Las íntimas razones de Abbott para oponerse a una amnistía a los delitos más graves del estallido social

“¿Qué pasa si viene un nuevo estallido social y se producen hechos de violencia como ocurrió después del 18-O con la expectativa de que se dicte una nueva Ley de Amnistía?”.

La frase corresponde a una inquietud que ronda por estos días en la máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal nacional Jorge Abbott, y que ha socializado con sus cercanos. El órgano autónomo que dirige es el principal protagonista de las imputaciones a los llamados “presos del estallido social”, cuyas familias buscan liberarlos de los cargos mediante una ley que los exculpe de los delitos por los cuales se les investiga, y en algunos casos -incluso- se les ha condenado, y que fueron cometidos durante la crisis social que se inició en octubre de 2019.

La semana pasada, de hecho, tras la cuenta pública de la Fiscalía Regional del Maule, el jefe del ente perseguidor penal fue enfático en señalar que “nos parece delicado, grave, que pueda amnistiarse en este caso delitos de especial gravedad. Entendemos que es posible que pueda haber alguna amnistía, indulto respecto de delitos de menor entidad como desórdenes públicos y daños simples. Cuando estamos hablando de delitos graves, como robos con violencia, robos con intimidación u homicidios, la verdad es que creo que se sienta un precedente muy complejo para lo que viene en el futuro”.

Este martes, la Comisión de Constitución del Senado decidió, en la misma línea, sacar del catálogo de delitos que serán amnistiados el homicidio frustrado y el maltrato de obra a Carabineros y la PDI. Esto deja entonces como susceptibles de ser exculpados todos aquellos que han sido imputados por delitos menores tales como: daños, desórdenes públicos, incendio sin causar propagación (barricadas), amenazas contra la autoridad, falta de respeto a la autoridad y ocultación de identidad, entre otros. Con todo, el proyecto no tiene fecha para pasar a sala y, según el senador Rodrigo Galilea, lo más probable es que ya se vea en marzo, cuando se retomen las actividades en el Parlamento tras el receso legislativo.

Como en la Cámara de Diputados se pueden volver a reponer artículos, la discusión en el Congreso es seguida atentamente por el Ministerio Público. Quienes han tratado el tema con Abbott explican que su postura se debe a que él aún cree que el país pasa por una situación de gran inestabilidad social y cree que si en los próximos meses el nuevo gobierno no cumple las expectativas de la gente podrían originarse nuevos “estallidos” producto de la “frustración de la calle”. En ese sentido, como el Ministerio Público por mandato constitucional es quien debe perseguir las conductas sancionadas por ley, el fiscal nacional siente temor de que se produzcan hechos de gran violencia y que sus autores tengan en la retina el que se vuelva a dictar una nueva ley de amnistía.

Además, para la institución ha sido especialmente complejo poder acreditar varios de los delitos que se produjeron a contar del 18-O, recibiendo -en algunos casos- críticas por parte de tribunales ante imputaciones que luego terminaron en absolución, como fue en algunas investigaciones por la quema de estaciones de Metro. Entonces, desde ese prisma también provocaría un impacto en la labor que desde hace dos años y medio vienen realizando todos los fiscales que indagan estos ataques.

La máxima autoridad del Ministerio Público se abre a la posibilidad de que delitos de desórdenes puedan ser exculpados o que incluso que al aprobarse la nueva Constitución, por amplia mayoría, se firme un pacto social consensuado en que se pueda pensar en una especie de indulto general, pero siempre marginando de estos “perdonazos” delitos graves como homicidios, lanzamiento de molotov e incendio. Para Abbott, según quienes han conversado este tema con él, pueden existir indultos, pero sólo respecto de ilícitos menos graves y que estén dentro del contexto de una protesta legítima, pero que se expresa con medios que excediendo lo legal igual siguen siendo racionales.