Las Condes vs. Las Condes: Dirección de Control del municipio cuestiona auditoría de alcaldesa por construcción de Cesfam

El pasado 19 de junio se conoció el resultado de la auditoría externa encargada por la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), a la firma AZ, para investigar el proceso de adquisición de inmuebles para la construcción de un nuevo Cesfam, luego de que cinco concejales denunciaran irregularidades en este proceso.

Entre las conclusiones de esta investigación interna se indicó que existieron “errores administrativos”, pero no delitos. Sin embargo, hoy ese documento está en el centro de los cuestionamientos de los ediles y vuelve a tensionar las relaciones al interior del Concejo Municipal.

Fue la Dirección de Control municipal que evidenció una serie de falencias en el proceso de contratación de los servicios y también en el contenido de la evaluación realizada.

Mediante el informe confidencial N°121 que evacuó dicha repartición tras un incidente presentado por el concejal Sergio Melnick (P. Rep) -y al cual La Tercera tuvo acceso- se indicó, en primer punto, que el documento entregado no puede ser considerado como un “informe final”, puesto que en cada parte del mismo se indica que se trataba de un documento “confidencial/ sujeto a secreto profesional”.

Se cuestiona, en los mismos términos, que a pesar de ello el municipio dio amplia publicidad al escrito, poniéndolo a disposición de Contraloría, del Ministerio Público y también lo incorporó como insumo para sumario administrativo dispuesto.

Asimismo, señala que el supuesto informe no se encuentra firmado por ningún profesional ni posee timbre que lo haga atribuible a la firma contratada.

“Si el informe no ha sido firmado en ninguna de las hojas que lo componen, para los estándares municipales no resulta válido y no se le puede dar valor legal, quedando como un proyecto destinado a ser finalizado o suscrito por quien corresponda (...) La necesaria firma del abogado es la garantía de que el contenido del informe fue verificado, comprobado y aprobado por la persona que lo redactó”, se lee en el informe suscrito por Eduardo López, el director de Control de Las Condes.

Se reprocha, de la misma forma, que en el encabezado del resultado de la auditoria se atribuye el trabajo a la firma Albagli Zaliasnik y a Gomez, Pallavicini y García Abogados, pese a que sólo se contrató, vía trato directo, a AZ, lo que contraviene lo pactado.

“Resulta del todo improcedente dada precisamente la naturaleza de la contratación, que por una parte, contrataba única y exclusivamente al primer estudio, aludiendo especialmente a su experticia que lo hacia especialmente hábil para el servicio contratado y no otra, cuanto porque impediría la participación de otro estudio diferente al contratado, pues carece de cláusula de subcontratación”, se argumenta.

Sin embargo, desde la Municipalidad de Las Condes rechazan estos cuestionamientos. “Se contrató a un equipo especialista, el estudio Albagli Zaliasnik, para elaborar un informe de investigación interna sobre el proceso de compra. Esta contratación fue visada por la dirección de Control. Y la investigación estableció errores administrativos claros, los cuales podrían establecer la responsabilidad tanto del propio director de Control como también de los exdirectores del área Jurídica y de Secplan. Es por esto que recomendó un sumario por estos hechos”.

En línea, complementaron con que “la administración, conforme con el resultado, amplió un sumario administrativo para establecer responsabilidades. Incluso fue este mismo informe el que sirvió para impulsar la querella presentada por la alcaldesa de Las Condes, ya que una de las conclusiones reveló la inconsistencia de un decreto”.

Además, explicaron que el informe fue presentado a la Fiscalía y la Contraloría.

En otro de los ítem incorporados en el informe, se hace presente que, en medio del trabajo de AZ, “se incluyen lo que constituirían a nuestro juicio imprecisiones, errores y desconocimiento del funcionamiento de un municipio, circunstancias que restan valor y fuerza vinculante a la pertinencia y utilidad al documento en referencia”.

A modo de ejemplo, mencionan que “se habla en diversas oportunidades de una gestión inorgánica y una falta de coordinación entre las distintas direcciones, especialmente, aquellas involucradas en la gestión de compra de los inmuebles materia de cuestionamiento. Sin embargo, extrañamente nada se dice de la responsabilidad que pudiera caber a la alcaldesa, como máxima autoridad y responsable del funcionamiento total del municipio”.

