Las diligencias en querella contra Piñera: Fiscalía pide a Carabineros “cadena de mando que operó en estallido social” e identidad de instructores de armamento

Un total de 1.367 páginas acumula el expediente que lleva la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, junto a los persecutores de la Unidad Anticorrupción Patricio Toro y Claudio Rebeco. El equipo investiga al Presidente de la República, Sebastián Piñera; al general director de Carabineros, Mario Rozas; a los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y al intendente metropolitano, Felipe Guevara, luego de que el 4 de noviembre pasado se comenzaran a presentar querellas en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Estos libelos fueron derivados al Ministerio Público tras ser decretados admisibles por el tribunal y, debido a la investidura de las autoridades querelladas, se decidió que fuera un fiscal regional quien liderara las indagatorias.

Los ilícitos imputados se enmarcan en hechos de presunta violencia institucional, que fueron denunciados en diversas oportunidades en las manifestaciones iniciadas desde el 18 de octubre de 2019, con el inicio de la crisis social en el país.

A la fecha, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha acogido a tramitación cinco acciones legales en contra de estas autoridades y ex secretarios de Estado.

En medio de estas presentaciones, el Ministerio Público ha realizado una serie de diligencias para aclarar si es que las denuncias tienen asidero. Así es que el pasado 10 de febrero Perivancich envío un escrito al tribunal. En el documento, precisó detalles sobre una petición de autorización judicial para citar a declarar a Rozas y al comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez. Ahí, dijo que el general director de Carabineros será citado en calidad de querellado, debido a que se han presentado acciones legales nominativas en su contra, una de ellas por parte del senador Alejandro Navarro y otra por el secretario general de Revolución Democrática, Leonardo Rissetti.

Ambos también se querellaron en contra de Piñera, aunque fueron los abogados de la Defensoría Popular los primeros en presentar una acción legal contra el Mandatario, lo que dio inicio a la investigación.

En relación a Martínez, Perivancich dijo que “no se han deducido querellas nominativas a su respecto y el Ministerio Público, en esta etapa inicial de investigación, no cuenta con antecedentes que justifiquen el tratamiento procesal de imputado”, por lo que sería citado como testigo.

Además, la fiscal señaló que todas las querellas “hacen referencia a múltiples hechos, principalmente lesiones, acaecidos a partir del estallido social del 18 de octubre de 2019 en Santiago, que tuvieron lugar en la mayoría de los casos en las inmediaciones de Plaza Baquedano, donde se concentraron acciones ciudadanas y el accionar de las Fuerzas de Orden y Seguridad”. E indicó que es necesario avanzar en la investigación “desarrollando una diligencia esencial como es la citación” de Rozas y Martínez.

A seis meses de que el tribunal autorizara ambos interrogatorios, la carpeta investigativa del caso aún no incluye estos testimonios. Según fuentes ligados a la causa, no se ha fijado fecha para tomarles declaración porque aún están en etapa de recopilación de antecedentes.

Lo que sí contiene el expediente son una serie de requerimientos de información a instituciones públicas y privadas, diligencias que fueron solicitadas por los querellantes.

Uno de los puntos que la fiscalía quiere aclarar es el uso de las escopetas antidisturbios y el rol que tuvo para el control del orden público. Por esto es que el 27 de noviembre, Perivancich solicitó a Mario Rozas que “individualizara a los funcionarios encargados de capacitar al personal policial acerca del correcto uso de armas y municiones antidisturbios durante 2018 y 2019, incluyendo datos de contacto”. Y que le enviaran material de capacitación y las comunicaciones internas sobre el uso de armas desde el 18 de octubre en adelante. Le dio 15 días para responder.

La institución entregó su respuesta el 2 de enero. Ahí, acompañaron dos listados con los nombres de 45 y 30 oficiales cada uno, quienes capacitaron en el uso de escopeta antidisturbios, de acuerdo a las resoluciones de 31 de julio y el 3 de septiembre de 2019.

En este mismo sentido, el 3 de diciembre el Ministerio Público solicitó a Rozas “la completa individualización (marca, modelo, calibre, procedencia) de las armas y municiones antidisturbios” usadas desde el 18 de octubre de 2019, además de las órdenes de compra de esas armas, la ficha técnica del fabricante y la composición de los gases y agua de los vehículos. Le dio dos semanas para responder.

El requerimiento fue respondido por la policía uniformada el 23 de enero a través de un informe secreto firmado por el secretario general Ramón Alvarado. En el listado, detallaron cuatro tipos de escopeta, tres tipos de carabinas y cartuchos de tres marcas distintas usadas para la escopeta calibre 12: una es Tec (perdigón de goma) y las otras son Combined Tactical System y Defenced Tecnlology-Safariland. Además, informaron sobre una serie de disuasivos químicos.

Incluso, el 23 de octubre de 2019 Carabineros comunicó al Ministerio del Interior que estaban “con quiebre de stock” de disuasivos químicos debido a la “demanda exponencial de pertrechos”, por lo que pidieron al Ministerio de Defensa 5 mil cartuchos de 37 mm, 5 mil granadas, mil litros de líquido, mil kilos de polvo y mil unidades de aerosol.

