Las encuestas encargadas por el gobierno de Boric sobre retiros y cambio de mando: Empresa de hijos de Lavín entre las contratadas

Apenas cuatro días después de que el gobierno sufriera una derrota en la Cámara de Diputados tras el rechazo a su proyecto de un retiro de pensiones acotado, la Secretaría General de Gobierno (Segegob) emitió una orden de compra para hacer una encuesta que buscaba “comprender en profundidad las necesidades y percepciones de las personas de distintos segmentos socioeconómicos, que quieren realizar el retiro de fondo de pensiones”.

Así quedó establecida en la resolución exenta N° 272/340 que contrató al proveedor Fases Investigación y Asesorías en Gestión de Marketing Limitada para la realización del estudio. Según se desprende en Mercado Público, se le pagarán $ 3.265.600 a la empresa formada por Alejandro Pinto y Patricia Leppe por el trabajo.

Pero éste no es el único sondeo que ha encargado la administración encabezada por el Presidente Gabriel Boric. La Tercera PM revisó las órdenes de compra de cerca de 15 ministerios y hasta ahora el gobierno ha contratado cuatro encuestas de opinión por $ 43.633.278.

La elaboración de este tipo de sondeos ha sido una práctica común dentro de los gobiernos, y en la administración pasada presidida por Sebastián Piñera se contrató periódicamente a encuestadoras como Cadem, Criteria Research o la Universidad del Desarrollo.

De hecho, a un año y medio de iniciado el gobierno de Piñera se habían desembolsado $ 582 millones para esos estudios.

Otra encuestadora que contrató La Moneda el 13 de abril -esta vez con cargo a la Presidencia de la República- fue Chiletendencia Spa, empresa que fue constituida en diciembre del 2013 por los hijos del excandidato presidencial Joaquín Lavín (UDI): Juan Pablo Lavín, María Estela Lavín, la periodista Tatiana Bórquez y el decano de la UDD, Eugenio Guzmán. Este último ya no forma parte de la sociedad.

A la encuestadora, que se hace cargo del llamado “Panel Ciudadano”, se le pagaron $ 13.350.000 por un “estudio de opinión pública en el marco del cambio de mando presidencial 2022″. Anteriormente Chiletendencia había trabajado también con el gobierno de Piñera.

También por el concepto de cambio de mando, la Presidencia contrató a Exponential Ingeniería Spa de Lorena Pizarro Rodríguez. A esa firma se le pidió la realización de un “estudio cualitativo” que tuvo un costo de $ 8.092.000.

La Segegob también contrató por $ 18.925.678 a la Pontificia Universidad Católica de Chile para un “estudio cuantitativo, que permita identificar requerimientos y prioridades ciudadanas post cambio de mando”. Ese sondeo estuvo encabezado por Daniella Leal, la jefa de estudios telefónicos, y requirió a mayores de 18 años en siete zonas regionales.

Tradicionalmente los gobiernos han defendido el uso de encuestas porque permiten identificar cuáles son las prioridades de la gente y así adoptar políticas públicas. Sin embargo, siempre la oposición de turno es crítica a la contratación de estos servicios. Los miembros del actual gobierno también lo fueron cuando estuvieron al otro lado de la línea.

La semana pasada el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, dejó entrever que el gobierno estaba mirando algunos focus group cuando afirmó que el aumento del Rechazo se debe a “la desinformación”. En esa oportunidad el ministro reafirmó que sus dichos estaban sustentados en los sondeos de opinión que el gobierno manejaba.

Luego de esas declaraciones la oposición anunció que enviaría un oficio para conocer los antecedentes de esas encuestas. “Sería bueno saber cómo financian eso, que nada tiene que ver con el rol de un gobierno, existiendo tantas necesidades que solucionar”, reclamó el jefe de bancada de RN, Andrés Longton.

De hecho, este último junto a sus pares de la UDI, Jorge Alessandri, y de Evópoli, Francisco Undurraga, acudieron hasta la Contraloría General de la República para fiscalizar el uso de recursos públicos por parte del gobierno para fiscalizar la participación de La Moneda en el plebiscito de salida.

De todas maneras, fuentes de gobierno sostienen que algunas de las encuestas que manejan les llegan desde otros lados y no necesariamente son encargadas por la administración pública.

No hay una forma oficial de conocer el contenido de las encuestas contratadas, pues los contratos con las encuestadoras establecen una cláusula de confidencialidad que impide a los proveedores referirse al contenido y resultado de éstas.

Además, la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública establece que “los resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados por los órganos de la Administración del Estado facultados para ello serán reservados hasta que finalice el período presidencial durante el cual fueron efectuados”.

De ahí que fue a los pocos días de que Boric aterrizara en La Moneda, se conociera que durante el gobierno de Piñera se contrataron encuestas para evaluar el manejo del gobierno en el estallido social y en el control de la pandemia.

*Artículo modificado el miércoles 27 de abril del 2022 a las 12:56.