Las frenéticas 12 horas en que el “grupo de los ocho” selló el acuerdo del anteproyecto constitucional

La noche del martes 16 de mayo, en la sala 3 ubicada en el tercer piso del Senado, un grupo de ocho comisionados -cuatro por cada bancada- selló el acuerdo final que salvó el anteproyecto de la Comisión Experta.

En esa sala la comisionada Antonia Rivas (CS) estaba sentada con el computador tomando nota de los últimos ajustes que harían los expertos para conseguir la señal más potente del órgano: un acuerdo transversal desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista.

Rivas ofició como una de las redactoras que sistematizó los últimos cambios al protocolo -cuya base principal se había escrito por parte de la derecha durante la mañana de ese mismo día- que fue la llave para destrabar una votación en particular de más de 900 enmiendas que se veía ardua y compleja. Junto a ella, por el lado oficialista, la acompañaban otros tres comisionados oficialistas: Gabriel Osorio (PS), Domingo Lovera (RD) y Verónica Undurraga (Ind.-PPD).

Al frente estaba la derecha. Los comisionados mandatados por los otros expertos de derecha fueron Natalia González (Ind.-UDI), Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), Máximo Pavez (UDI) y Juan José Ossa (RN). Este grupo de ocho sabía que tenía la presión de llegar a acuerdo y nadie pretendía irse del Congreso hasta que saliera humo blanco. No había otra opción. “Es ahora o nunca”, transmitía durante la noche uno de esos expertos.

La presión estaba instalada. La Comisión Experta tenía una votación en particular que desarrollar. Más que ese asunto procedimental, la presión era política. Las enmiendas podían manejarlas como quisieran ya que en realidad el órgano nunca ha tenido un calendario fijo y la mesa se ha encargado de tener plazos flexibles para “no perder la muñeca” durante el proceso.

Si el asunto se ponía complejo, podían atrasar toda la votación, pero querían evitar ese escenario. Los resultados electorales de la elección de consejeros constitucionales habían dado vuelta el tablero. La mayoría republicana dejó a la izquierda en una encrucijada. En el Consejo Constitucional serán minoría, no tendrán influencia y, por lo tanto, desde ese domingo en adelante se le había subido el precio al anteproyecto de la Comisión Experta.

La derecha estaba tranquila y solo acordarían cuando consideraran que los puntos eran razonables. Algunos previamente habían compartido que si la izquierda ponían en duda el proceso, eventualmente el texto podía tambalear y nadie quería ser el responsable de embarcar al país en otro proceso fallido y repetir los errores de la Convención Constitucional.

El trabajo final de ese grupo de ocho comisionados fue el cierre del acuerdo cuya recta final se había iniciado doce horas antes. Pasado el mediodía de ese mismo martes, el oficialismo le notificó a la derecha que el trabajo de las subcomisiones llegaba a su fin. Durante toda la mañana los expertos de la izquierda no se aparecieron por el Congreso en Santiago y tomaron la decisión de endurecer su posición para darle ritmo a las tratativas.

La jugada de último minuto fue enviarle a la derecha un protocolo de acuerdo de seis páginas. El protocolo original había sido una propuesta de la oposición y abarcaba solo los temas de la subcomisión de Derechos Sociales.

La sorpresa la dio el oficialismo cuando se lo devolvió. La izquierda incluyó temas de otras subcomisiones. La idea era juntar todo en un solo protocolo y resolver los temas de una sola vez. En ese documento venían los nudos finales. La señal del oficialismo fue clara: si no se resolvían las diferencias en esas temáticas, ellos no podían concurrir a un acuerdo que permitiera entregar un anteproyecto transversal.

En el protocolo venían asuntos económicos, de tributos, aguas, huelga, trabajo decente, libertad sindical, control preventivo, pueblos indígenas, entre otros temas. El gran ausente fue la libertad de elección en salud. Su omisión no fue casualidad. Los comisionados de la subcomisión de Derechos Sociales ya sabían que ese tema no flotaría. Pese a todos los intentos de la derecha por buscar una redacción que convenciera a la izquierda, el oficialismo no dio su brazo a torcer.

Cuando la oposición recibió el protocolo, convocó a todos sus comisionados a una reunión a la hora de almuerzo en la sala 1 de la Cámara en Santiago. Ahí, estudiaron los puntos en cuestión, los debatieron y decidieron qué cosas podían aceptar y qué cambios propondrían de vuelta.

Pasadas las 16.00 de la tarde, la izquierda llegó hasta el Congreso. Además de los cuatro que tomaron la posta en la recta final, llegaron hasta el Senado en Santiago la comisionada Magaly Fuenzalida (Ind.-FRVS) y los expertos Flavio Quezada (PS) y Alexis Cortés (PC).

Los comisionados de izquierda pasaron sigilosamente por los pasillos del Congreso y subieron hasta el tercer piso del Senado. Allá arriba se instalaron y comenzaron el intercambio de ideas con la derecha que, tres pisos más abajo, respondía a su último ofrecimiento.

La oposición les respondió el protocolo impreso y con control de cambios. En la derecha consideraron que estaban las condiciones para seguir avanzando en la conversación, ya que sus ideas estaban puestas de manera razonable sobre la mesa y las de la izquierda también. Además se había dejado claro que no habría unanimidad en todos los temas ya que se dejaría espacio para quienes quisieran disentir.

Sobre esa base fueron trabajando y ajustando los últimos detalles. Pese a que había nerviosismo entre los expertos -ya que todos saben que el equilibrio en una negociación puede destruirse ante cualquier error- había cierto optimismo. Las diferencias no eran tantas. En eso jugó a favor la metodología de trabajo que tuvieron los 24 expertos.

Desde que se ingresaron las más de 900 enmiendas, las cuatro subcomisiones gastaron sus energías en resolver sus diferencias en cada una de esas instancias. La idea era que ellos fueran los responsables de acercar las posiciones sin tener que invocar otra instancia transversal para resolverlo. El trabajo fue de relojería. Enmienda por enmienda, frase por frase, palabra por palabra. Así fueron despejando el grueso del trabajo.

El reloj corría y las horas también. Eran pasadas las 23.00 horas y los expertos aún no cerraban el acuerdo. Faltaban los últimos detalles. Llegó la noche del miércoles, eran pasadas las doce de la noche y salió humo blanco. El grupo de ocho revisó por última vez el protocolo del pacto y con la venia de sus bancadas le dieron el visto bueno. A la derecha le pareció “razonable y fundado” así que dio el vamos.

Los ajustes fueron menores. Si se compara el documento inicial con el texto final, casi no se notan las diferencias. Cuando no había nada más que agregar, la comisionada Rivas leyó en voz alta el texto final. El resto escuchó. Al terminar el último párrafo los ocho dieron su aprobación y se cerró el texto. El documento se le envió a la presidenta Verónica Undurraga y al vicepresidente Sebastián Soto. El acuerdo fue total y se cumplió al pie de la letra la tarde de ese miércoles.