En otro oficio dirigido a la policía uniformada, la fiscal pidió a Rozas información sobre las investigaciones administrativas y sumarios ante denuncias por abuso en el uso de la fuerza en el marco de la crisis social. Este fue respondido el 31 de diciembre, pero solo sobre la Región de Valparaíso. En total, informaron 40 sumarios y otras 39 investigaciones administrativas. En la columna titulada “involucrados”, no se comunicó el nombre de ningún funcionario, ya que todos estaban “por determinar” o “no determinado”.

Luego, Perivancich requirió a Rozas el 3 de diciembre de 2019, y también al general del Ejército, Ricardo Martínez, 27 de noviembre del mismo año, informar sobre “la cadena de mando que ha operado en cada región desde el denominado ‘estallido social’ del 19 de octubre y desde el término de la vigencia del estado de excepción”.

Dos meses después, el 4 de febrero de 2020 -a través de un documento secreto- la Secretaria General de Carabineros le respondió. “Se puede señalar que durante el periodo (...) operó lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la ley 18.415, orgánica constitucional de los estados de excepción, relativo a los deberes y atribuciones de los jefes de la defensa nacional (...). Por su parte, en lo que respecta a la cadena de mando existen en cada región, cabe manifestar que está se encuentra estructurada por los jefes de zona, prefectos, comisarios y jefes de destacamento, todo dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales”, dice el escrito.

En el mismo texto, Carabineros envió los documentos de respaldo sobre los criterios de actuación provenientes del Ministerio del Interior para controlar el orden público desde el 18 de octubre. Respondieron que la policía uniformada podrá establecer los servicios policiales que estime necesarios para el cumplimiento de sus finalidades y que mantiene una permanente coordinación con Interior.

Asimismo, el 4 de diciembre la fiscalía le pidió al general director el número de personas detenidas y apercibidas por Carabineros desde el 18 de octubre, información que le entregó a la fiscalía en un CD el 3 de enero de 2020.

También, el Ministerio Público despachó solicitudes de información a otras instituciones como, por ejemplo, a los ministerios de Justicia e Interior, al Servicio Médico Legal y a organizaciones civiles ligadas a la defensa de los Derechos Humanos y al sector Salud, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Colegio Médico. A muchos de ellos, tras no recibir respuestas, se les reiteró el 12 de mayo que remitieran la información. Por ejemplo, al entonces ex subsecretario de Defensa (hoy es de Interior), Juan Francisco Galli y al INDH.

Asimismo, fiscales de regiones de diversas regiones han derivado a Perivancich las denuncias de civiles que han ido llegando por lesiones que habrían cometido carabineros durante manifestaciones. Entre ellas, se encuentra el caso de Mauricio Jara Méndez, quien acusa a la policía de uso excesivo de la fuerza luego de que le impactara un proyectil en la frente cerca de Plaza Italia, el 5 de noviembre pasado.

La composición de los balines que usaban las escopetas de Carabineros fue motivo de discusión a fines del año pasado. Y así fue como el Ministerio Público pidió a Rozas el 27 de noviembre de 2019 que entregar los peritajes del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) sobre la composición de los proyectiles antidisturbios. Ante esta petición, Carabineros respondió el 27 de diciembre y adjuntó un análisis realizado el 19 de noviembre pasado.

Se trata de un informe elaborado por la Prefectura de Iquique, en que se estudiaron los cartuchos balísticos de la marca Tec y ”se observaron señales vibracionales símiles a las encontradas en el estudio realizado por la Universidad de Chile”, que detectó un 20% de metales en los perdigones.

Asimismo, “se pudo establecer que las postas se presentan niveles trazas de: plomo, bario, aluminio, silicio y magnesio, cada uno de ellos en niveles que no superan el 1% de la masa total de la posta”, dice el informe policial.

Esto se contrapone con lo que dos días antes, es decir, el 17 de noviembre, Rozas señaló cuando defendió los perdigones usados por la institución durante las manifestaciones. “De acuerdo a un análisis del Laboratorio de Criminalística de Carabineros dan cuenta que son de goma y para una mayor transparencia se pedirá a la empresa proveedora que actualice la ficha técnica de la munición y se pedirá que sea analizada por un organismo externo y una universidad extranjera”, dijo esa vez.

Incluso, sostuvo que Carabineros ha constatado el uso de escopetas artesanales durante operativos para realizar el control público.

Luego, el 19 de noviembre anunció que suspendería el uso de estos perdigones y que solo podrían ser empleados en medida extrema. “A partir de un informe emitido por una universidad del país, que da cuenta de posibles discrepancias en la composición de los perdigones, se encomendó un informe al Laboratorio de Criminalística de Carabineros, el que, si bien no concuerda con las conclusiones del anterior estudio (de la Universidad de Chile), también muestra diferencias con la comparación declarada por el proveedor en su ficha técnica”, indicó entonces.