Las huellas en el Poder Judicial a 50 años del Golpe

Durante la década de los 90 eran protagonistas en los pasillos del Palacio de Tribunales. Abogados de derechos humanos y ministros en visita empujaban por avanzar en las causas judiciales posrégimen militar. Esas imágenes, con el tiempo, fueron siendo cada vez más escasas, aunque siempre hay un caso que rememora esos años.

Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, el martes 25 de julio, día en que terminaron los alegatos de clausura del caso por la muerte del cantautor Víctor Jara, asesinado cinco días después del Golpe de Estado de 1973. A 50 años de aquello, en las próximas semanas se conocerá si se confirma la condena contra los exmilitares acusados de su homicidio.

“Es la última vez que vamos a hablar de Víctor Jara en los tribunales”, expresa el abogado de la familia, Nelson Caucoto, destacando la importancia de este fallo. “Hay muchos ojos puestos en esta sentencia a nivel internacional, es esperada por mucha gente”, asegura.

Como este caso, durante el 2023 el máximo tribunal también dictará sentencia sobre otras emblemáticas causas, como “Operación Cóndor”, “caso Colombo”, el asesinato del expresidente Eduardo Frei, así como también el “caso quemados”, “La Moneda” y el “caso Paine”.

Todos estos litigios forman parte de las estadísticas del Poder Judicial, que cifra en 2.040 las causas vigentes en todo el país por violación a los derechos humanos en hechos ocurridos desde 1973 a 1990.

Al tratarse de hechos con hasta 50 años de antigüedad, este tipo de causas se tramitan e investigan bajo el sistema de justicia anterior a la Reforma Procesal Penal.

Una de las características del antiguo sistema es que permite designar a ministros en visita para que tramiten las causas. En los casos de violación a los derechos humanos, los primeros nueve jueces de fuero para instruir estas causas fueron nombrados el 2001 y en la actualidad esa cifra llega a 14 magistrados.

A esto se suma que el 2010 la Corte Suprema decidió designar a un ministro que se encarga de coordinar estos litigios. Dicho cargo es ocupado desde hace dos años por el supremo Mario Carroza.

A juicio del expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica, y pese a tener una visión general positiva de los avances en los fallos de estos casos, “tardíamente se ha investigado y se ha entregado soluciones, tanto en materia civil como en materia penal”.

Para Juica, quien también fue ministro en visita de DD.HH., el tiempo transcurrido desde los hechos genera que cada vez se haga más difícil indagar estas causas, “ya que muchas personas de la época han fallecido”, por lo que considera que “el tiempo influye sustancialmente en el éxito de estas investigaciones”.

Actualmente, del total de casos vigentes, 1.618 se encuentran en etapa de “sumario”, lo que corresponde -en palabras simples- en proceso de investigación. Mientras que hay otros 212 hechos que están en “plenario”, es decir, en etapa de juicio. (Ver infografía)

En esa misma línea, para poder darle curso a la tramitación de estas causas, el Poder Judicial cuenta con la Oficina de Coordinación de Causas sobre Violaciones a los Derechos Humanos, la cual está a cargo del ministro Carroza. También es integrada por funcionarios de diferentes profesiones, quienes se encargan -entre otras cosas- de sistematizar la información y hacer seguimiento a las causas.

Esa repartición durante los últimos años ha impulsado una serie de cambios para mejorar la tramitación. Por ejemplo, el año pasado la Suprema tomó medidas para mejorar la designación de salas para la revisión de esas causas, a lo que se suma la creación de sistemas informáticos exclusivamente para tramitar casos de DD.HH.

Pero los cambios ocurridos en el Poder Judicial responden a años de retraso en estas causas, según explica Caucoto. El abogado ha defendido más de 300 casos de violación a los derechos humanos durante la dictadura y considera que desde el 2000 en adelante “la justicia ha comenzado a caminar de la manera correcta, lo que debió haber hecho desde el comienzo (...). Todos hablan de una justicia tardía, pero es mejor eso a que haya impunidad total”.

Juica, por su parte, cree que con los cambios en la integración de la Corte Suprema, ocurridos entre el 2003 y 2004, se modificó el criterio de la justicia.

Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, “buena parte de en lo que estamos hoy se debe, en parte, a la redención del Poder Judicial y las acciones que ha podido tomar, el rol de jueces emblemáticos, una cierta convicción de que para poder obtener una reparación efectiva es necesaria la verdad y la justicia en los expedientes judiciales”.

Nelson Caucoto asegura que una de las cosas que han marcado la aceleración de las causas es la designación de los ministros con dedicación exclusiva. Según afirma, “hay que reconocer el trabajo desarrollado por la Corte Suprema, que ha despachado en muy poco tiempo una enorme cantidad de causas, lo que revela el sentido de actualidad que tiene el máximo tribunal”.

Con evidentes cambios en la manera de revisar estas causas, el ministro Cordero destaca que el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos del gobierno “descansa en la cooperación desde el plan hacia los jueces”. Por esto, se impulsarán medidas para avanzar en todas las ayudas que requieran los magistrados en pericias y, sobre todo, en la destinación de recursos.