Mientras dirigen un país, todos los gobiernos encargan encuestas y análisis para evaluar su desempeño y medir el apoyo ciudadano a sus políticas públicas, las que se mantienen en estricta reserva. Pero al final del período, y mandatados por la Ley de Transparencia, están obligados a publicarlos, pues se trata de estudios financiados con recursos públicos.

En este caso, el Ministerio Secretaría General del Gobierno (Segegob) publicó el viernes, minutos antes del cambio de mando, los 456 sondeos y estudios de opinión que guiaron su camino entre 2018 y 2022, y que reflejan de alguna manera cómo Sebastián Piñera navegó en las turbulentas aguas de su mandato.

El primer hito que queda reflejado en las encuestas es el impacto del estallido social en la evaluación del expresidente, cuya desaprobación escaló hasta el 89% en algunos sectores de la población, según Cadem. Pero también se observa un monitoreo semana a semana de la situación de la pandemia, midiendo la efectividad de las cuarentenas, de las medidas de apoyo económico y de los retiros de pensiones.

Las protestas de octubre de 2019 marcaron un antes y un después para el gobierno. Según la encuesta de Panel Ciudadano-UDD, entre el 13 y 24 de octubre la aprobación al Presidente Piñera cayó de 34% a 15%, y luego bajaría incluso hasta el 11% (8 de diciembre), mientras que la desaprobación alcanzó niveles históricos.

El mismo estudio de diciembre decía que el 60% de los encuestados creía que el gobierno nunca superaría la crisis generada por el estallido, y que la mayoría (46%) no estaba de acuerdo con la afirmación de que habría habido intervención extranjera en las protestas.

Asimismo, el informe revelaba que la agenda antiabusos que impulsó el Presidente después de las protestas no estaba teniendo efecto mediático, porque el 74% creía que los involucrados en casos de colusión no tendrían penas de cárcel. Según la encuestadora, los atributos de cercanía, confiabilidad y visión del Mandatario fueron los que más se desplomaron en esos días críticos.

Una encuesta Cadem de enero de 2020 también mostró el desfonde en la valoración de Piñera: el 81% decía desaprobar su gestión, cifra que llegó al 89% en el caso de la población joven, y al 97% entre quienes se identificaban con la centroizquierda. El gabinete obtuvo un 79% de desaprobación y el Congreso, un 85%.

Las mediciones relacionadas al estallido volvieron a aparecer en la Segegob en noviembre de 2020, cuando le encargó a Cadem medir el apoyo a un eventual indulto a los presos del estallido. La encuestadora realizó un focus group, en el que los consultados afirmaban que sí existen presos políticos, aunque con diferencias entre estratos socioeconómicos.

Por ejemplo, entre los consultados de los grupos C1 y C2 no había acuerdo sobre si estas personas estaban presas por razones políticas, mientras que en los grupos C3 y D sí consideraban que eran detenciones injustas, pues conocían algunos casos personales. “A mi hijo lo detuvieron los carabineros solo por el hecho de estar manifestándose. Eso para mí es ser preso político”, dijo una persona.

Respecto del indulto, en ese momento la mayoría rechazaba aplicar esta medida, aunque en los sectores C3 y D sí había algunos de acuerdo con aplicar un indulto, o al menos con volver a revisar los casos.

En julio de 2021, Cadem volvió a consultar por el tema: los escuestados volvieron a mostrarse divididos por rango socioeconómico. Mientras en el grupo C1 y C2 estaban en contra (“No estoy de acuerdo con un indulto general, hay que verlo caso a caso”), en el C3 y D sí apoyaban el indulto (“El límite debe ser la vida de otra persona, y la mayoría de los presos del estallido no mataron a nadie”).

Por lejos, el tema que más le interesó medir al gobierno fue el manejo de la pandemia. Contaba con información prácticamente semana a semana de lo que opinaba la ciudadanía frente a las medidas de contención, a la evolución del virus y al apoyo socioeconómico.

Tempranamente observaron el impacto de las cuarentenas cuando vieron que el temor y la incertidumbre predominaban en el estado anímico de los chilenos.

En septiembre de 2020, Cadem informaba a la Segegob que la gente había comenzado a dejar de informarse sobre el Covid, porque ya estaban saturados con el tema, y en noviembre de 2020 un sondeo al estado emocional de la Región Metropolitana mostraba que la incertidumbre, preocupación, angustia e impotencia predominaban en la población.

Pero también los sondeos reflejaban que la gente no se sentía apoyada económicamente, por lo que estaban muy a favor de la aprobación de los retiros del 10% de las AFP. En julio de 2020, los encuestados entendían que el retiro no era una política ideal, pero rechazaban todos los argumentos en su contra, porque los apremios y las deudas eran demasiado grandes.

¿Corresponde que la clase media pague con sus ahorros la crisis? “Claro que no corresponde, pero es lo que hay. Hay que sacar esa plata de algún lado y prefiero no debérselo a nadie”, decía una persona consultada en el panel.

Incluso, en una siguiente medición, el gobierno fue advertido de que, de rechazarse el primer retiro del 10%, había una alta probabilidad de que ocurriera un nuevo estallido social, porque esta medida “se alinea con una lucha simbólica de la ciudadanía contra lo que perciben como un sistema desigual”.

“El coronavirus ha profundizado y visibilizado la desigualdad de condiciones en las que vive la mayoría de la población (…). Lo anterior, alimenta la certeza generalizada de que en caso de rechazarse la propuesta del retiro del 10%, se produzca un nuevo estallido social”, alerta el informe de Cadem.

Para el segundo retiro (agosto a noviembre de 2020), cuando el gobierno presentó su propio proyecto alternativo, los encuestados afirmaban que preferían la iniciativa ingresada por la diputada Pamela Jiles, y recién en una encuesta para medir la idea de un tercer retiro, en marzo de 2021, hubo un mayor rechazo ciudadano a esta propuesta, también dividida según nivel socioeconómico.

Un momento de alta tensión en el gobierno ocurrió cuando la oposición promovió una acusación constitucional contra el Presidente Piñera, por el caso Pandora Papers, entre octubre y noviembre de 2021, lo que también quedó reflejado en una encuesta encargada a Cadem.

Según el informe, entre las personas consultadas había un apoyo transversal a este juicio político -que finalmente fue rechazado-, por considerar que el Mandatario debía responder a una “importante falta a la ética”, por la mala imagen que daba al exterior y porque se debía sentar un precedente para la política futura.

“Tiene que haber un precedente, no puede ser que siempre salgan impunes los personajes de poder en la política… tienen que empezar a tener más miedo”, dijo uno de los consultados.

Luego de informarles a los integrantes del focus group sobre las consecuencias que tendría la destitución del Presidente, estos no cambiaron de opinión, excepto en el grupo C1 y C2, donde creían que había que revaluarlo, debido a la situación de inestabilidad en que quedaría el país.