Después de una búsqueda infructuosa por el paradero de sus hijos, quienes fueron detenidos por segunda vez por agentes del régimen militar, Sebastián Acevedo Becerra tomó una decisión desesperada.

El 11 de noviembre de 1983, en la Plaza de Armas de Concepción, frente a la Catedral penquista, se roció gasolina y se prendió fuego como acto de protesta.

El hecho no solo conmocionó a la ciudad, también impactó a nivel nacional, al punto que su hija María Candelaria Acevedo fue liberada inmediatamente después de haber estado tres días en prisión, en un cuartel de la CNI, donde fue interrogada con golpes y apremios ilegítimos.

Casi 40 años después, María Candelaria Acevedo Sáez (PC), quien se convirtió en activista de derechos humanos y cuyo hermano Galo logró salir de prisión años después, será una de las 12 integrantes de la bancada del Partido Comunista que se conformará a partir de marzo. Ella fue elegida en el distrito 20 (Concepción, Coronel y Talcahuano, entre otras comunas).

A ella se suma también Lorena Pizarro Sierra (PC), presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. La dirigenta -cuyo padre, Waldo Pizarro, y su suegro, Jaime Donato, son detenidos desaparecidos- fue elegida en el distrito 13 (San Miguel, El Bosque, La Cisterna).

Ambas diputadas comunistas coincidirán en la Cámara de Diputados y Diputados con dos legisladores gremialistas que tienen una historia familiar opuesta, al ser hijos de exmilitares que han estado sometidos a juicios por violaciones de los derechos humanos.

Uno de ellos es Cristián Labbé Martínez (UDI), diputado por el distrito 8 (Maipú y Estación Central), hijo del exalcalde de Providencia y coronel en retiro Cristián Labbé Galilea, quien fue jefe de la escolta de Augusto Pinochet y secretario general de Gobierno.

En las pasadas elecciones también fue elegido por el distrito 19 Cristóbal Martínez Ramírez (UDI), exgobernador provincial de Punilla, hijo del exdiputado, exalcalde de Chillán y mayor en retiro del Ejército Rosauro Martínez, quien fue desaforado en mayo de 2014 por la muerte de tres miristas en el sector de Neltume, en 1981.

“Solo les puedo aconsejar mucha tolerancia”, señala el diputado PPD Tucapel Jiménez, integrante de la Comisión de DD.HH. de la Cámara e hijo del asesinado presidente de la Anef, Tucapel Jiménez Alfaro.

En el pasado, Jiménez ha coincidido con el hijo de Carlos Herrera, exoficial de Ejército y exagente de la CNI, autor confeso del homicidio de su padre. En esa línea, admite que siempre este tipo de encuentros son complejos, por lo que prevé que tampoco será fácil la interacción que se puede dar en un espacio como la Cámara.

En el PC, en tanto, están conscientes de la situación incómoda que se puede dar. En ese sentido, algunos parlamentarios del partido dicen que recomendarán a las nuevas diputadas mantener una prudente distancia.

Tras ser liberada en noviembre de 1983, María Candelaria Acevedo alcanzó a llegar al Hospital de Concepción para despedirse de su padre, con quien solo habló por citófono, pues él quería ser recordado sin las graves quemaduras de su cuerpo.

Su padre falleció ese mismo día y, en 1990-1991, la Comisión Rettig lo calificó como “víctima de violencia política”, criterio que adoptó frente a otros suicidios motivados por el contexto de la época, por ejemplo, el caso del fallecido Presidente Salvador Allende.

Además de su hermano, que al igual que ella estuvo varias veces en prisión, su abuelo Vicente Acevedo, exregidor comunista de Coronel, también estuvo detenido en 1973.

Al salir elegida, María Candelaria Acevedo señaló que asumiría con el compromiso de mantener la memoria de “todos los detenidos desaparecidos, los ejecutados y los torturados”.

Respecto de cómo cree que será la convivencia con representantes de un sector distinto, especialmente con hijos de exmilitares, admite que será “un tema complicado”, debido a que “durante más de 40 años hemos vivido con dudas, angustias y la rabia”.

“Lo importante de esto es que uno tiene que saber comprender y dialogar, sin pasar a llevar, pero cuando haya que poner los énfasis sobre las violaciones a los derechos humanos, no solo de la dictadura militar, también de los hechos posteriores al 18 de octubre de 2019, vamos tener la misma fuerza para denunciar y exigir que haya verdad. Esa será mi forma de actuar en el Parlamento”, comenta a La Tercera PM.