Hacen presente, de hecho, que todas las escrituras que fueron suscritas contaron con la firma de Daniela Peñaloza “como única y exclusiva responsable de todo el proceso”.

Agrega, entonces, que “yerra el informe al sindicar como responsable de la ‘coordinación municipal’ o falta de ella a una Unidad que evidentemente a la luz del instrumento antes referido, no posee injerencia alguna en dicha función y que, por lo demás, tampoco tuvo prácticamente intervención alguna en la gestión, negociación y materialización de los contratos de compraventa materia de informe”.

Se complementa, además, con que “de manera inentendible”, se omite lo referente a la responsabilidad del secretario Comunal de Planificación, “quien fue expresamente mandatado para realizar todas y cada una de las gestiones tendientes a la adquisición de las 11 propiedades que se constituiría en el paño para la construcción del Cesfam”.

Así las cosas, sostienen que “el documento materia de este análisis no aporta nuevos antecedentes e incluso podría afectar los procesos administrativos o judiciales que se están llevando a cabo, dado que se limita a emitir juicios de valor, sin estar suficientemente fundamentados y en muchos casos se remite o refiere a los mismos hechos y circunstancias ya informados en diversas oportunidades por el propio municipio al organismo de control superior o a la fiscalía, vía documentos oficiales o en declaraciones aportadas en ambas instancias”.

Las primeras luces de estos cuestionamientos al informe, como se mencionó, las realizó el concejal Melnick, quien durante el concejo municipal del 3 de agosto expuso sobre el informe que había solicitado. Ahí, lo describió como un “documento realmente complejo e importante”, por lo cual pidió entregarlo a todo el resto de sus colegas.

En ese sentido, el edil destacó que el informe señala explícitamente la “falta de responsabilidades que le pudiesen competir en todo este asunto al exdirector jurídico, don Patricio Navarrete que fue transformado por la alcaldesa en el chivo expiatorio en esta gran comedia de equivocaciones y, en virtud de este informe formal de la Contraloría, no tenía ninguna responsabilidad, sino que al contrario”.

A lo que agregó que todas “estas irregularidades que presenta la Dirección de Control levantan una alarma y se suman a una muy mala gestión de la alcaldía en este tema”.

Las palabras de Melnick fueron apoyadas posteriormente por el concejal Patricio Bopp (ind.- exUDI), quien aseguró que el texto emitido por el municipio “ha generado no sólo confusión en los medios de comunicación sobre el desplazamiento de irregularidades y otras conclusiones que afirma, sino que también entorpece la justicia, sin aportar nuevos antecedentes”.

La concejal Catalina Ugarte (P. Rep), por su parte, expresó sus cuestionamientos a la administración de Peñaloza, apuntando a las dificultades que existen para construir el proyecto luego de todo lo ocurrido. “Parece que la municipalidad funciona al revés, primero gasta los recursos, que son de los vecinos, quienes se parten el lomo trabajando todos los meses, y después ve si se puede hacer el proyecto”.

Pero hubo posturas disímiles. La edil Javiera Kretschmer (Evópoli) aseguró que le gustaría saber si el informe fue elaborado por el director de control interno, porque le llamó la atención “que efectúe este informe, cuando hace un par de meses atrás, tras una presentación, manifestó que no podía responder ninguna pregunta, porque estaba en curso la investigación en la Fiscalía”.

En la misma línea se expresó Marie Claude Mayo (P. Rep), quien señaló que lo ocurrido con el Cesfam “tiene relación con el daño que se hace cuando se realizan denuncias sin tener toda la información, porque, obviamente, cuando se denuncia primero y después se investiga, la gente se siente súper amenazada, no se puede hablar con libertad y se dan una serie de dinámicas muy perversas”. A lo que agregó cuestionamientos al contralor municipal, ya que este había visado el proyecto, “hoy día hace llegar un informe a algunos concejales y a otros no, es raro que no llegue a todos los concejales”.