que desde hace 15 años mantiene un convenio marco con el ministerio que le ha permitido actuar en comunas con altos índices de pobreza para realizar diagnósticos técnicos y sociales de los asentamientos. Mientras que desde 2019 trabajan con el Serviu de Antofagasta para trabajar el diagnóstico dentro de campamentos que se habían expandido debido a la crisis migratoria.

Al respecto de la cita, la directora ejecutiva de la fundación, Catalina Littin, sostuvo que se valora la instancia con el ministro, puesto que “estamos atentos a las actualizaciones y a las mejoras que se puedan producir en el sistema en términos genéricos (...).”. Asimismo, la directora ahondó en la necesidad que existe hoy de atribuir altos estándares de probidad, transparencia y rendición de cuentas a los convenios que el Estado y el ministerio mantengan con las fundaciones y “la necesaria revisión permanente y mejora de los mecanismos de quienes trabajamos en alianza con el Estado y con fondos públicos”.

La Fundación ProCultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, también formará parte de la cita. Pese a que en conversación con La Tercera PM el director prefirió no adelantar comentarios respecto a “una reunión que aún no se concreta”, de todos modos expresó que como ProCultura “tenemos toda la disposición para trabajar en conjunto con el ministerio para hacer las modificaciones necesarias a los mecanismos de financiamiento, de manera de asegurar la transparencia en los procesos y resguardar el buen uso de los recursos públicos. Creemos que esta es una oportunidad para que las fundaciones, e incluyo a ProCultura, mejoremos nuestros mecanismos de transparencia activa de manera de entregar más y mejor información que pueda responder oportunamente a las preguntas de la ciudadanía”.

En esa línea, Larraín ahondó en la importancia de que la situación de Democracia Viva “no enlode el trabajo que realizamos miles de fundaciones a lo largo del país, porque nuestro trabajo apoya directamente al Estado en la implementación de planes y políticas públicas a lo largo de nuestro territorio”.

Ernesto Espinoza, de la Asociación Campamento de Ideas, sostiene que “tenemos altas expectativas de que el ministerio de cobertura y respaldo a todo el trabajo que hemos desarrollado en el territorio desde el 2021 y que viene precedido de un trabajo de siete años en campamentos de Antofagasta. Ayer el ministro pudo ver in situ toda la inversión que se ha desarrollado en conjunto en los Barrios Transitorios y creemos que eso es nuestra principal carta de presentación, es por ello que nos diferenciamos de otras organizaciones, ya que hemos levantado 66 viviendas, sedes sociales y zona de estacionamientos, entre muchas otras obras, con alto estándar, que dan dignidad a quienes viven en estos asentamientos precarios”.

El actual mecanismo de asignación de recursos desde el ministerio a las fundaciones ha entrado en cuestionamiento. Esto, debido a que según expertos en materia de transparencia y probidad, este mantendría ciertos ripios al no obligar a la rendición de cuentas ni estado de proyectos. La situación fue abordada por el exministro de Vivienda Cristián Monckeberg (RN), quien señaló a radio Infinita que “el Estado va pagando de a poco en la medida de que va avanzando la obra. Y esto es ajeno a la forma en que funciona el ministerio”.

Monckeberg añadió que la forma de funcionar que tiene el ministerio es que construye o encarga la construcción de viviendas a otras entidades, en este caso, fundaciones. Todos sus pagos y controles de estos tienen relación con el estado de la construcción de la vivienda.

Asimismo, recalca que el “vacío” que existe dentro de este mecanismo es que no existe una persona que fiscalice los avances de obras, “no hay un hito, no es una cultura de cómo funciona, sino que simplemente se paga una plata para que la fundación funcione y se confía en que esta rendirá lo que hizo (...) Evidentemente se da el espacio para poder hacer cosas distintas, ilegalidades, usar los recursos como mejor parezca”, cerró.