En el caso de Lorena Pizarro, su padre -quien militaba en el PC y había sido dirigente sindical y asesor parlamentario- fue detenido en diciembre de 1976, tras ser golpeado en la vía pública por agentes del régimen.

El paradero de Waldo Pizarro se desconoce hasta el día de hoy y su esposa, Sola Sierra, mantuvo la búsqueda hasta su muerte, en 1999. En 1977, ella fue la primera presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

En 2003, Lorena Pizarro tomó la posta de su madre.

Sin embargo, en su familia también está el caso de su suegro: Jaime Donato, exdirigente sindical y exmiembro del comité central del PC, quien fue detenido en mayo de 1976.

Respecto de la convivencia con legisladores que tienen historias familiares opuestas, dice que “para mí el tema no es que sean hijos de. No tienen por qué cargar con las aberraciones y los crímenes de sus padres, el problema son aquellos que niegan las violaciones a los derechos humanos”.

Agrega que “el problema” es que algunos diputados nuevos “son parte de un sector que todavía reivindica la dictadura cívico-militar chilena”. “En Argentina, por ejemplo, hay hijos de exagentes de la dictadura que asumen una conducta distinta. Una cosa es quién es tu padre, pero cuando uno es adulto tiene que tomar decisiones: o sigue justificando esos crímenes o asumo una conducta ética. Creo que ellos tienen que decir lo que representan”, señala Pizarro.

Cristián Labbé, al haber asumido como diputado en reemplazo de Patricio Melero en abril de este año, ya ha tenido una aproximación con legisladores que tienen historias marcadas por las violaciones a los derechos humanos, entre ellos Tucapel Jiménez.

Al llegar, fue designado por su bancada como integrante de la Comisión de DD.HH., donde hasta ahora nadie le ha reprochado la historia de su padre, quien fue condenado por la Corte de Apelaciones de Temuco como autor de torturas en contra de Harry Cohen, por hechos ocurridos en noviembre de 1973, en Panguipulli, Región de Los Ríos. Producto de ese caso, Labbé Galilea hizo una presentación a la Comisión Interamericana de DD.HH. acusando negligencias de su defensa.

El exalcalde, quien fue parte del círculo íntimo de Pinochet, también enfrentó un proceso en el caso de Tejas Verdes, donde estuvo procesado, pero no culminó en condenas.

Cuando se le ha consultado en entrevistas por su padre, el diputado Labbé suele remarcar que quiere tener una mirada hacia el futuro.

“Mi padre es una persona que yo respeto mucho. Lo vi desde chico trabajar incansablemente por los vecinos de Providencia. Hizo una gran gestión y eso me ayudó mucho en mi vocación pública”, dice Labbé hijo a La Tercera PM.

Sin embargo, agrega que ”somos generaciones muy distintas. Yo quiero construir mi propia historia y creo que a Chile le hace muy mal seguir aferrado a los fantasmas del pasado”.

El diputado agrega que hasta el momento ha tenido una buena relación con parlamentarios de otros sectores y que en la Comisión de DD.HH. suelen primar la visiones transversales y sin extremos. En esa línea, confía que se mantenga el mismo “espíritu dialogante y constructivo”.

La llegada de Cristóbal Martínez, en tanto, para algunos también representa una reivindicación de su padre, quien militaba en RN y cuyo caso judicial aún sigue abierto.

Rosauro Martínez era diputado desde 1994, y cuando se inició la investigación judicial, que derivó en su desafuero en 2014, muchos parlamentarios con quienes compartió durante décadas, que eran parte de la Concertación o incluso de su partido, inmediatamente tomaron distancia de él.

“Cuando uno tiene la plena convicción de haber actuado en toda su vida por principios éticos y morales entregados por su familia y el Ejército, no tiene mayor importancia y jamás fue tema de conversación el supuesto distanciamiento de algunos”, dice el diputado electo.

En esa línea, Cristóbal Martínez añade que no siente el proceso judicial de su padre como “una carga”. “Tengo la más absoluta convicción de que mi padre es inocente y así quedará demostrado ante la justicia (...). Las sociedades que se quedan en el pasado no logran avanzar y los que sufren las consecuencias son las nuevas generaciones. Los DD.HH. son un patrimonio universal”, señala.